Jurisprudencia / Sentencias

El Consejo de Estado determinó que quienes ofrezcan servicios turísticos mediante el alquiler de bienes inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal deberán someterse a que el reglamento de la copropiedad les permita, previamente y de manera expresa, darles ese tipo de uso a los bienes inmuebles.

La Corte Suprema de Justicia realizó precisiones frente al reconocimiento de comisiones recaudadas después de la finalización del contrato de trabajo, indicando que sujetar la causación de estas a requerimientos que el trabajador no hubiera podido realizar luego de finalizada la relación laboral resulta desproporcionado.

El 16 de marzo de 2021, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-061, mediante la cual declaró exequible el aparte demandado del artículo 336 del ET tal como fue modificado por el artículo 41 de la Ley 2010 de 2019, en el entendido de que las limitaciones en él previstas no son aplicables a las exenciones concedidas con anterioridad a la expedición de la Ley 1943 de 2018 que supongan o exijan el cumplimiento de una contraprestación para poder gozar de la exención y que dicha contraprestación se haya cumplido.

Adicionalmente, declaró exequible el aparte demandado del artículo 388 del ET, tal como fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016.

La Corte Suprema de Justicia realizó una serie de precisiones respecto al momento a partir del cual deben contabilizarse los aportes para adquirir el derecho pensional por enfermedad crónica o degenerativa. Al respecto, indicó que para esto debía tenerse en cuenta, además de la fecha de estructuración de la invalidez, entre otras cuestiones, la calificación del estado de invalidez, la solicitud de reconocimiento pensional y la última cotización realizada.

La Corte Suprema de Justicia precisó que los constructores de edificaciones, incluidas aquellas destinadas a propiedad horizontal, deben tener una garantía de diez (10) años a partir de su entrega por parte de los constructores.

Mediante la Sentencia SL711 de 2021, la Corte Suprema de Justicia reiteró, entre otras cuestiones, que no todas las enfermedades, discapacidades o limitaciones están sujetas a la protección constitucional de la estabilidad laboral reforzada.

La Corte Suprema de Justicia determinó que la devolución de saldos es una figura de carácter subsidiario. Cuando exista la posibilidad de que el afiliado pueda acceder a la pensión de vejez, no es procedente que se le devuelva el capital ahorrado, ya que la devolución de saldos es una prestación subsidiaria y debe privilegiarse siempre la pensión que tiene carácter principal.

La Corte Suprema de Justicia precisó cuestiones referentes a la cotización de aportes a pensión mientras se encuentra pendiente la decisión judicial respecto al reintegro de un trabajador, es decir, si este tiempo en el que el trabajador estuvo cesante debe contarse como cotizado al sistema de pensiones. En este sentido, la Corte indicó que, si un trabajador se encuentra expuesto a actividades de alto riesgo y cotiza al sistema de pensiones bajo este régimen especial, resultaría injusto que ante una decisión arbitraria del empleador, como un despido que es posteriormente declarado judicialmente ineficaz, se le prive de consolidar su situación pensional.

Con la Sentencia 25120 de 2021, el Consejo de Estado se refirió sobre la base para aplicar la sanción por corrección en la información exógena de la que trata el artículo 651 del ET. El Consejo de Estado concluyó que la base de imposición de la sanción referida corresponde a la diferencia entre el valor que se debió reportar y el reportado erróneamente.

Mediante la Sentencia SL530 de 2021, la Corte Suprema de Justicia realizó determinadas precisiones respecto a la terminación del contrato de trabajo, determinando que, si bien el empleador puede terminar el contrato sin justa causa, esta facultad no es absoluta e ilimitada.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL696 de 2021, extendió la estabilidad laboral reforzada de madres y padres cabeza de familia derivada del retén social del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 al ámbito de las relaciones laborales de carácter particular, y recordó los presupuestos que debe acreditar una persona para gozar de dicha protección.

Mediante Sentencia SL679 de 2021 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de discapacidad no opera en favor del trabajador en los eventos en que el despido obedece a una justa causa.