Jurisprudencia / Sentencias

En la Sentencia SL-1296 del 10 de abril de 2019 la Corte hace un breve análisis sobre la habitualidad de los pagos que se le hacen a un trabajador con ocasión de un contrato laboral, esto para efectos de constituir el ingreso base de cotización.

La Corte Suprema de Justicia estableció que los afiliados al sistema de pensiones que soliciten el traslado de régimen pensional deben recibir asesoría detallada sobre lo que implica pertenecer a cada uno de los regímenes pensionales (RPM y RAIS), y así evitar detrimento en los derechos pensionales de los usuarios.

Mediante la presente sentencia la Corte Suprema de Justicia reitera que las administradoras de pensiones deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores. Añade que, de lo contrario, serían las responsables por el pago de la prestación a que haya lugar.

El Consejo de Estado indicó que el libro diario, y el libro mayor y balance son obligatorios para quienes desarrollan la actividad comercial, y entre estos existe un vínculo indivisible, puesto que el libro mayor y balances se alimenta de los totales de los débitos y créditos del libro diario, para consolidar en el mes los saldos de las cuentas.

El 27 de febrero de 2019 la Corte Constitucional dio a conocer el Comunicado de prensa 06, en el cual se incluyó un extracto de la Sentencia C-087, mediante la cual se declaró exequible en forma condicionada una frase contenida dentro del último inciso del numeral 5 del artículo 290 del Estatuto Tributario –ET–.
De acuerdo con este fallo, todas las pérdidas de renta y CREE de los años 2016 y anteriores se pueden reajustar primero fiscalmente, al menos con los reajustes fiscales de los años en mención, antes de ser llevadas hasta la fórmula que está contenida dentro del numeral 5 del artículo 290 del ET. De esta manera, se entiende que los únicos reajustes fiscales que no se podrán aplicar serán los que correspondan a los ejercicios 2017 y siguientes.

El Consejo de Estado señaló que la corrección efectuada a la declaración del impuesto sobre la renta puede incluir, además de los ingresos propuestos por la autoridad tributaria, costos asociados a ellos, aunque estos no hayan sido contemplados en los actos administrativos.

El Consejo de Estado reitera que toda actuación tributaria deberá ser notificada a través de la dirección del contribuyente, puesto que el artículo 555-2 del ET establece que el RUT constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los contribuyentes.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-129 de 2018, concluyo que el primer inciso del artículo 48 del ET que excluye a las personas naturales residentes y no residentes de los sujetos que pueden considerar los dividendos o participaciones recibidos como no constitutivos de renta o ganancia ocasional, y los artículos 6 y 7 de la Ley 1819 de 2016 que establecen la tarifa especial del impuesto de renta para dividendos o participaciones recibidas por los grupos antes mencionados; no violan el orden justo, la justicia y la equidad horizontal en materia tributaria.
Cabe resaltar que para llegar a dicha conclusión la Corte aplicó un test intermedio de proporcionalidad, y dentro de las justificaciones afirma que la medida de “la tarifa del 10 % impuesta a personas naturales residentes que perciban más de 1.000 UVT por concepto de dividendos o participaciones, frente a la tarifa del 5 % que deben pagar los no residentes”, fomenta la inversión extranjera y el crecimiento económico del país.

Mediante la Sentencia STP15391 del 20 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia advirtió que para la materialización de las vacaciones no pueden imponérsele al trabajador trabas o exigírsele que acuda a litigios dispendiosos, pues ello vulnera el derecho fundamental al descanso.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró la exequibilidad del parágrafo tercero del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016: “Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo hayan incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas, deberán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de inicio de operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales”. Tras la lectura de los fundamentos de la sentencia puede entenderse que, en atención a lo estipulado en el artículo 338 de la Constitución Política, el cual prescribe que las leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, solo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.
Por lo anterior, la corte determinó que el régimen de transición de progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta para las pequeñas empresas beneficiarias de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 solo se aplica a partir del año gravable 2017.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró inexequible la partida 96.19 del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, bajo el fundamento de que el impuesto a las toallas higiénicas y tampones vulnera el principio de equidad horizontal y actualmente discrimina a las mujeres.
La corte en mención identificó que era aún más inconstitucional declarar únicamente la inexiquibilidad de dicha partida, puesto que se presentaría un incremento en el IVA, pasando del 5 % a la tarifa general del 19 %. Por lo anterior, se integró una partida (toallas higiénicas y tampones) al listado de los bienes excluidos del impuesto al valor agregado, contemplado en el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró exequible el inciso primero del artículo 336 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, en el entendido de que los trabajadores independientes pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta.
La corte en mención indicó que si se impide restar costos y gastos a los trabajadores independientes que utilicen la cédula de rentas de trabajo, se estaría violando el principio de equidad tributaria (numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política), y dentro de las razones señala, entre otras, que los ingresos de los trabajadores asalariados son, por lo general, constantes, mientras que los ingresos de los independientes son intrínsecamente variables.