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Fenalco solicitó un subsidio para pagar la prima de los trabajadores correspondiente a junio, como el que brindó el Gobierno para subsidiar el 40 % de la nómina de los trabajadores de empresas.

Desde la Andi, la idea es aplazar su pago.

Gobierno admite que se ha discutido el tema.

Encuesta de Acopi indica que seis de cada diez empresarios no han logrado acuerdos para el pago del arriendo.

Fedelonjas indica que el 49 % de los arriendos comerciales no se pagaron en abril.

El Gobierno está trabajando en nuevas medidas que flexibilicen el pago de arriendos en el sector comercial.

Jaime Cabal indica que 336.000 empresarios, personas naturales, se quedaron fuera del subsidio.

Alberto Carrasquilla reconoció el error y ya se tienen en cuenta a los empleadores personas naturales.

Salomón Kalmanovitz dice que subsidio se queda corto ya que el Gobierno no quiso imponerles impuestos a grandes empresas.

Jeisson Ramírez dice que falta un gremio que cuestione los cambios de la profesión, como el costo de los trámites.

Wilmar Franco indica que tarifas cobradas deben estar alineadas con los estudios de costos.

Flor Quiroga dice que financiación de la JCC no debería corresponderle a la profesión contable.

Hueco de dos meses para quien gana el mínimo podría significar perder 6 millones de pesos en la edad de retiro.

Quien escoja pagar el 3 % acumulará semanas si la cotización es de un salario mínimo; si es superior, paga 3 %, pero no acumula semanas.

Trabajadores deberán reponer las semanas en un futuro.

La propuesta no es novedosa, la coyuntura para hacerlo sí. FMI y Cepal apuestan a gravar patrimonio de los ricos.

En Colombia se creó el impuesto solidario para funcionarios del sector público que ganan más de 10 millones de pesos.

Se busca incrementar temporalmente la sobretasa para el sector financiero.

Para David Riascos, la modernización de la Dian podría no tener un efecto relevante en el recaudo de 2020.

José Castro indica que la modernización llegará a todos los contribuyentes, pero no como debería.

Germán Machado dice que el fortalecimiento de la Dian es vital en la lucha contra la evasión.

Acopi plantea que se podrían disminuir temporalmente salarios hasta en un 30 %, sin afectar a quienes ganan el mínimo.

Para Fenalco, el pago de nóminas debería ser compartido entre el Gobierno, empresarios y trabajadores.

Para la Andi, se podrían activar mecanismos de subsidio directo al empleo.

David Riascos dice que más que replantear la fiscalización, la Dian debe crear estrategias para asistir y capacitar a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones.

Para Sergio Olarte, la Dian debe estar pensando siempre en implementar estrategias para perseguir a los morosos.

Gobierno nacional indica en el Decreto Ley 553 de 2020 que se evidencian aproximadamente 1.146.000 nuevos cesantes a causa del COVID-19.

Para Fedesarrollo, en un pésimo escenario el desempleo podría llegar este año al 20,5 %, lo que se traduce en 2,5 millones de nuevos desempleados.

Existe la posibilidad de que una vez termine la pandemia se presente una reforma tributaria.

La crisis económica implica menos ingresos públicos, como consecuencia del frenazo económico.

El papel fiscalizador de la Dian debe sobresalir, ya que no se cumplirá con meta de recaudo tributario.

Sergio Olarte cree que para 2021 el déficit de recaudo puede bajar un 30 % de lo que se espera para 2020.

Gustavo Cote dice que la Dian deberá ser inflexible frente a casos de evasión.

Mauricio Cárdenas afirma que medidas de diferimiento en el pago de impuestos deben ser parte de paquete fiscal.