Etiqueta: semana 6 de noviembre

El tratamiento contable se determina a partir de la clasificación del contrato (de arrendamiento financiero o operativo). Sin embargo, los contratos de renting, en su mayoría, son considerados como arrendamiento operativo.

El CTCP indica que en el método de participación, las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión. Igualmente, señala que no es competente para pronunciarse sobre temas fiscales.

Los gastos financieros en los que incurre una entidad son aquellos gastos asociados o actividades de financiación, como por ejemplo: préstamos bancarios, arrendamientos financieros, sobregiros bancarios, entre otros.

La Dian precisa que, cuando los equipos y elementos a que hace referencia el numeral 7 del artículo 424 del ET revisten, a la par, la connotación de inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente (acorde con lo señalado en los artículos 255 del ET y el 1.2.1.18.53 del Decreto único reglamentario 1625 de 2016), el contribuyente puede hacer uso de ambos incentivos ya que no se presenta el fenómeno de la concurrencia de beneficios fiscales. En efecto, mientras el artículo 424 del ET consagra exclusiones en el IVA (es decir, supuestos de no causación del tributo), el artículo 255 del ET prevé un descuento para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, de manera que no se presenta el concurso de factores de depuración originados por un hecho económico en la depuración del mismo tributo.

Si un nacional colombiano residente en el exterior no cumple con alguno de los requisitos señalados en el numeral 3 del artículo 10 del ET, no es considerado residente fiscal para efectos tributarios en el país y, por tanto, no está obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta, lo que a su vez implica que está eximido de informar a la autoridad tributaria su patrimonio poseído en el territorio nacional, aun cuando el valor bruto de este supere 4.500 UVT. Cabe recordar que el mencionado tope económico del patrimonio bruto poseído determina, en algunos casos, la obligación de presentar la mencionada declaración tributaria –de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 592 del ET– respecto de personas naturales residentes fiscales en Colombia.

Las utilidades generadas por la adopción por primera vez del nuevo marco técnico normativo para pymes podrían ser susceptibles de distribución si cumplen los requerimientos para la distribución de utilidades descritos en los artículos 150, 151, 155 y 451 del Código de Comercio y en los estatutos de cada compañía.

El Estatuto del Consumidor permite pactar cláusulas de permanencia mínima con las siguientes condiciones: 1) Procede para los contratos de tracto sucesivo; 2) Debe ser pactada de manera expresa y que se ofrezca al consumidor una ventaja sustancial frente a las condiciones ordinarias del contrato; 3) Deberá pactarse por una sola vez y al inicio del contrato y no podrá ser superior a un año, salvo que el proveedor ofrezca al consumidor unas nuevas condiciones que representen una ventaja sustancial a las condiciones ordinarias del contrato. 4) En caso de que el consumidor de por terminado el contrato estando dentro del término de vigencia de la cláusula de permanencia mínima solo estará obligado a pagar el valor proporcional del subsidio otorgado por los períodos de facturación que hagan falta para su vencimiento. 5) Cuando exista la prórroga automática de los contratos, el consumidor puede dar por terminado el contrato en cualquier momento durante la vigencia de la prorroga sin que haya lugar al pago por sumas relacionadas con la terminación anticipada del contrato, salvo que se haya pactado una nueva cláusula de permanencia porque el proveedor ofreció al consumidor unas nuevas condiciones que representen una ventaja sustancial a las condiciones ordinarias del contrato.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 1480 de 2011, se encuentra totalmente prohibido limitar la venta de un bien o de un servicio cuando se imponga como condición la de adquirir otro, pues cada producto debe ser puesto en el comercio de manera independiente, dejando que el consumidor de manera libre determine, conforme a su necesidad, la adquisición que llevará a cabo. Igualmente, respecto de los incentivos, es imperativo que no haya lugar a imponer condiciones de carácter contractual para la entrega de incentivos o premios a los consumidores. Cabe señalar que los incentivos son estrategias de mercadeo que, en principio, tienen la intención de fomentar las ventas y no pareciera tener sentido que tuvieran como objeto un perjuicio a los consumidores; sin embargo, respecto de estos incentivos siempre deberán observarse las normas de protección de los consumidores contenidas en el Estatuto del Consumidor.

En términos de competencia desleal, se tiene como regla general que está prohibido “todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”. Adicionalmente, sin que se considere una lista taxativa, la Ley 256 de 1996 contempla una lista de actos de competencia desleal que van del artículo 8 al 19. Frente al engaño específicamente como conducta constitutiva de competencia desleal, éste debe tener como objeto o por efecto inducir al público a error sobre la actividad, prestaciones mercantiles y establecimientos ajenos.

La compra de los activos netos de una compañía se mide por el método de adquisición al valor razonable de los mismos. Contablemente, la compañía absorbente registraría un débito por el valor neto de los activos y un crédito por el valor de la compensación. Respecto del valor de la compensación que se está entregando, existen dos opciones: acciones emitidas a valor nominal, o a valor razonable. Además, se debe contemplar que al entregar las acciones se puede generar plusvalía positiva, la cual haría parte de los intangibles-plusvalía y se mediría por el exceso entre el valor entregado y el valor recibido; o plusvalía negativa, la cual se debe reconocer de inmediato en los resultados del ejercicio.

El CTCP indica que los activos fijos se deprecian de acuerdo con su vida útil y que en caso de presentarse diferencias con saldos fiscales, se calculará un impuesto diferido.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, cuando se requiera que la información contable de las operaciones generadas por parte de la entidad sea utilizada como medio de prueba, dicha información deberá estar certificada por contador público titulado. Asimismo, debe decirse que es responsabilidad del contador el contemplar posibles situaciones que atenten contra su independencia como contador, recordando que donde sea apropiado, el contador público debe aplicar salvaguardas para eliminar amenazas o reducirlas a un nivel aceptable, que no comprometan el cumplimiento de los principios fundamentales. Si el contador público no puede adoptar las salvaguardas apropiadas debe suspender el servicio profesional específico involucrado, o cuando sea necesario desvincularse del cliente o de la entidad contratante.