Día: 10 de julio de 2014

Consejo de Estado. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 19 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Contador que trabaja en el sector público puede firmar certificación de ingresos a particulares.

DIAN.

Superindustria y Comercio. Por la cual se modifica la Resolución número 56451 del 27 de septiembre de 2013.

​Consejo de Estado Sentencia 25000232700020070006901 (19212) Julio 10 de 2014 Para descargar este documento en Word, haz clic aquí (197 Kb)

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Que obligaciones contables tiene una asociación de producción piscícola?.

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿El hecho de que la Decana de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas sea administradora implica violación de la Ley 43 de 1990?

DIAN. La DIAN indicó que la exención legal del Gravamen a los Movimientos Financieros sobre recursos del sistema general de regalías sólo aplica hasta la transferencia de los recursos a los contratistas o partes ejecutoras.

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Se puede aplicar el cronograma de Implementación de la NIIF para PYMES a una compañía que en el año 2013 cambió de Grupo 2 a Grupo 1?

Todo se originó por el traslado de sede de la Contraloría en donde, según la auditora general, Laura Marulanda, la contralora Morelli violó en todas partes el principio de planeación y transparencia. Se podría presentar un posible embargo de los bienes de Sandra Morelli.

Según Fasecolda, una familia colombiana destina de su presupuesto, en promedio, unos $4.273 para adquirir un microseguro, con el que puede asegurar hasta 12 millones de pesos. El año pasado los colombianos destinaron en promedio cerca de $390.000 a la compra de seguros, tanto de vida como generales.

Decreto 1219 de julio 2 de 2014. Se reglamentó el art. 89 de la Ley 1676 de 2013 relacionado con el límite de solvencia con que deben contar las sociedades dedicadas a las operaciones de factoring o compra de cartera.