Nelson Pomar afirma que la tecnología es un factor importante en la formación de los contadores públicos.
Para María Victoria Martínez es importante que se formen contadores que se acomoden a la realidad, al campo de acción que hay.
Arlex Corredor dice que el CTCP, la JCC y la CGN deben generar mejoras en la profesión y no crear normatividad para su propio beneficio.
Anif y Fedesarrollo afirman que de la totalidad de ingresos por renta, cerca del 20 % es pagado por hogares y 80 % por empresas.
Jairo Orlando Villabona dice que no se saca nada ampliando la base de contribuyentes, porque es meter más pobres a declarar y eso no generará recaudo adicional.
Para lograr un mayor recaudo, Gustavo Cote dice que se deben revisar y rediseñar los beneficios tributarios.
Daniel Sarmiento piensa que los cambios que se deben presentar en el CTCP, la JCC y la CGN están atascados por la falta de voluntad política.
José D. Castro afirma que órganos de la profesión deben velar por presentar un frente unido ante el Gobierno que permita modernizar las normas que nos regulan.
Para Héctor Correa, el CTCP y la JCC deben ser absorbidos por una colegiatura profesional de contadores.
Janeth Castillo dice que estas entidades deben hacer partícipes a los contadores, creando comités de estudio y trabajo.
Para Gherson Grajales, hay que repensar la Ley 43 de 1990.
Leonardo Varón afirma que el Gobierno debe emitir sus normas y especificar lo que espera del profesional, pero la forma cómo debe realizarse el trabajo es un asunto de la profesión y de su órgano colegiado.
José Ramírez dice que la labor disciplinaria de la JCC y del organismo normalizador de la profesión, como el CTCP, son importantes.
Hernando Bermúdez dice que en un país como Colombia, con una clase pudiente pequeña, los motivos para no pagar impuestos abundan.
Isabella Bello afirma que reforma tributaria debe ir acompañada de un verdadero programa anticorrupción y auditoría constante de recursos.
Eduardo Lora indica que necesitamos una reforma tributaria estructural y una estrategia sostenida de combate a la evasión.
Hernando Bermúdez dice que hay que fortalecer el estudio de los sistemas de información, profundizar en la contabilidad administrativa, mejorar la calidad de los servicios de aseguramiento.
Fabio Trompa indica que reformar los planes de estudio y volver a enfocar los perfiles profesionales son tareas que están siendo abocadas por un grupo de programas académicos.
Con la iniciativa se busca lograr un recaudo de unos 15 billones de pesos, es decir, 1,5 por ciento del PIB. IVA para más productos de la canasta familiar (no todos) El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ha dicho en medios de comunicación que existe la necesidad de ampliar la base gravable del IVA […]
Diego Matituy Ha sido enriquecedor ver como los profesionales contables vienen participando en los debates. Consolidación de documentos que alimentrán el informe final. Grandes discusiones que se han dado por temáticas. Hasta hoy se siguen vinculando profesionales para trabajar en los debates. Estamos en las discusiones temáticas regionales. Liderazgo de los representantes de los comités […]
Para Héctor Jaime Correa, tanto la JCC y el CTCP deben ser absorbidos por una colegiatura profesional.
Juan Fernando Mejía dice que son entidades altamente politizadas y burocráticas que no favorecen a los contadores.
Roberto Carlos Torres afirma que la JCC se debe convertir en una entidad de contadores públicos, para contadores y en defensa de los contadores.
Para Isabella Bello se deben establecer reglas claras que determinen si se van a liquidar o no, fuera del IVA, otros impuestos sobre estos servicios digitales.
Jeisson Ramírez dice que es momento de probar nuevas exenciones que busquen estimular la demanda agregada.
Jorge Espitia dice que el impuesto a las plataformas digitales está en mora de implementarse.
Mario Cruz dice que es importante regular diversas modalidades de trabajo y velar porque las personas accedan a diferentes subsistemas de seguridad social.
Para Mónica Cuervo, existe una posible precarización del empleo y afectación de las garantías mínimas constitucionales de los trabajadores.
Según Jorge Llano, permitiría que informales coticen al sistema pensional.