Jurisprudencia / Sentencias

Corte Constitucional expide la Sentencia C-293 de 2020, mediante la cual declara la inexequibilidad de los artículos 1 al 8 del Decreto Legislativo 568 de 2020, por el cual se creó el impuesto solidario por el COVID 19. Además, se declararon exequibles los artículos 9 al 14 del decreto en mención.

La decisión de inexequibilidad promulgada por esta sentencia tuvo efectos retroactivos. En consecuencia, los dineros que los sujetos pasivos del impuesto cancelaron se entenderán como abono del impuesto de renta para el año gravable 2020, que deberá liquidarse y pagarse en 2021.

Corte Constitucional expide la Sentencia C-294 de 2020, mediante la cual realiza la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 575 de 2020, a través del cual se dictaron medidas para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el sector transporte e infraestructura.

En dicha sentencia, la Corte concluyó lo siguiente:

a. Declaró exequibles los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 en los cuales se abordaban temas relacionados con el financiamiento de las empresas de carácter colectivo de pasajeros y/o mixto y las organizaciones de carácter cooperativo y solidario de la industria del transporte.
b. Declaró inexequibles los artículos 9 y 10 relacionados con las medidas económicas para el sector de infraestructura de transporte.

Corte Constitucional expide la Sentencia C-292 de 2020, a través de la cual declara exequible el Decreto Legislativo 551 de 2020, mediante el cual se otorgó la exención del IVA a 211 insumos médicos mientras se mantuviera declarada la emergencia sanitaria causada por la propagación del COVID-19.

No obstante, la sentencia en mención declara exequible de forma condicionada el artículo 1 del Decreto Legislativo 551, en el entendido de que las medidas tributarias estarán activas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

Mediante la Sentencia T-273 de 2020, la Corte Constitucional indicó que el empleador debe solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para proceder a la terminación del contrato laboral de un trabajador con fuero, así se haya pactado fecha de terminación del contrato y se haya realizado la notificación del preaviso según lo previsto en la ley.

El Consejo de Estado, mediante la Sentencia 23692 de 2020, declara la nulidad parcial del artículo 1.2.1.5.4.9 del DUR 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del Decreto 2150 de 2017, con lo cual aclaró que las cooperativas tienen derecho a la exoneración de aportes parafiscales del artículo 114-1 del Estatuto Tributario –ET–.

A través de la Sentencia C-258 de 2020, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 558 de 2020, por medio del cual se permitió la reducción de aportes a pensión en una tarifa del 3 % por los meses de abril y mayo de este año, y el traslado a Colpensiones de pensionados bajo la modalidad de retiro programado en fondos privados con una mesada equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, en el marco de la emergencia por el COVID-19.

A través de la Sentencia SL2799 de 2020, la Corte Suprema de Justicia precisa que no es razonable ni proporcional que los docentes contratados por hora cátedra coticen al sistema de seguridad social por año escolar, debido a que esto representaría para la institución educativa asumir una carga que no le corresponde; por lo tanto, para estos docentes solo deben efectuarse dichos aportes por el período académico pactado.

La Corte Suprema de Justicia precisó que el fuero de salud se despliega al contrato a término fijo y que el vencimiento del plazo no es una causa objetiva para finalizar el contrato, sino que el empleador debe demostrar que la necesidad para la que fue contratado el trabajador desapareció.

A través de la Sentencia SL2351 de 2020, la Corte Suprema de Justicia realiza una serie de precisiones referentes al proceso que deben llevar a cabo los empleadores para proceder a un despido con justa causa, para lo cual realizó un estudio respecto a las diferencias entre el proceso disciplinario laboral y el derecho a la defensa para los trabajadores.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL2351 de 2020, precisó que el despido no tiene carácter sancionatorio. Por tal razón, el empleador no está obligado a seguir un procedimiento de orden disciplinario, salvo que las partes lo hayan pactado expresamente.

Corte Constitucional expide la Sentencia C-197 de 2020, a través de la cual declara exequible el Decreto Legislativo 540 de 2020, mediante el cual se estableció la exención del IVA para los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles cuyos valores no superen dos (2) UVT ($71.214).

La Corte Constitucional analizó y encontró satisfechos los requisitos formales exigidos para la expedición de decretos legislativos en el marco de estados de emergencia económica, social y ecológica. A continuación, precisó que el Decreto Legislativo 540 de 2020 contiene, en los dos primeros artículos, dos medidas concretas destinadas a garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el marco de la pandemia del COVID-19, y, en el artículo 3, la regla general de vigencia, según la cual esta normativa rige hacia el futuro.

Mediante la Sentencia SL2345 de 2020, la Corte Suprema de Justicia precisó que la propiedad horizontal, como persona jurídica, es la llamada a responder por las demandas laborales interpuestas en su contra, y el administrador debe actuar como su representante. Esto supone que, en caso de controversias con un trabajador contratado por la propiedad horizontal, los copropietarios no pueden ser demandados de manera individual.