NORMATIVIDAD

El Ministerio del Trabajo determinó las medidas que deben implementarse para el pago de aportes al sistema general de pensiones por los períodos correspondientes a abril y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los empleadores y trabajadores independientes mediante el Decreto Legislativo 558 de 2020 con ocasión de la contingencia del COVID-19. A su vez, este decreto tiene como propósito el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-258 de 2020.

Ministerio de Hacienda expide el Decreto 374 de 2021, mediante el cual adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12 de la sección 2 del capítulo 13 del título 1 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, con el propósito de modificar los plazos para el pago de la primera y segunda cuota del impuesto de renta del año gravable 2020 a cargo de micro y pequeñas empresas.
Lo anterior busca ayudar a las empresas más afectadas por la crisis económica generada por el COVID-19, ajustando las fechas en las que deberán efectuar el pago del impuesto a cargo.

Ministerio de Hacienda expide el Decreto 375 de 2021, mediante el cual reduce al 0 % el anticipo del impuesto de renta del AG 2021 para algunas personas naturales y jurídicas, contribuyentes del régimen ordinario, que desarrollen ciertas actividades económicas.
Dicha medida busca ayudar a los contribuyentes más afectados durante la crisis económica generada por la propagación del COVID-19 en el territorio nacional.

Dian expide la Resolución 000032 de 2021, mediante la cual modifica la Resolución 000011 del 8 de febrero de 2021 con la que se prescribió el formulario 110 para la presentación de la declaración de renta de personas jurídicas por el año gravable 2020.
Dicha resolución modificó las instrucciones de los renglones 72 (renta líquida gravable), 73 (pérdida líquida) y 90 (impuesto sobre dividendos gravados que tributan de forma directa al 32 %) de forma que aritméticamente los valores del ingreso bruto de dividendos gravados reportados en el renglón 51 sí puedan ser afectados con costos y gastos, y ya no producirán impuesto de forma directa dentro del renglón 90.

Mediante el Concepto 16883 de 2021, el Ministerio de Hacienda señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como con lo previsto en la Ley 57 de 1985, por la cual se ordenó la publicidad de actos y documentos oficiales, resultaría posible el establecimiento y cobro de una tasa por la expedición del paz y salvo del impuesto predial.

Según el artículo 19 del Decreto 2106 del 2016, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios, las autoridades que en ejercicio de sus funciones emitan certificados, constancias, paz y salvos o carnés respecto de cualquier situación de hecho o de derecho en particular, deben organizar dicha información en un registro público y, a su vez, habilitar su consulta gratuita en medios digitales. La aplicación de esta norma es obligatoria para todos los integrantes de la administración pública y particulares en cumplimiento de funciones administrativas o públicas, de manera que la emisión del paz y salvo del impuesto predial por municipios y distritos debe sujetarse a lo dispuesto en la misma, también los demás documentos a los cuales hace referencia.

Ministerio de Hacienda expide el Decreto 360 de 2021, mediante el cual se modifica el Decreto 1165 de 2019, relativo al régimen de aduanas, y se dictan otras disposiciones.

Entre otros temas, dicho decreto precisa algunos procedimientos en materia de disposición de mercancías para dar claridad sobre el título y acto administrativo a través de los cuales se entregarán mercancías a las entidades beneficiarias de las donaciones, una vez se encuentren en el decomiso, precisando de esta manera el momento en el que quedan en propiedad de la respectiva entidad.

Mediante el Decreto 343 de 2021, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentó y determinó los establecimientos de gastronomía y bares que tienen carácter turístico. Al respecto, entre otras cuestiones, dispuso que, para efectos legales, un establecimiento de gastronomía o bar adquiere la condición de turístico cuando voluntariamente decide clasificarse como tal y se inscribe en el registro nacional de turismo.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que las transacciones entre dos empresas domiciliadas en Colombia, en una moneda distinta a la funcional, generan diferencia en cambio aunque no se trate de una operación canalizada por el mercado cambiario.

La Superfinanciera certifica que el interés bancario corriente para el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2021 en la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 17,41 % EA y que el interés bancario corriente para la modalidad de microcrédito para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021 es el 38,42 % EA.

Dian expide Concepto 491 de 2021 mediante el cual se pronuncia sobre si se debe permitir la deducción de salarios y pagos a trabajadores independientes frente a cotizaciones parciales a pensiones.

De acuerdo con el concepto, en la medida que las cotizaciones al sistema general de pensiones se hubiesen efectuado en los términos del artículo 3 del Decreto 558 del 2020, se debe permitir a los contribuyentes la deducción de los salarios y pagos a trabajadores independientes de los meses de abril y mayo del 2020 sobre los cuales se realizaron cotizaciones parciales. Lo anterior, teniendo en cuenta que algunos de los contribuyentes que se acogieron al beneficio se vieron afectados económicamente por la pandemia del COVID-19. La medida se motivó con el propósito de disminuir las cargas económicas de los empleadores; además, no consultaría el principio de justicia tributaria interpretar de manera aislada los artículos 108, 115-1 y 664 del Estatuto Tributario, exigiendo el pago de las cotizaciones faltantes, pues esto atentaría contra la capacidad contributiva de algunos contribuyentes, máxime cuando los pagos parciales se hicieron atendiendo una norma de la que se presumía su legalidad y constitucionalidad, asistiéndoles el principio de confianza legítima.

De otra parte, si bien es cierto que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-258 del 2020, declaró la inexequibilidad del decreto en cuestión, también lo es que el Gobierno no ha adoptado el mecanismo de recaudo ordenado en el mismo fallo. En todo caso, advirtió la entidad, este concepto se debe entender sin perjuicio de la obligación de realizar las referidas cotizaciones faltantes.

Mediante el Concepto 486 de marzo 26 de 2021, la Dian se refirió a la conservación del formato de conciliación fiscal cuando procede el beneficio de auditoría. La entidad señaló lo establecido en el artículo 1.7.1 del Decreto 1625 de 2016, el cual indica que la conciliación fiscal está compuesta por el control de detalle y el reporte de conciliación fiscal. Este último es un anexo de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, y se constituye como parte integral de esta.

De igual manera, el artículo 1.7.3 del mismo decreto establece que la conciliación fiscal debe conservarse por el término de firmeza de la declaración de renta y complementario del año gravable al cual corresponda.

Así las cosas, al ser la conciliación fiscal parte integral de la declaración del impuesto sobre la renta, el reporte de conciliación fiscal estará sujeto al término de firmeza establecido en el artículo 714 del ET o a los términos de firmeza especiales, como es el caso de lo contemplado en el artículo 689-2 del ET sobre el beneficio de auditoría, esto es, 6 o 12 meses dependiendo del cumplimiento de ciertos requisitos.

Dian expide el Concepto 108 de 2021, mediante el cual conceptúa con relación a la deducibilidad del pago de las indemnizaciones por despido con o sin justa causa que provienen de una relación laboral.

Así pues, la deducibilidad del pago de las indemnizaciones por despido con o sin justa causa que provienen de una relación laboral o reglamentaria deberá considerar lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, con el fin de analizar en cada caso si se cumplen los presupuestos allí consagrados. Esta norma establece que son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.