Jurisprudencia / Sentencias

Mediante la presente sentencia, la sala considera que el hecho de exigir el registro civil de nacimiento con una fecha de vigencia determinada para iniciar el trámite de pensión de sobreviviente, puede llegar a poner en riesgo los derechos fundamentales a la vida digna y el mínimo vital del beneficiario.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que resulta razonable tener el auxilio de transporte intermunicipal como factor salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, dado que en este caso en particular ha sido establecido como un pago convencional habitual.

La Sala Laboral concluyó que, tratándose de los factores salariales a considerar para efectos de liquidar prestaciones sociales o para establecer el ingreso base de liquidación de pensiones de orden extralegal, el término devengado ha sido entendido como sinónimo de causado.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio al 1 de enero de 2015 debe declarar para los años posteriores el patrimonio poseído a nivel mundial.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-088 de 2018 concluyó que, la asignación a cargo de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, de la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público resulta acorde con los principios de eficiencia tributaria y solidaridad.
Le correspondió a la corte determinar si la norma que permite imponer a las empresas de energía eléctrica domiciliaria la actividad de recaudo del impuesto de alumbrado público, sin contraprestación, era contraria a la libertad de empresa y a la justicia y equidad bajo las cuales se debe contribuir al financiamiento de los gastos del estado. Finalmente se infirió que por razones de eficiencia tributaria y en virtud del principio de solidaridad, el legislador puede imponer cargas administrativas a ciertos particulares, relativas a la retención y recaudo de impuestos, a partir de su posición clave en la generación o recolección del tributo.

Mediante la Sentencia SL3744 de 2018, la Corte Suprema de Justicia resuelve el caso de un trabajador con el que fue acordado el pago de salario integral en un contrato a tiempo parcial. Para esto determinó que es viable el acuerdo entre las partes de este tipo de salario pagado proporcionalmente según las horas realmente contratadas.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo primero del artículo 235-2 del ET, señalando que: “Las rentas exentas de que trata el numeral 6, se aplicarán en los términos y condiciones allí previstos a partir del 1 de enero de 2017, incluso respecto de los proyectos en los que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hayan aportado los predios al patrimonio autónomo constituido con objeto exclusivo para el desarrollo de proyectos de VIS y/o VIP.”
Tras la lectura de los fundamentos de la sentencia puede entenderse que los contribuyentes que antes de entrar en vigor la Ley 1819 de 2016 hubiesen consolidado las condiciones para acceder al beneficio tributario de que trata el numeral 9 del artículo 207-2 del ET, podrán aplicar la exención al momento de la enajenación de los predios, en los términos allí establecidos, pese a la derogatoria establecida en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.

Mediante la sentencia 77339 de 2018, la Sala Laboral de la Corte Suprema preciso que el tiempo de servicios sin cotizar por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales –ISS– no puede ser desconocido, puesto que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto del trabajador, que hace referencia a un título pensional. Por lo anterior se concluye que el empleador debe responder ante el ISS por el pago de los tiempos en que la prestación estuvo a su cargo.
Las partes involucradas en este proceso son IBM de Colombia & Cia SCA, Carlos Enrique Carrasco y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–, de lo anterior la Corte Suprema concluye que no prosperan las pretenciones interpuestas por IBM de Colombia & Cia SCA contra el proceso adelantando entre Carlos Enrique Carrasco y Colpensiones

Cabe resaltar que varios tribunales amparados en el Auto 186 del 2017 han reconocido, en sede de tutela, derechos prestacionales a madres comunitarias, así como el pago de aportes al sistema pensional en un 100 %. Con la presente sentencia se reafirma que “ante la carencia de una relación subordinada entre las partes se impone como consecuencia el decaimiento de la reclamación de salarios y las prestaciones sociales derivadas del mismo y a cargo del empleador”.
La Corte concluyó que el ICBF no vulneró los derechos fundamentales de las madres comunitarias, toda vez que ni entre la entidad y las madres comunitarias y sustitutas, ni en el ordenamiento jurídico o la jurisprudencia constitucional se prevé la posibilidad de que se estructure una relación laboral.

En la presente sentencia se plantea el caso en el que un celular sufrió daño por humedad en sus componentes; el consumidor enfatizó que no se debía a una inadecuada manipulación, sino a que los materiales de fabricación no eran aptos para la humedad, a pesar de que la empresa promocionaba el producto indicando que el celular era a prueba de agua. Por lo anterior, la SIC decidió una acción de protección al consumidor aclarando que la inadecuada manipulación de un producto por parte del consumidor no exime al anunciante de la responsabilidad por publicidad engañosa.
También indicó que los proveedores quedan atados a las ofertas realizadas a los consumidores, y ordenó que le fuera reembolsado al consumidor el valor pagado por el dispositivo, dado que se le habían vulnerado sus derechos.

Mediante la Sentencia SL3111 de 2018, la Corte Suprema de Justicia determina que, según lo establece el artículo 1 del Decreto 1174 de 1991, para liquidar la indemnización del despido sin justa causa para un trabajador que devenga salario integral debe tenerse en cuenta el factor salarial y el prestacional.

Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que se solicitan las facturas expedidas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 617 y 618 ibídem.
No se requiere expedir factura en las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, ni en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado, según lo establecido en el artículo 616-2 del ET.
En la presente norma también se trae a colación la Sentencia 18752 de 2013, en la cual se expresó que la presentación de la factura como prueba para la procedencia de los costos y deducciones constituye una exigencia legal.