Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La creciente dependencia de la tecnología y los datos hace que las empresas estén en riesgo.
Algunas ciberamenazas aumentan por la reubicación de empleados a entornos de trabajo en casa, donde gozan de menos seguridad.
La gobernanza de datos está surgiendo como un alto riesgo.
41 % de los programas de gestión del riesgo de fraude en empresas son regulares o malos.
La gerencia debe crear capacitaciones y entregar informes de ciberseguridad para educar a la junta directiva.
Se deben habilitar canales de denuncia y mantener una comunicación abierta con los grupos de interés.
Fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción.
La OCDE le recomienda a Colombia adoptar una legislación que proteja a los denunciantes.
Se deben fortalecer las medidas de seguridad.
Dentro de las funciones del revisor fiscal, dictadas por la Ley 43 de 1990 y el Código de Comercio, se establece que debe velar por un adecuado sistema de control interno, por lo que es necesario que evalúe y efectúe pruebas sobre los principales procesos de las copropiedades.
Algunas empresas adquieren paquetes de códigos cortos para el envío masivo de mensajes de texto para promocionar productos y servicios y cometer fraudes.
Se deben establecer protocolos para que proveedores de internet bloqueen contenidos considerados ilegales por el uso fraudulento de marcas registradas.
El área que lidera esfuerzos de cumplimiento es la auditoría interna, pero esta no tiene un papel preponderante en la toma de decisiones.
Personas de entre 31 y 40 años, con 2 a 5 años de antigüedad en la empresa, con título universitario, en su mayoría hombres, es el perfil típico del defraudador.
La opinión del auditor sobre la razonabilidad e integridad de los estados financieros es soportada por las pruebas de auditoría realizadas en el desarrollo del encargo. De ahí la importancia de tener claridad sobre el tipo de pruebas que deben aplicarse según la entidad.
El Estado posee una inmensa información sobre los ciudadanos, pero no sabe utilizarla, pues permite que cada una de sus entidades actúe separadamente de las demás. Si tuviera una base única de información, se daría cuenta de muchas cosas que hoy no ve, aunque le pasen por sus narices.
Aunque por regla general las operaciones de las copropiedades no son muy complejas, ya que su principal función es la administración de recursos fijos mediante el recaudo de cuotas de administración, estas figuras no son ajenas al riesgo de fraude.
Para la IFAC, se necesita por parte de los profesionales contables informes financieros de alta calidad.
La lucha contra la corrupción es una forma clave en la que la profesión contable sirve al interés público.
Los contadores tienen una ventaja única para generar confianza en los sistemas fiscales.
No es solamente la clásica frase que la diferencia entre elusión y evasión es el grosor de la pared en la cárcel. La elusión fiscal puede ser viable como efecto, no como causa, es decir, cuando el ahorro fiscal se da como consecuencia de una situación específica, y no que se haga dicha actuación solo para conseguir un ahorro tributario.
Para Jeisson Ramírez, contadores deben tener sentido común al identificar conductas de abuso de normas tributarias.
Álvaro Fonseca dice que nos acostumbramos a hacernos los de la vista gorda o ser parte de ello.
Auditores no confían en programas de gestión de riesgo o fraudes de sus firmas.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
