La planilla integrada de liquidación de aportes –PILA– es una ventanilla virtual que permite el pago integrado de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, en la cual los aportantes reportan la información para cada uno de los subsistemas en los que el cotizante está obligado a aportar.

El administrador de la copropiedad debe dejar una trazabilidad exhaustiva de su gestión y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobrevivientes de las cuales hizo uso. Así mismo, este debe tomar decisiones o adelantar actuaciones, en las cuales tiene que hacer prevalecer el interés general sobre el particular.

La Ley 675 de 2001 prevé la existencia del comité de convivencia como un medio idóneo para favorecer y privilegiar las relaciones entre vecinos. Debido a las características únicas de este régimen de dominio en el que tiene tanto impacto la convivencia, la principal pretensión de esta figura es que la comunidad posea herramientas eficaces y eficientes para la solución de los conflictos que puedan surgir entre sus miembros.

El costo amortizado es un modelo para la medición de instrumentos financieros (de deuda), como las cuentas por cobrar, inversiones en título de deudas, cuentas por pagar o bonos colocados en un mercado.

Identificar cuáles son los sistemas de seguridad social en los que una persona debe o puede cotizar, es de vital importancia pues la UGPP monitorea y controla el cumplimiento de esta.

Como respuesta a tantos y tan complejos procesos, y teniendo como horizonte la unificación de la normatividad, desde el año anterior (2017) el Ministerio de Salud empezó a emitir una serie de resoluciones para reglamentar la planilla integral de liquidación de aportes –PILA–.

Las grandes megatendencias están afectando la forma como trabajamos, consumimos, nos relacionamos y desarrollamos nuestro trabajo día a día. Por eso es necesario que todos los empresarios y emprendedores conozcan acerca de la evolución en el mundo de la era digital, pues no solo afecta a las personas sino también a las organizaciones.

Por medio de la Ley 1819 de 2016 diferentes aspectos fueron modificados acorde con las disposiciones de los Estándares Internacionales de Información Financiera, previendo así los impactos que ocasionaría y contemplando un régimen de transición a aplicar.

La medición del clima organizacional debe ser entendida como una herramienta vital en la gestión del talento humano. Para que en su ejecución se obtengan hallazgos significativos, es decir, evidencias que propendan al mejoramiento de la entidad, se requiere la implementación de acciones asertivas, objetivas y con un enfoque constructivo.

Una parte de los deberes y responsabilidades asociados al correcto ejercicio profesional del revisor fiscal, y en general de todo profesional contable, están establecidos en la Ley 43 de 1990 (asumir responsabilidad disciplinaria en todos los momentos en los que se ejerce como contador público, revisor fiscal o auditor) y en el Decreto 2132 de 2016 agregado al DUR 2420 de 2015.

El artículo 329 del ET establece la clasificación tributaria de las personas naturales con residencia fiscal para efectos del impuesto de renta, señalando que, de acuerdo con sus características, se pueden clasificar en empleados, trabajadores por cuenta propia, y otros contribuyentes.

Con base en la clasificación de las personas naturales que hizo la Ley 1607 de 2012 se indica cuándo se determina el impuesto de renta por el Proceso Ordinario, el IMAN o el IMAS, así como también el procedimiento para determinar la RGA que es base para el impuesto.

La Supersociedades supervisa a todas las empresas del sector real. En este momento hay 2.500 sociedades en Grupo 1 y cerca de 24.000 en Grupo 2. La entidad desde el año 2013 vienes realizando un conjunto de actividades para acompañar al empresario en un proceso de sensibilización y luego en implementación.

¿Quiénes las constituyen? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se reunen? ¿Cómo se impugnan? Son algunas de las preguntas que responderemos en esta conferencia. De acuerdo cómo se desarrolle nace el ejercicio de todos los derechos de la copropiedad. Hay que recordar que la asamblea general está constituida por los propietarios de los bienes privados, sus representantes o delegados, reunidos con el quorum y las condiciones previstas en la ley y el reglamento de la P.H.

El solo hecho que la comunidad se reuna y genere decisiones tomadas en derecho, y quedar plasmada en un acta, con esto se pueden hacer efectivas las multas. Lo que no se puede hacer es que si el manual de convivencia, independiente que este elevado a escritura pública, si no contempla las sanciones no se pueden imponer. Da mayor veracidad y posibilidades de ejecución cuando está protocolizado, pero no significa que lo demás no sea aplicable.

Cualquier tipo de organización o de persona no requiere de condiciones específicas para estar frente al riesgo. Por tal motivo, hay que medir los riesgos porque se debe responder. Para efectos de la P.H. hay que pasar por los copropietarios y los entes de esta para protegerse. Es importante conocer cuáles pueden ser los riesgos que se presentan en la P.H. y a continuación se explican. Recuerde que el objetivo es siempre minimizar la incertidumbre de la ocurrencia de los hechos.

Los certificados de retención en la fuente por conceptos diferentes a las laborales pueden colocarse en una página web, sin perjuicio de la obligación de expedirlos físicamente. Los que corresponden a ingresos y retenciones deben entregarse en forma litográfica, el cual puede ser diseñado por los retenedores para su expedición en formas continua, siempre y cuando incluya en el mismo orden y con idéntico texto y distribución los datos previstos en el modelo oficial.

Este es un tema trascendental pero que se hace de forma descuidada en la corpopiedad, quizás por desconocimiento. Al hablar del proceso de empalme se observan dos situaciones: alguien que entrega una gestión y otra persona que recibe una comisión especial para adelantar una tarea referente a la protección de los bienes de la comunidad que llega. Pero esto no es cualquier tipo de actividad.

Este tema tiene un gran alcance para las copropiedades, sobretodo las nuevas. Según el art. 24 de la Ley 675 se obliga al constructor a entregarle a la comunidad la copropiedad; taxativamente se debe hacer una entrega formal. Se busca dejar claro que el constructor debe entregar formalmente la propiedad horizontal, las zonas comunes de toda la copropiedad a una persona que puede ser delegada por el consejo de administración, la asamblea y hasta el mismo administrador.

Bogotá, junio 27 de 2013. Mañana 28 (mañana y tarde) y el próximo martes 2 de julio (mañana), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN continuará con las jornadas de capacitación a los ciudadanos – Agentes de Retención, con el propósito de divulgar los principales aspectos técnicos del impuesto sobre la renta para la equidad […]