Jurisprudencia / Sentencias

Mediante la Sentencia STP8325 del 18 de junio de 2020, la Corte Suprema de Justicia advirtió que impedir indefinidamente las vacaciones del trabajador con fundamento en restricciones administrativas o de índole laboral constituye una vulneración del derecho fundamental al descanso.

Corte Constitucional expide la Sentencia C-159 de 2020, mediante la cual realiza la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 438 de 2020, a través del cual se dictan medidas tributarias transitorias dentro del estado de emergencia económica social y ecológica según el Decreto 417 de 2020.

En dicha sentencia, la Corte concluyó que el decreto legislativo analizado es exequible en su totalidad en virtud de que las medidas allí adoptadas no restringen ni suspenden derechos o principios constitucionales, sino que, por el contrario, están destinadas a garantizar la protección de los derechos a la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos.

Los temas que fueron abordados por el decreto en referencia son:

a) La exención transitoria en materia del IVA para la importación y en las ventas en el territorio nacional de ciertos bienes relacionados con el sector salud.
b) La ampliación del plazo para el proceso de actualización en el régimen tributario especial –RTE–.

A través de la Sentencia 11001032500020170086000 (466117) de 2020, el Consejo de Estado negó la pretensión del Sindicato de Unificación Nacional de Empleados de la Dian y Finanzas Públicas –Siunedian-finanzas públicas– de declarar la nulidad de la siguiente expresión: “La prima no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales”, contenida en el artículo 1 del Decreto 1746 de 2017

La Corte Constitucional, mediante sentencia, declara inexequible el artículo 21 de la Ley de financiamiento, que regula el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. A su vez, dentro de las razones expuestas, la Corte expone que la base gravable de dicho impuesto no era determinable.

El 13 de noviembre de 2019, por medio de la Sentencia C-533, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008. Al respecto, cabe resaltar que dicho decreto establece el procedimiento de intervención administrativa mediante el cual se suspenden las actividades relacionadas con la captación masiva e ilegal de dineros del público a través de pirámides, tarjetas prepago, entre otras operaciones no autorizadas por el Estado. En su artículo 5 se estableció que la Superintendencia de Sociedades podría realizar la intervención del patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de las entidades objeto de intervención.
Atendiendo lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2019 la Corte Constitucional aclaró que los contadores y revisores fiscales que hubieran procedido de buena fe, y en el ámbito de sus actividades licitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Supersociedades.

La declaración de exequibilidad condicionada ocurre a causa de que el artículo 336 del ET, modificado por el artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, indicó que en la depuración de la nueva cédula general solo se podrían imputar costos y gastos a las rentas de capital y rentas no laborales, impidiendo de esta manera hacer lo mismo con las rentas de trabajo que los independientes llevaran a esta misma cédula.

Siguiendo los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, a través de la cual también se limitó tal posibilidad, y el precedente de sentencias emitidas por la Corte Constitucional para rectificar tal situación, determinando que con ello se violaba el principio de equidad establecido en el artículo 95 de la Constitución Política, dicha Corte emitió la nueva Sentencia C-520 de noviembre 5 de 2019 para concluir que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden detraer los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta para efectos de establecer la renta líquida cedular.

El 5 de noviembre de 2019, mediante la Sentencia C-521, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 27 de la Ley de financiamiento, en el cual se encargó de modificar el artículo 242 del Estatuto Tributario –ET–, elevando las tarifas de tributación que se tendrán que aplicar en la cédula de dividendos de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes. También declaró exequibles los artículos 36, 37 y 38 de la misma ley en lo relacionado con el hecho generador, la base gravable y la tarifa del impuesto al patrimonio.
La Corte Constitucional manifestó que, aunque haya gran diferencia entre las tarifas de renta que usarán los trabajadores y las que usarán quienes perciban dividendos, es claro que al ingreso bruto de los asalariados sí les puede restar primero una gran cantidad de valores por ingresos no gravados, deducciones y rentas exentas, algo que no se puede hacer dentro de la cédula de dividendos.

El 30 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-514, la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada la norma del numeral 6 del parágrafo 3 del artículo 437 del ET (creado con el artículo 4 de la Ley 1943 de 2018), y en el cual se estipula el nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natural que vende bienes o servicios gravados con IVA pueda operar como no responsable del IVA. La sentencia en mención también declara exequible condicionalmente el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018, y sin condicionamientos el artículo 102 de la misma.
La Corte Constitucional manifestó que a la hora de medir ese nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natura opere como no responsable del IVA solo se deberá tomar en cuenta las consignaciones por ventas de bienes gravados con IVA o de servicios gravados con dicho impuesto, lo cual dejaría por fuera otro tipo de consignaciones.

El 29 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-510, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario –ET–, el cual había sido adicionado por el artículo 80 de la la Ley 1943 de 2018, Ley de financiamiento, en el que se estipulaban nuevas reglas fiscales para las entidades financieras. Según dicho parágrafo, las entidades bancarias estaban obligadas a pagar cuatro puntos más en renta que el resto de las empresas.
La Corte Constitucional manifestó que la proposición para la inclusión de las normas demandadas no fue sometida a discusión ni a votación en el curso del primer debate ante las comisiones conjuntas del Senado y Cámara. Por lo anterior, dichos parámetros no tuvieron el aval expreso del Ministerio de Hacienda, ni el de nadie del Gobierno y, en consecuencia, debía declararse inconstitucional.

El 16 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-481, la Corte Constitucional declaró inexequible en su totalidad la Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento), pues la Cámara dio luz verde al texto aprobado un día antes por el Senado, sin que se hubiera publicado en la gaceta del Congreso, desconociendo así los principios de publicidad y consecutividad. También se estipula que la declaración de inexequibilidad surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020.
La Corte Constitucional advierte que, en caso de que para el 31 de diciembre de 2019 no se haya promulgado y publicado una nueva ley, para el 2020 los contribuyentes tendrían que enfrentarse a la misma tributación que existía al cierre de 2018.

En la Sentencia STC-13069 del 25 de septiembre de 2019 la Corte hace un breve análisis sobre la figura del fideicomiso civil y su embargabilidad cuando el fideicomitente y fiduciario son la misma persona.

Mediante la presente sentencia la Corte Suprema de Justicia negó el reintegro de un trabajador con antecedentes de depresión por alcoholismo, argumentando que, si bien era procedente la solicitud, no resultaba conveniente declararla. Lo anterior, debido a que el empleador había perdido total credibilidad y confianza en el demandante.