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El reglamento del Código de Ética profesional precisa que los honorarios muy altos o bajos amenazan la independencia y la calidad de los servicios. Nuevamente debemos decir que ante la falta de supervisión y de disciplina hay muchos casos en los que los contables han sido capturados por sus clientes.

En Estados Unidos, como debería ser en Colombia, la información tributaria no proviene de la contabilidad financiera, por tanto el auditor puede opinar sobre los estados financieros y sobre los denuncios rentísticos sin impedimento.
En Colombia, aunque la Dian diga lo contrario, la Ley 1819 de 2016 aumentó la dependencia.

Una cosa son las conductas prohibidas y otra los esfuerzos para no violar la ética. El asunto no consiste en la aplicación de las normas de información, como del respeto por los principios éticos, ya que son éstos de los que brota la credibilidad de que deben ser objeto los informes del profesional.

Hernando Bermúdez Gómez señala que las firmas en Colombia han tenido poca supervisión e inspección de las autoridades, lo que ha ocasionado exceso de carga laboral al personal de estas firmas y termina afectando la calidad de los servicios que prestan.

Si se aplicara el principio de la buena fe, no tendría por qué exigirse el juramento. Hoy como ayer se trata de echar mano de las consecuencias penales. Los bienes de una persona forman parte de la prenda de los acreedores. Sus relaciones con otras entidades podrían indicar conflictos de interés.

Crisis tras crisis, con o sin culpa, los auditores han tenido y han decidido aumentar la calidad de sus servicios. Como lo venimos planteando, la cuestión consiste en nuestro nivel de cultura contable, cuya inducción, mejora y conservación depende de la propia comunidad profesional y de nadie más.

Recordemos que no hay equivalencia entre lo ético y lo legal. No todo lo ético es legal, ni todo lo legal es ético. Se pretende que las bases de las normas legales se encuentren en la ética y la moral, pero puede suceder, y sucede, que ello no sea así.

Si la mayoría de la población tiene menos ingresos, si las fuentes de empleo se han reducido, si la riqueza se disminuye, si a muchos no les alcanza para cubrir las necesidades básicas, muy seguramente los ingresos fiscales de la nación se reducirán también. No se puede cobrar más a los mismos porque, simplemente, no tendrán con qué pagar.

No es posible opinar en la misma forma que a la terminación del trabajo porque en el camino no se cuenta con la misma cantidad de evidencia ni se han hecho todos los procesos que la auditoría exige; la mayoría de las observaciones tienen que ver con la completitud de la información.

La colaboración prevista en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio no puede ser de un solo sentido; ambas partes, la autoridad supervisora y el auditor estatutario, deben ayudar a la otra a cumplir su tarea. De lo contrario, la colaboración se convierte en subordinación.

En la práctica se observa cómo muchos revisores fiscales, inspirados en una incorrecta interpretación de sus funciones, en lugar de ser íntegros y objetivos, terminan defendiendo sus posiciones, cuando la dirección y administración de las personas jurídicas corresponde a otras personas u órganos.

Es preocupante que se piense que un revisor fiscal es una erogación que podría eliminarse temporalmente mientras se reactiva la economía.
Claramente, esto tiene que ver con la percepción de los empresarios según la cual el auditor trabaja en beneficio del Estado, en especial del sistema tributario.