Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El CTCP señala que un profesional de la contabilidad que realizó una auditoría externa en una entidad, en la cual le ofrecen posteriormente el cargo de contador público, no se encuentra inhabilitado para ejercerlo, ya que no fue revisor fiscal ni funcionario público, tal como lo establece el artículo 48 de la Ley 43 de 1990 y la sección 220 del Estándar Internacional.
Dado que el impuesto pagado en la adquisición de un activo no es recuperable ni reembolsable, debe formar parte del costo del mismo, puesto que las normas aplicables para los tres grupos indican que los impuestos no recuperables forman parte de la medición de los elementos de propiedades, planta y equipo.
El CTCP señala que si una sociedad a 31 de diciembre de 2016 no cumple con los topes establecidos en la norma para tener revisor fiscal, deberá contar con dicha figura hasta cuando se cumplan todos los compromisos correspondientes a la vigencia 2016, entre ellos, la declaración de renta y el dictamen de los estados financieros de dicho período.
Los costos financieros incurridos en un contrato de concesión clasificado bajo el modelo de activo financiero no son susceptibles de capitalización, dado que las actividades financieras no cumplen con los requisitos para ser consideradas como activos aptos. Por lo tanto, los costos financieros incurridos durante la etapa de construcción deberán ser registrados como gastos en el estado de resultados.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
