Jurisprudencia / Sentencias

El Consejo de Estado, mediante la Sentencia 20734 de 2018 declaró que el pago a título de canon o regalías a empresas vinculadas extranjeras sobre intangibles licenciados no siempre constituye una condición de venta de mercancías importadas y, por lo tanto, no hace parte del valor en aduanas ni deben ajustarse las sumas a pagar por concepto de tributos aduaneros.
En la presente sentencia se trae a colación la Resolución 000846 de 2003, donde se encuentran establecidos los parámetros, requisitos y reglas para adicionar al valor de transacción el precio pagado por cánones o regalías.
También se advierte que el pago es una condición de venta, cuando las ventas de las mercancías determinan que el importador deba pagar dicho canon o cuando se presente la imposibilidad de separar el pago del canon de aquel correspondiente a la venta de las mercancías importadas.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el avalúo o autoavalúo de los bienes inmuebles aceptado como costo fiscal es el que aparezca en cualquiera de las dos declaraciones (declaración del impuesto de renta y/o declaración del impuesto predial).

Mediante la presente sentencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que en materia de riesgos laborales, a los trabajadores de Ecopetrol que ingresaron antes de la Ley 100 de 1993 no les aplica de manera directa el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012.

Mediante la presente sentencia se reiteró que para acceder a la exención del impuesto predial deben cumplirse los requisitos previstos en el Acuerdo 106 de 2003, a saber, que la actividad que desarrolle el interesado no sea con fines lucrativos y que este sea el propietario del inmueble objeto de exoneración.

En la SL-1360 de abril 11 de 2018, se presenta el caso de un trabajador que sufrió un accidente laboral en 2007, que, con el tiempo, ha disminuido su capacidad laboral hasta en un 39%. En consecuencia, fue despedido de su lugar de trabajo, ante lo cual el afectado decidió presentar una demanda solicitando el reintegro a su trabajo, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir entre la fecha de su despido y la de su reinstalación.
Por lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia falla a favor del demandante y, mediante la Sentencia SL-1360 de abril 11 de 2018, reitera que el empleador solo podrá despedir a un trabajador en condición de discapacidad sin previa autorización del Ministerio de Trabajo cuando se trate de una justa causa de terminación del contrato, establecida en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

El Consejo de Estado precisa que es procedente la gradualidad de la sanción por extemporaneidad en la entrega de la información. Así mismo, y a comparación de la omisión en la entrega de la información, lo cual afecta el proceso de investigación y fiscalización de la Dian, la entrega tardía de la información le genera un menor perjuicio a la misma, siempre y cuando la demora sea mínima.
De igual manera, basándose en el artículo 651 del ET, la frase “hasta el 5%” le está dando un margen a la Dian para graduar la sanción.
En la presente sentencia, el Consejo de Estado gradúa la sanción al 1%, ya que la información fue entregada en el término de la respuesta al pliego de cargos.

Mediante la presente sentencia se reiteró que el impuesto de alumbrado no grava la actividad de explotación de petróleo, puesto que el hecho imponible es el servicio de alumbrado público que se presta a toda la comunidad y el hecho generador es ser usuario potencial o directo de tal servicio.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado reitera que, la administración está obligada a notificar la liquidación de revisión dentro del término señalado en el ordenamiento tributario, sin que se puede extender el término por el hecho de que el último día del plazo fue inhábil.

El término de firmeza de una declaración de IVA, que presenta saldos a favor solicitados en devolución, empezará a contar a partir de la presentación de dicha solicitud, según lo planteado en el artículo 714 del Estatuto Tributario.

Mediante la presente sentencia, se estipula que el término para que la Dian resuelva los recursos de reconsideración o reposición es de un año; dentro de dicho término, se involucra su debida notificación. Cuando esta última se hace por fuera del tiempo previsto, el proceso puede ser considerado nulo.

El hecho de que la contabilidad cumpla con los requisitos de orden formal, no impide que se le reste validez si se comprueba que no existen pruebas necesarias de credibilidad, por ejemplo, documentación de los pagos y demás operaciones. Por ende, la Dian puede sancionar al contribuyente.

El demandante afirma que lo estipulado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no se ha cumplido debido a la negligencia existente al momento de expedir una reglamentación que establezca la forma en la que se debe realizar la retención de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en los contratos de prestación de servicios personales.
Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la Sentencia 2018-00058 de marzo 12 de 2018, ordenó al gobierno nacional que en el término de 4 meses se emita la respectiva reglamentación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, el cual modificó el régimen de cotización de los contratistas de prestación de servicios públicos y privados, generándole a los contratantes la obligación de retener directamente los pagos a seguridad social por parte del contratista.