Con seguridad, lo que unos aplaudan otros reprobarán. Triste realidad de una profesión dividida por el odio, que no sabe estimular lo bueno y rechazar lo malo. Lo que es claro es que la profesión o cambia o desaparece, porque otros asumirán su tarea con conceptos y procesos de avanzada.
Desde la Ley 145 de 1960, la contaduría pública es considerada una profesión liberal. Por esta razón, los contadores públicos deben atender masivamente los procesos de modificación y actualización de carácter tributario y contable que atañen a la profesión contable como práctica social y a la contabilidad como objeto del conocimiento.
Para María Victoria Martínez, secretaria técnica del Comité Femenino de la Ley 43 de 1990, las mujeres no pueden ser ajenas al proceso que busca el posicionamiento de la profesión.
Contadoras están analizando temas para presentar un proyecto de reforma y saber qué se puede reinventar de la profesión.
No estamos obligados a acoger las decisiones de los emisores de estándares como IASB, IAASB o IESBA.
Muchos abogan por que nos demos nosotros las soluciones que necesitamos, pero la academia está ocupada en otros asuntos. No podemos quedarnos en la incertidumbre por una soberanía mal entendida.
Mauricio Gómez afirma que en la universidad se debe promover un pensamiento crítico para resolver problemas.
Se debe mejorar la aplicación de los estándares de la profesión, pero más allá de la aplicación técnica.
La pandemia ha generado incertidumbre en la forma en la que enseñan las universidades.
Janeth Castillo dice que se están organizando las propuestas para presentarlas al CTCP.
Ana Mercedes Garzón afirma que estamos en un momento histórico para generar cambios y modernizar la profesión.
María Victoria Martínez indica que debemos cambiar el “chip” y la profesión debe modernizarse.
Como las acciones civiles, penales y contravencionales tienen un plazo durante el cual se pueden ejercer (por ejemplo, cinco años), el profesional debe estar dispuesto a dar cuenta y razón de lo que hizo y del estado de los asuntos durante su encargo.
Mauricio Gómez, presidente del Comité Educativo de la Reforma a la Ley 43 de 1990, afirma que debe haber cambios en procesos educativos para saber el estado de la profesión contable.
Se está analizando la estructura legal de la profesión, modalidades de enseñanza y estructura de la oferta educativa.
Ninguna persona puede, aun siendo contratante laboral, obligar a un contador a obrar en contra de los principios de contabilidad generalmente aceptados o a expedir atestaciones falsas. Si un contable traiciona sus deberes básicos, será culpable así haya sido presionado por un tercero.
Héctor J. Correa destaca el papel de las comisiones que construyen una propuesta para modernizar la contaduría pública.
Colegiatura debe ser constituida por contadores, no como la JCC, donde la mayoría son abogados.
En la contaduría sobrevivirán quienes estén actualizados en su prestación de servicios.
Para José Manuel Restrepo, los contadores públicos son garantía en lo público y lo privado, y en la construcción de la seguridad jurídica del país.
Contadores deben estar comprometidos con lo ético, ser protagonistas y avanzar en la construcción de un país más equitativo.
En la profesión contable existe una competencia complicada. Varias firmas medianas quieren llegar a los clientes de las grandes y, como no lo logran, plantean que hay un “monopolio”, que en tal caso sería un oligopolio. Curiosamente esta discusión es la misma que se da en otros lugares del mundo.