NORMATIVIDAD

La Junta Central de Contadores –JCC– modifica el artículo 29 de la Resolución 000-973, referente a los requisitos de experiencia técnico-contable para obtener la tarjeta profesional del contador público por primera vez.

Mediante este decreto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adiciona al Decreto 1074 de 2015 disposiciones referentes a la verificación de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha para las sociedades. Un aspecto importante que precisa la adición a la norma son las alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales, de manera que se establecen razones financieras que servirán a los administradores de la sociedad para alertar sobre detrimentos patrimoniales o riesgos de insolvencia; en todo caso, se deben tener en cuenta el modelo de negocio y los sectores en los cuales la sociedad desarrolla su objeto social.

Estas disposiciones se realizan considerando que el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 estableció como causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio, de igual manera, atendiendo a las disposiciones del DUR 2420 de 2015 acerca de la elaboración de los estados financieros de propósito general bajo la hipótesis de negocio en marcha.

Mediante la Ley 2121 de 2021, el Congreso de la República creó una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota.

Dian expide el Concepto 283 de 2021, mediante el cual revocó los oficios 01827 del 19 de junio de 2015 y 004655 del 5 de marzo de 2020, relacionados con la forma de determinar el período gravable de IVA. De acuerdo con la nueva disposición, los ingresos base para establecer la periodicidad deben ser los gravados o exentos y no los brutos.

La Superfinanciera certifica que el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 17,24 % EA en el período comprendido entre el 1 y 31 de agosto de 2021.

Dian expide el Concepto 1179 de 2021, mediante el cual aclara si para efecto del cumplimiento del porcentaje de la devolución automática prevista en el artículo 855 del ET, en lo relativo al soporte de costos y gastos, las notas débito y crédito sobre facturas electrónicas entran o no a formar parte del cálculo para efectos del cumplimiento del porcentaje, esto es 25 % y 85 % para el año 2020 y 2021, respectivamente.

Dian expide la Resolución 000063 de 2021, mediante la cual modifica el calendario de implementación de la nómina electrónica previsto en el artículo 6 de la Resolución 000013 de 2021, modificado por la Resolución 000037 de 2021.

Mediante la Ley 2114 de 2021, el Congreso de la República aprobó la ampliación del término de la licencia de paternidad de ocho (8) días a dos (2) semanas. A su vez, esta ley dio paso a la creación de la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial. Con estas nuevas disposiciones se modifica el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– y se adiciona el artículo 241a al mismo código.

Mediante el Concepto 0457 de julio 19 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– reitera que, cuando una entidad no obligada a tener revisor fiscal decide nombrarlo de forma potestativa, este debe cumplir con lo establecido en las normas legales. Para el caso de las entidades no societarias, se debe observar lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1314 de 2009.

Al tratarse de una revisoría potestativa (en caso de no estar obligada a tenerlo), los estatutos deben establecer las funciones para dicho revisor; en caso contrario, se aplicaría lo dispuesto en las normas legales, que incluyen el dictamen de los estados financieros de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Para ejemplificar, se expone el caso planteado en la consulta del concepto: para un partido político se decidió que, además de tener un contador para la preparación y presentación de estados financieros (los cuales se certifican por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se prepararon dichos estados), se decidió nombrar un revisor fiscal potestativo. En los estatutos o en el contrato que formaliza este encargo se debió establecer cuáles serían sus responsabilidades o funciones, las cuales son distintas de las que se asignan a los administradores y encargados del gobierno de la entidad y al contador. No haberlo nombrado impediría el cumplimiento de las funciones establecidas en los estatutos y representaría un incumplimiento de estos. Dicho asunto debó ser conocido por los órganos de control y decisión de la entidad e informado por los administradores en su informe de gestión, en el que debe incluirse una exposición de la situación económica, administrativa y jurídica de la entidad.

Respecto del tema, el CTCP recomienda que, cuando se nombre otro contador público para que asuma funciones distintas de las asignadas al contador de la entidad, es mucho más adecuado adoptar otros nombres que puedan asociarse mejor con su función, por ejemplo, jefe de control interno, auditor interno, auditor de información financiera histórica o similares, con el objetivo de no confundir a terceros respecto de sus funciones y responsabilidades asumidas por dicho profesional.

El CTCP aclara que no existe un ordenamiento legal que obligue al contador público a firmar los libros de contabilidad; sin embargo, existe la obligación de certificar los estados financieros, los cuales se entiende que han sido tomados de los libros de contabilidad.

Consejo de Estado expide la Sentencia 24689 de 2021, mediante la cual aclara que en el Distrito Capital los ingresos por regalías obtenidos por el uso de una marca con ocasión de la actividad comercial realizada por una entidad de beneficencia hacen parte de la base gravable del ICA.

En la Sentencia SC-3179 del 28 de julio de 2021 la Corte Suprema de Justicia hace un breve análisis sobre el régimen de protección de software e inteligencia artificial.