Algunas de las obligaciones laborales de los trabajadores independientes han estado sujetas a importantes cambios fruto de normas tales como la Ley 1955 de 2019, a través de la cual se establecieron nuevas disposiciones con relación a la retención de aportes a seguridad social y los pagos a realizar.

Para cerrar este 2020, deberás considerar los cambios que trajo el Decreto 2270 de 2019 en el marco técnico de las entidades del grupo 1 y en las Normas de Aseguramiento de la Información aplicadas por revisores fiscales y auditores, además del anexo sobre libros contables que agregó al DUR 2420.

Para que la presentación de algunas certificaciones y declaraciones tributarias tenga validez, la ley exige como requisito la firma del contador y en algunos casos la del revisor fiscal, si se da lugar a su participación. Por ello es importante conocer los efectos de esta firma.

Para realizar un adecuado dictamen en los trabajos de auditoría o revisoría fiscal es importante el uso de indicadores financieros. Estos se generan con la información o rubros de los estados financieros, arrojan información que clarifica la situación de la empresa y permiten iniciar con el pie derecho la toma de decisiones.

En medio de la pandemia por el COVID-19, algunas empresas se han visto obligadas a tomar una serie de medidas laborales, tales como la suspensión de los contratos o modificaciones a la jornada laboral, las cuales pueden tener consecuencias negativas para el empleador si no se han aplicado de manera correcta.

El Decreto 2270 de 2019 fue publicado con la finalidad de realizar cambios relacionados con los procesos de contabilización en entidades que califican en el grupo 1, que deben ser aplicados en la elaboración de los estados financieros al cierre contable del año 2020.

El Decreto 2270 de 2019 trajo consigo cambios en el marco técnico de las entidades del grupo 1, en las Normas de Aseguramiento de la Información aplicadas por revisores fiscales y auditores y compiló un anexo al DUR 2420 sobre libros contables.

La NIA 320 establece la responsabilidad del auditor para aplicar el concepto de materialidad, y la explica como los errores u omisiones importantes en la estructura financiera de la compañía que, de forma individual o acumulada, podrían influir en la toma de decisiones de los usuarios de la información.

La NIA 300 indica que la auditoría de los estados financieros requiere una planificación apropiada, que permita trazar un camino al logro de sus objetivos de manera eficiente. El auditor tiene la responsabilidad de planear esta auditoría para que sea efectiva.

Algunas empresas han sufrido efectos importantes derivados de la pandemia del Covid-19 que pueden poner en riesgo su funcionamiento. En este sentido, una adecuada administración financiera es la herramienta que permitirá fortalecer a las organizaciones y generar estrategias para superar los inconvenientes que impactan su operación en el corto, mediano y largo plazo.

La Ley 2010 de 2019 retomó el impuesto al patrimonio aplicable por los años 2020 y 2021 a las personas naturales y sucesiones contribuyentes del impuesto al patrimonio y de regímenes sustitutivos como el régimen simple, así como de personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país.

Con la Ley de crecimiento económico 2010 de 2019 se reactivó para el año gravable 2020 el impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio.

Este tributo estará a cargo de los contribuyentes que al 1 de enero posean activos omitidos o pasivos inexistentes.

La UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encuentra facultada para llevar a cabo el proceso de control y verificación de aportes a seguridad social y, a su vez, imponer sanciones si no se da pleno cumplimiento del pago de los aportes en mención.  

Mediante el Decreto 358 y la Resolución 000042 de 2020, el Ministerio de Hacienda y la Dian reglamentaron aspectos relacionados con la facturación electrónica, documentos equivalentes y documento soporte que formaliza la cuenta de cobro. 

La correcta determinación del patrimonio que posee un contribuyente es vital en el proceso de declaración de renta, pues de ello depende que la renta presuntiva y la renta por comparación patrimonial sean calculadas de forma eficaz.

El régimen simple de tributación fue creado con la Ley 1943 de 2018 y ratificado con la Ley 2010 de 2019, con el propósito de formalizar a muchos contribuyentes y brindar ventajas y garantías tributarias para otros. El plazo máximo para acogerse a este régimen es hasta el 31 de julio de 2020.

La Ley 1943 de 2018 introdujo una serie de cambios con respecto al tratamiento tributario de los dividendos y, en general, al sistema de depuración cedular aplicable para el año gravable 2019.

Las personas naturales que califican como residentes fiscales, en los términos de lo previsto en el artículo 10 del ET, deben presentar el impuesto sobre la renta a través del formulario 210, implementando el nuevo sistema de cedulación, el cual incluye la cédula general.

La determinación de los costos y deducciones es fundamental para la elaboración de la declaración del impuesto de renta de las personas naturales. Al igual que en el reconocimiento de los ingresos, en el caso de los costos también es importante verificar si el contribuyente se encuentra obligado o no a llevar contabilidad. 

Para efectos de la declaración de renta de los contribuyentes, es de gran importancia determinar con precisión cuándo desde el punto de vista tributario se considera realizado el ingreso.