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Artículo destacado

Comercial

Personas naturales ya no están obligadas a inscribir sus bases de datos en el RNBD

(Decreto 090, enero 18 de 2018, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

El 18 de enero de 2018, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 090 con el cual modifica los obligados a realizar la inscripción de las bases de datos en el registro nacional de bases de datos –RNBD–, indicando que solo tendrán la obligación de hacer dicha inscripción las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 UVT, y las personas jurídicas de naturaleza pública. Así pues, se elimina esta obligación a las personas naturales y a las sociedades y entidades sin ánimo de lucro cuyos activos totales sean inferiores a 100.000 UVT. Asimismo, se amplía los plazos por tercera vez para que los obligados realicen la inscripción de las bases de datos en el RNBD; los nuevos plazos son: las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 610.000 UVT deberán hacer la inscripción a más tardar el 30 de septiembre de 2018; las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales superiores a 100.000 y hasta 610.000 UVT, deberán hacer la inscripción a más tardar el 30 de noviembre de 2018, y las personas jurídicas de naturaleza pública tendrá plazo para realizar la inscripción hasta el 31 de enero de 2019.

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Comercial

Sociedad extranjera debe acreditar capital asignado antes de establecer sucursal en Colombia

(Oficio 220-293681, diciembre 21 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, deberá establecer una sucursal de la sociedad con domicilio en el territorio nacional, con el lleno de los requisitos tanto jurídicos como económicos, descrito en los artículos 471 y 472 del Código de Comercio. Uno de los requisitos que se exigen en el acto de incorporación, es establecer el monto del capital asignado por la matriz, con el cual la sucursal de la sociedad emprenderá las actividades permanentes en Colombia. Así pues, la sociedad extranjera previo a la incorporación, deberá acreditar que el capital asignado esté debidamente cubierto; de lo contrario estaría contraviniendo normas de orden imperativo, como las previstas en el título VIII del Código de comercio.

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Tributaria

ICA debe liquidarse sobre ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con este impuesto

(Concepto 038770, noviembre 16 de 2017, Ministerio de Hacienda)

El Ministerio de Hacienda precisa que el impuesto de industria y comercio debe liquidarse sobre los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por el contribuyente, originados en la realización de actividades gravadas con el impuesto. Cabe señalar que se deben considerar los ingresos gravados independiente de si provienen de la actividad principal, en cumplimiento del objeto social o cualquiera que fuese el caso, pues debe recordarse que la actividad puede ser permanente u ocasional, directa o indirecta, con o sin establecimiento de comercio. En cuanto a las deducciones, es importante tener en cuenta que se mantienen los mismos conceptos, esto es, las devoluciones, rebajas y descuentos, los ingresos por exportaciones, la venta de activos fijos y que no hacen parte de la base gravable los ingresos por actividades exentas, excluidas y no sujetas.

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Tributaria

Condonación de deuda constituye para el condonado ingreso gravado con el impuesto de renta

(Concepto 901161, marzo 06 de 2017, Dian)

La Dian precisa que la condonación según la legislación colombiana, se rige como una de las formas de extinguir las obligaciones de forma unilateral, en la que el acreedor libera al deudor del cumplimiento de la prestación a la que se encontraba obligado. En términos fiscales, ocurren dos situaciones: frente al acreedor que condona la deuda, se genera una aminoración en su patrimonio como consecuencia de dicho acto; por su parte, en cabeza del condonado se genera un correlativo ingreso extraordinario, debido a que el mismo no proviene de sus actividades generadoras de renta, sino por el contrario, de un acto espontáneo. Como consecuencia, necesariamente dicho ingreso debe ser gravado para efectos del impuesto sobre la renta, toda vez que dicha condonación genera un incremento dentro del patrimonio del condonado, por lo cual, deberá incluirlo como ingreso ordinario dentro de su declaración de renta, o bien, como ingreso extraordinario e incluirlo en el régimen de ganancias ocasionales.

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Comercial

Disolución de sociedad no supone por sí misma extinción inmediata como persona jurídica

(Oficio 220-293663, diciembre 21 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades señala que, aunque la disolución no supone por sí misma la extinción inmediata de la sociedad como persona jurídica, su advenimiento trae consigo importantes cambios en la estructura y finalidad del ente moral, de suerte que a partir de ese momento no es posible continuar ejerciendo el objeto social para el cual fue creado.Esto implica que carece de capacidad para iniciar nuevas operaciones en desarrollo del mismo y que se conserva solamente para los actos que la inmediata liquidación requiere, como son, la venta de bienes, cancelación de hipotecas, pago a acreedores, etc; cualquier acto que no tienda a ese fin, con excepción de los expresamente autorizados por la ley, hace responsables a las personas allí señaladas.

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Comercial

Conflicto de intereses por parte de un miembro de la junta directiva de una sociedad

(Oficio 220-000982, enero 9 de 2018, Superintendencia de Sociedades)

Un miembro de la junta directiva de una compañía, que simultáneamente participe en calidad de directivo en otra empresa y quien a su vez compite en el mercado con la primera, se encuentra en una posible situación de conflicto de intereses, por lo que esta situación debe ser considerada por el máximo órgano social a efecto que ser resuelta la incidencia de su doble calidad en el desempeño del negocio y los riesgos que pueda traer para la sociedad tal circunstancia. La Supersociedades reitera que cualquier persona que se desempeñe como directivo de una sociedad, debe atender a cualquier circunstancia constitutiva de competencia con la sociedad o conflicto de intereses, para revelarla al máximo órgano social, so pena de asumir responsabilidad por los perjuicios que cause con sus actos y con las decisiones en que intervenga.

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Comercial

Proceso de reorganización de empresa colombiana con sucursal en el exterior

(Oficio 220-286651, diciembre 20 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

Si una empresa colombiana con sucursal en el exterior ingresa a un proceso de reorganización, dará lugar a la apertura del proceso de insolvencia en el país donde se encuentre dicha sucursal, ante lo cual el juez, promotor y acreedores procederán conforme al principio previsto en el parágrafo del artículo 105 de la Ley 1116 de 2006 y demás normas de cooperación. Cabe señalar que los acreedores extranjeros no tienen que hacerse parte dentro del trámite de reorganización, en la medida en que la elaboración del proyecto de calificación y graduación de créditos se presente inicialmente con la solicitud de reorganización por parte del ente societario y sin que tenga que hacerse parte para tal efecto. Sin embargo, ello no le impide al acreedor hacer uso de las cargas procesales en su favor, a efectos de hacer valer sus derechos en las etapas procesales del proceso de reorganización correspondiente, pues el hecho de que no necesiten hacerse parte, no significa que no pueden descuidar el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso. Así pues, el hacer uso de sus derechos después de vencidos los términos procesales, es una autorresponsabilidad exclusiva de los interesados o acreedores.

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Tributaria

Estatutos municipales deben ser ajustados con nueva definición de servicios para efectos del ICA

(Concepto 036704, diciembre 13 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

El Ministerio de Hacienda precisa que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los municipios deben verificar sus estatutos tributarios en el sentido de establecer las tarifas correspondientes a las actividades que resulten gravadas a partir de la nueva definición de la actividad de servicios señalada en el artículo 345 de la ley antes mencionada, de forma tal que los contribuyentes conozcan las reglas de tributación y de retención en la fuente, si el municipio tiene adoptado este sistema de recaudo anticipado. Por otra parte, cabe señalar que si la ley definió expresamente todos los elementos sustantivos del impuesto como en Industria y Comercio, las modificaciones definidas en nuevas leyes aplicarán en virtud de está sin que requiera adopción en la norma municipal, a menos que en el acuerdo municipal la actividad goce de tratamiento de exención o exclusión concedido de manera particular y expresa por el concejo municipal.

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Tributaria

Departamentos debe imponer sanciones en incumplimiento de obligaciones que administre

(Concepto 039991, noviembre 23 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

El artículo 235 de la Ley 223 de 1995 señala que la administración del impuesto, incluyendo los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones y discusión, corresponde a los organismos departamentales competentes para la administración fiscal. Los departamentos aplicarán en la determinación oficial, discusión y cobro del impuesto, los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. El régimen sancionatorio el procedimiento para la aplicación del mismo previstos en el Estatuto Tributario se aplicará en lo pertinente al impuesto de registro. Así las cosas, corresponde a la administración departamental, en su calidad de administradora del impuesto, valorar todos los elementos de hecho y de derecho que rodean el caso, sopesando el material probatorio con el que cuente y apoyándose en la normatividad y jurisprudencia relacionada, en punto a emitir una decisión respecto de la solicitud que se le presenta de manera que, como lo expresa la Corte Constitucional, se le garantice al contribuyente “el derecho al debido proceso y los principios de equidad y justicia”.

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Comercial

Condiciones para que productor o proveedor se encuentre obligado a responder por garantía

(Sentencia 00000004, enero 2 de 2018, Superintendencia de Industria y Comercio)

La Supersociedades recuerda que la obligación de garantía, en términos generales, supone la existencia de una relación de consumo en virtud de la cual un consumidor adquiere un bien o servicio a un productor o proveedor. Dicho bien debe presentar uno o varios defectos o fallas de calidad, idoneidad o seguridad durante el término de garantía para que surja la obligación de responder por parte del productor o proveedor. Cabe señalar que en el marco de la obligación de garantía, los consumidores tienen derecho a obtener la reparación totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla y, en caso de repetirse, podrá obtener a su elección una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o el cambio del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas.

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Comercial

De conformidad con lo establecido por el artículo 407 del Código de Comercio, si las acciones fueren nominativas y los estatutos estipularen el derecho de preferencia en la negociación, se indicarán los plazos y condiciones dentro de los cuales la sociedad o los accionistas podrán ejercerlo; la misma disposición indica, que el precio y la forma de pago de las acciones serán fijados en cada caso por los interesados y, si estos no se pusieren de acuerdo, por peritos designados por las partes o, en su defecto, por el respectivo superintendente y para terminar, advierte que no surtirá ningún efecto la estipulación que la contraviniere. Así las cosas, siempre que en los estatutos se encuentre pactado el derecho de preferencia para la negociación de acciones, este deberá respetarse, so pena de las sanciones de orden legal que se deriven y, por ende, el accionista que pretenda poner en venta sus acciones, tendrá que ofrecerlas en primer lugar a los demás accionistas o a estos y la sociedad. Para ese fin se tendrá que formular la oferta respectiva por intermedio del representante legal de la compañía, con sujeción como ya se advirtió, a lo estipulado en los estatutos y la ley.

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Estándares Internacionales

Reconocimiento de las comisiones obtenidas por las agencias de ventas de seguros

(Concepto 1053, noviembre 27 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

Las comisiones que obtienen las agencias de ventas de seguros son ingresos que deberán ser reconocidos cuando se satisfaga la obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos, es decir, en la medida que se presta el servicios ofrecido por parte de la aseguradora, ya que en caso de finalizarse el contrato con anticipación, deberá retomarse el valor cancelado por comisión. En consecuencia, el ingreso deberá ser reconocido en el transcurso del tiempo de cubrimiento de la póliza vendida; sin embargo, ya que la aseguradora cancela el 100% de la comisión en el momento de la venta, el valor correspondiente se reconocerá como un pasivo.

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Laboral

Recuerdan requisito de convivencia para acceder a pensión de sobrevivientes

(Sentencia SL 15413 (56677), agosto 16 de 2017, Corte Suprema de Justicia)

La Corte Suprema de Justicia recuerda que el requisito de la convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes, se entiende cumplido cuando se puede demostrar que el fallecido y el sobreviviente han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo –elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 del Código Civil–, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales.

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Comercial

Titular de cuotas sociales embargadas conserva derechos políticos hasta que sean rematadas

(Oficio 220-000660, enero 4 de 2018, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que el titular de las cuotas sociales embargadas por ese solo hecho, no pierde automáticamente todos sus derechos pues de darse dicha circunstancia, este sigue conservando los derechos políticos que tiene frente a la sociedad. Así las cosas, el titular puede seguir deliberando en las asambleas y votar en ellas, al igual que puede elegir y ser elegido en cualquier órgano del ente societario, así como el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en el ley o en los estatutos. El embargo no significa perder la propiedad de sus cuotas sociales, ya que es una medida mediante la cual la autoridad judicial limita su propiedad respecto a la libertad de enajenación, o sea, el propietario no puede ceder a un tercero las cuotas mientras recaiga el embargo sobre las mismas. Después de embargadas las cuotas sociales, si el deudor no paga sus obligaciones que tiene con el acreedor, el Juez ordenará mediante sentencia que las cuotas se rematen, o sea, se vendan en pública subasta y su producto será destinado al pago de la obligación cuyo cobro se persigue por vía ejecutiva.

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Comercial

Supersociedades está facultada para imponer sanciones a entidades que incumplan la ley o los estatutos

(Oficio 220-000341, enero 3 de 2018, Superintendencia de Sociedades)

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el numeral 3 del artículo 86 de la misma ley, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien incumpla las órdenes impuestas, la ley o los estatutos. De tal suerte que es potestativo de esta entidad, imponer las multas correspondientes teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que bien se determinan para las actuaciones de la administración, amén de las reglas previstas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Estándares Internacionales

Manejo contable de inventarios recibidos de terceros en contratos de depósito

(Concepto 999, noviembre 21 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

Los suministros recibidos de terceros no pueden ser reconocidos en los estados financieros de la entidad dado que no ha habido una transacción de intercambio, pero esto no significa que no puedan establecerse otro tipo de controles con el fin de separar en la bodega de la entidad los inventarios propios, de los recibidos de terceros, ni que no puedan existir otros controles para determinar las utilizaciones y existencias de estos inventarios. Ahora bien, si por la custodia y administración de estos insumos la entidad percibe algún tipo de comisión o existen contingencias de pérdidas asociadas a su manejo que podrían afectar a la entidad, se deberían reconocer los ingresos y gastos, cuando se cumplan los criterios para su reconocimiento. Adicionalmente, para efecto de control interno, la entidad podría utilizar el estándar COSO, que aunque no es un requerimiento obligatorio en la legislación colombiana, se podría tomar como un referente para su aplicación en lo relacionado con el manejo de inventario recibidos de terceros y otros asuntos.

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Tributaria

Manejo tributario de reversión de operaciones realizadas en 2016, gravadas con el CREE

(Concepto 006380, marzo 22 de 2017, Dian)

De acuerdo con el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, las disposiciones del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE– fueron derogados a partir del período gravable 2017. Sin embargo, las declaraciones tanto de autorretención como del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE– que corresponden al año 2016 y anteriores, deben ser presentadas en los plazos señalados por el gobierno nacional. Así las cosas, si una operación realizada en 2016 se rescinde en enero de 2017, deberán ajustarse los correspondientes registros contables del contribuyente para que al elaborar la declaración del CREE por este año –que debe ser presentada en 2017–, estos no se incluyan.

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Comercial

Procedencia de reunión universal ante fallecimiento de uno de los socios

(Oficio 220-000403, enero 03 de 2018, Superintendencia de Industria y Comercio)

La Supersociedades precisa que, ante el fallecimiento de uno de los accionistas, las acciones a su nombre pasan a integrar la sucesión ilíquida, y por tanto, para que en esas circunstancias proceda la realización de una reunión universal de la asamblea, será necesario que aquella se encuentre debidamente representada en la respectiva sesión. Cabe señalar que, el Código de Comercio determina que si una o más acciones pertenecen proindiviso a varias personas, estas designarán a quien ejercitará los derechos inherentes a las mismas, y el albacea con tenencia de bienes representará las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. Siendo varios los albaceas, designarán un solo representante salvo que uno de ellos fuese autorizado por el juez para tal efecto. A falta de albacea, llevará la representación la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio.

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Comercial

Modificación de facultades del representante legal de la compañía implica reforma estatutaria

(Oficio 220-293527, diciembre 21 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que, en el evento que la compañía decida ampliar las facultades que le hubiesen sido restringidas al representante legal de la misma o eliminarlas, deberá proceder no solo a la reforma estatutaria sino a inscribirla en la Cámara de Comercio del domicilio social. Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, las reformas estatutarias deberán ser aprobadas por la asamblea con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos, la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. En caso de que se omitan los requisitos antes señalados, además de la sanción legal consistente en la no vinculación del mandante por los actos del mandatario cumplidos en exceso de sus funciones, podría conllevar a su representante legal a la sanción prevista en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, consistente en multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia, la ley o los estatutos.

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Comercial

Implicaciones para una entidad que realiza operaciones de libranza y de factoring en simultáneo

(Oficio 220-285520, diciembre 19 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

Si una sociedad pretendiera realizar operaciones de libranza o descuento directo de manera habitual y profesional al tiempo que deseara realizar, en esas condiciones, operaciones conexas de factoring, quedaría por razón de la materialidad de las operaciones indicadas, sometida al cumplimiento de las disposiciones que rigen las dos actividades principales mencionadas, independientemente que incorpore como vehículo un patrimonio autónomo. Sin perjuicio de lo anterior, se presentaría en ese evento un conflicto para consolidar en cabeza de un mismo originador, la condición de operador de libranza o descuento directo, y la de factor, frente a una misma operación, dada la incompatibilidad que se genera al realizar primero el cobro de los títulos en beneficio propio y luego en beneficio de un tercero.

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Tributaria

Causación del impuesto de avisos y tableros no está supeditada al lugar en que se encuentra la sede fabril

(Concepto 039135, diciembre 13 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Respecto a si un contribuyente se rehúsa a pagar el impuesto bajo el argumento de que los avisos no están instalados en el lugar en el que realizan su actividad industrial, el Ministerio de Hacienda señala que de acuerdo con el literal k) del artículo 1 de la ley 97 de 1913 y a los pronunciamientos jurisprudenciales, la colocación de avisos que causa el impuesto, no está supeditada a que coincida con el lugar en el que se encuentra ubicada la sede fabril. Es decir, el hecho de que los avisos se encuentren ubicados en lugares distintos al de la sede fabril, no lo excluye del hecho generador el impuesto complementario de avisos y tableros.

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Comercial

Reparación del bien como garantía también es un derecho del productor y/o proveedor

(Sentencia 00000111, enero 03 de 2018, Superintendencia de Industria y Comercio)

Para hacer efectiva la garantía del bien, la Ley 1480 de 2011 plantea como primera medida, la obligación de repararlo y dejarlo en perfectas condiciones de uso. Este es un derecho del consumidor, pero también es un derecho del productor o expendedor; en muchas situaciones los consumidores exigen la devolución del dinero o el cambio del producto al primer defecto que se presente, sin permitirle al garante la reparación del mismo. Por ello, la ley previó la posibilidad de que sea reparado, a no ser que no sea posible su arreglo. Respecto de la reparación, debe tenerse en cuenta que esta debe ser totalmente gratuita, por tanto, no podrá cobrarse por repuestos, ni por mano de obra, o incluso transporte en caso de que el bien tenga que ser llevado a algún sitio especial para su reparación.

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Tributaria

Recuerdan los elementos estructurales de la contribución sobre contratos de obra pública

(Concepto 039879, noviembre 23 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

En relación con la contribución sobre contratos de obra pública, es necesario dar un repaso a lo normado por el inciso primero del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, de cuyo análisis se deduce que la contribución sobre contratos de obra pública tiene como elementos estructurales los siguientes: su hecho generador es la suscripción de contratos de obra pública con entidades de derecho público; el sujeto activo responsable de su recaudo será la entidad pública contratante y el sujeto activo beneficiario será la nación o la entidad territorial a la que pertenezca la entidad pública contratante (en algunos casos uno y otro son idénticos). Dicho esto, la base gravable será el valor total del contrato y la tarifa será del 5%. Cabe destacar que en lo que hace a la sujeción pasiva, el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 se refiere de manera genérica a “todas las personas naturales o jurídicas” con la cual la entidad pública suscriba el contrato de obra pública, sin hacer distinción alguna respecto de la naturaleza de la entidad que funge como contratista. En consecuencia, si una persona jurídica particular sin ánimo de lucro que funge como contratista, estará sujeta a la contribución del 5% sobre contratos de obra pública de que trata la norma objeto de examen, y en tal virtud corresponderá a la entidad pública que actúe como extremo contratante, como sujeto activo, efectuará el descuento en los términos del artículo 121 de la Ley 418 de 1997.

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Tributaria

Término para presentar la solicitud de declaratoria de prescripción de la acción de cobro

(Concepto 039376, noviembre 20 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

El término de prescripción de la acción de cobro se cuenta a partir de la fecha en que la respectiva declaración o acto administrativo presta mérito ejecutivo. Así las cosas, una vez agotada la etapa de determinación oficial del tributo, es decir, la constitución del título ejecutivo, y una vez ejecutoriado y en firme, empieza a contarse el término de prescripción de cinco años. Transcurridos los cinco años y ante la inacción por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente podrá solicitar la declaratoria de la prescripción. De esta forma, lo que se prescribe es la facultad de la administración para iniciar el procedimiento administrativo de cobro coactivo.

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Comercial

Liquidador debe entregar directamente a los acreedores bienes adjudicados del deudor concursado

(Oficio 220-249195, noviembre 14 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que la Ley 1116 de 2006, la cual contiene el régimen de insolvencia empresarial, no estableció en manera alguna que en la diligencia de entrega de bienes a los acreedores, cualquier persona pudiera oponerse a la misma, como sí lo hizo respecto de la diligencia de embargo o secuestro de bienes dentro de un proceso de ejecución y de cobro contra un deudor implicado. Igualmente, señala que le corresponde al liquidador, entregar directamente a los acreedores los bienes de propiedad de un deudor concursado que fueron adjudicados; y que no existe posibilidad alguna de que el mencionado auxiliar de la justicia pueda hacer la entrega de tales bienes por conducto de comisionado, ya sea por una inspección de policía o un juzgado civil o promiscuo, máxime si se tiene en cuenta que la ley no previó dicha posibilidad.

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Comercial

Aprobación del plan de readquisición de acciones requiere mayoría consagrada en los estatutos

(Oficio 220-241440, noviembre 07 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

De acuerdo con el artículo 396 del Código de Comercio, la readquisición de acciones supone, además de lo concerniente al pago, la adopción de dos decisiones interrelacionadas: 1) la de adquirir las propias acciones por parte de la sociedad, adoptada expresamente por la asamblea de accionistas con la mayoría prevista en los estatutos o en el artículo 68 de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995, y 2) la de enajenar las acciones por parte de cada una de las personas naturales o jurídicas titulares de las mismas, en ejercicio de su autonomía negocial. Así las cosas, la decisión de la asamblea general de readquirir acciones es un acto unilateral emanado de una sola persona (sociedad); para lograr ese objetivo es necesario entonces la ejecución de otro acto de contenido bilateral, como es la celebración de un contrato de compraventa con uno o varios accionistas. Por ello, no es dable confundir esa decisión del máximo órgano con el consentimiento que los asociados deberán expresar al momento de celebrar la negociación correspondiente cuando se pongan de acuerdo sobre cosa y precio.

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Estándares Internacionales

Contabilización de activos biológicos y productos cosechados de entidades del grupo 2

(Concepto 825, septiembre 26 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

La contabilización de los activos biológicos y productos cosechados de una entidad del grupo 2, se deberá realizar considerando lo establecido en la sección 34 del marco técnico normativo para pymes. La medición de los activos se deberá hacer por el modelo del costo (párrafos 34.8 a 34.10), o por el modelo del valor razonable si el cálculo es fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado (párrafos 34.4 a 34.7). Los productos cosechados en el punto de cosecha, se medirán por el valor razonable menos los costos estimados de venta; y el valor razonable menos los costos estimados de venta formarán el costo de los inventarios cuando estos cumplan los requisitos para ser reconocidos como inventarios.

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Comercial

En relaciones de consumo es posible pactar penalidades por arrepentimiento de quienes contratan

(Concepto 17147507, julio 14 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que las penalidades establecidas en relación con los desistimientos de los contratos, serán las que las partes hayan acordado de manera clara en el correspondiente convenio. En caso de tratarse de contratos considerados como de adhesión, deberá garantizarse que se suministre al consumidor la información suficiente que le permita la toma de la decisión. Así mismo, cabe recordar que dentro de las relaciones de consumo es posible pactar penalidades por arrepentimiento entre quienes contratan, siempre y cuando se observen las normas que regulan lo relacionado con las cláusulas prohibidas y las cláusulas abusivas. A su vez, la valoración de si una cláusula es abusiva o no, se dará dentro de un proceso que así lo determine y no mediante un concepto, pues este último, no constituye un medio viable para pronunciarse al respecto.

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Laboral

Derecho a la estabilidad laboral reforzada protege a empleados que tenga afectación en su salud

(Sentencia T-589, septiembre 21 de 2017, Corte Constitucional)

La jurisprudencia constitucional ha considerado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada, no se predica únicamente de las personas en situación de invalidez, sino de todos aquellos que tengan una afectación en su salud, que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, y se tema que, en esas condiciones particulares, puedan ser discriminados por ese solo hecho. El derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada impone al empleador la obligación de respetar el procedimiento preestablecido para terminar el contrato de trabajo de una persona que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta. De esta manera, si el empleador omite dicho procedimiento, recae sobre él una presunción de despido sin justa causa y por tal discriminatorio, en razón a que se sospecha que la terminación del contrato se fundó en la enfermedad del trabajador y se traslada al empleador la carga de la prueba, correspondiéndole demostrar que la desvinculación no se dio con ocasión de la disminución física, sensorial o psíquica del empleado y, por ende, se ajustó al ordenamiento jurídico. No obstante, esta Corte Constitucional ha indicado que el trabajador tiene el deber de informar al empleador sobre su situación de salud, pues en el supuesto de omitir comunicar tal información no opera la presunción de discriminación que recae en cabeza del empleador.

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Laboral

Recuerdan los requisitos para acceder a la pensión de invalidez

(Sentencia T-563, septiembre 04 de 2017, Corte Constitucional)

Los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 señala que se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Por su parte, el artículo 39 de la misma ley establece que el afiliado al sistema que sea declarado inválido por causa de enfermedad deberá haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, para acceder a la pensión de invalidez. En caso de que la invalidez haya sido causada por accidente, el afiliado deberá haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. Cuando la invalidez sea declarada a un menor de 20 años, solo deberá acreditar la cotización de veintiséis semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

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Laboral

Reconocimiento de la pensión de vejez bajo acumulación de tiempos en sector público y privado

(Sentencia T-508, agosto 04 de 2017, Corte Constitucional)

Al revisar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto del reconocimiento de la pensión de vejez de una trabajadora, bajo acumulación de tiempos entre diversos regímenes, la Corte Constitucional precisa que en la jurisprudencia constitucional está claro que debe operar la acumulación de semanas cotizadas en el sector público y en el sector privado para el reconocimiento de la pensión de vejez de aquellas personas que son beneficiarias del régimen de transición y que solicitan la aplicación del Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, es preciso aclarar que cuando dicha acumulación se pretende sobre las semanas laboradas en el sector público, pero respecto de la cuales no se efectuó ninguna cotización o no se realizó el correspondiente descuento, la sala plena considera que la circunstancia de no haberse realizado las cotizaciones, no implica que no pueda aplicarse la misma regla jurisprudencial de acumulación antes señalada. Lo anterior, por cuanto antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en los casos de los empleados de entidades públicas, eran estas las que asumían la carga pensional y exoneraban a los trabajadores del pago de las prestaciones.

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Liquidadores

Liquidación de Cesantías e Intereses de Cesantías

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$
sin puntos ni comas
Entre 1 y 360 días

Información general

Salario mínimo legal vigente $ 781.242
Salario mínimo integral vigente $ 10.156.146
Auxilio de transporte $ 88.211
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 33.156

Liquidador de la Prima Legal de Servicios Semestral


Conózca más sobre la prima legal de servicios
Conózca las fórmulas para Liquidación de la Prima

$
sin puntos ni comas
Entre 1 y 180 días


Información general

Salario mínimo legal vigente $ 781.242
Salario mínimo integral vigente $ 10.156.146
Auxilio de transporte $ 88.211
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 33.156

Este simulador te ayudará a calcular el valor de la liquidación
de las vacaciones de tus empleados.

Conózca más sobre las vacaciones
Conózca las fórmulas para Liquidación de Vacaciones

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sin puntos ni comas
Entre 1 y 360 días


Información general

Salario mínimo legal vigente $ 781.242
Salario mínimo integral vigente $ 10.156.146
Auxilio de transporte $ 88.211
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 33.156

Este simulador te ayudará a calcular el valor unitario de las horas Nocturnas,
Extras Diurnas/Nocturnas y Dominicales/Festivos de tus empleados.

Conózca más sobre las horas extras
Conózca las fórmulas para Liquidación de Horas extras

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Información general

Salario mínimo legal vigente $ 781.242
Salario mínimo integral vigente $ 10.156.146
Auxilio de transporte $ 88.211
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 33.156

Este simulador te ayudará a calcular el valor de los Aportes y Descuentos
de Nómina de Empleados del Servicio Doméstico.

Conózca más sobre la nómina para el servicio doméstico

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Información general

Salario mínimo legal vigente $ 781.242
Salario mínimo integral vigente $ 10.156.146
Auxilio de transporte $ 88.211
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 33.156
 
A diciembre 31 de 2013
Es decir, ¿capta y coloca recursos financieros en el público?
NOTA: Las entidades de "interés público" son las que se mencionan explícitamente en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 3024 de 2013. No se es de "interés público" porque se presten servicios públicos como el de energía, gas, educación, salud o transporte, ni porque se vendan servicios al público. Debe estar especificada en el Decreto y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por favor responda si cumple además las siguientes condiciones:

NIIF - NAI Oficiales

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- y las Normas de Aseguramiento de la Información -NAI- se hicieron públicas en Colombia con el permiso de la Fundación IFRS, por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en colaboración con el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

Para acceder a la traducción oficial de los estándares puede ingresar a los siguientes enlaces:

Fundación IFRS: NIC y NIIF

Traducción al español de las Normas Internacionales de Información Financiera y sus interpretaciones.

Enlace: http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/login.php

IFAC: NAI

Norma Internacional de Auditoría, Norma Internacional de Control de Calidad, Norma Internacional sobre Compromisos de Revisión, Norma Internacional para Compromisos de Aseguramiento, Norma Internacional sobre Servicios Relacionados o al Glosario de Términos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

Enlace: http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/ifac/login.php

 

*La consulta solo está disponible para usuarios registrados. Si es la primera vez que ingresa, haga clic en el botón “registrarme” y siga los pasos indicados.

Indicadores y cifras relevantes

Impuesto de Renta personas jurídicas
(artículo 240 del ET, modificado por artículo 100, Ley 1819 de 2016)
2018 33 %
2017 34 %
Sobretasa del impuesto de renta personas jurídicas
(artículo 240 del ET, modificado por artículo 100, Ley 1819 de 2016)
Sobre el exceso de $800.000.000
de Renta líquida gravable
Año 2017
6 %
Año 2018
4 %
Sanción Mínima
(artículo 639 del E.T.)
2018 $332.000
2017 $319.000
2016 $298.000
2015 $283.000
UVT
(Resolución 000063 de 2017)
2018 $33.156
2017 $31.859
2016 $29.753
2015 $28.279
2014 $27.485
IVA
19 %
RETEIVA
15 %
Tributación en renta diferentes al 33 % en el 2018
Beneficiarios de la Ley 1429 de 2010 9 %
Servicios hoteleros hoteles remodelados 9 %
Servicios de ecoturismo 9 %
Leasing de inmuebles construidos para vivienda 9 %
Cultivos de tardío rendimiento (artículo 1 de la Ley 939 de 2004) 9 %
Empresas editoriales 9 %
Nuevos hoteles en municipios de hasta 200.000 habitantes 9 %
Hoteles remodelados en municipios de hasta 200.000 habitantes 9 %
Usuarios de nuevas zonas francas municipio de Cúcuta 15 %
Usuarios de zonas francas operadores y usuarios 20 %
Entidades régimen tributario especial 20 %
Cooperativas 20 %
Ganancias ocasionales 10 %
Ganancias ocasionales por premios rifas 20 %
Cédulas para declarar renta personas naturales 2017 en adelante
Rentas de trabajo (tabla 1 del artículo 241 del ET)
Renta de pensiones (tabla 1 del artículo 241 del ET)
Rentas de capital (tabla 2 del artículo 241 del ET)
Rentas no laborales (tabla 2 del artículo 241 del ET)
Renta por dividendos o participaciones (artículo 242 del ET)
Impuesto a la Riqueza - Personas Naturales
(artículo 296-2 del ET adicionado por el artículo 5 de la Ley 1739 de 2014)
2015 a 2018 - Base gravable (cifras en miles)
> 0 y < 2.000.000 0,125 %
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0,35 %
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0,75 %
>= 5.000.000 en adelante 1,50 %
IPC
(Ver tabla)
2016 5,75 %
2015 6,77 %
2014 3,66 %
2013 1,94 %
2012 2,44 %
Reajuste fiscal

Decreto 2169 de 2017

Para actualización de activos en la declaración de renta por el año gravable 2017 a presentar en 2018.

4,07 %
Tasa de Interés - Dian

Artículo 635 del ET (su inciso segundo fue modificado por el artículo 279 de la Ley 1819 de 2016)

Tasa aplicable a las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian–

Entre el 1 y 31 de diciembre del 2017 29,16 %
Entre el 1 y 31 de enero de 2018 29,04 %
Interés Bancario Corriente - Superfinanciera
Consumo y Ordinario
Entre el 1 y 31 de diciembre del 2017 20,77 %
Entre el 1 y 31 de enero de 2018 20,69 %
Microcrédito
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 36,76 %
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018 36,78 %
Consumo bajo monto
Entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 37,55 %
Tasa de Usura - Superfinanciera
Consumo y Ordinario
Entre el 1 y 31 de diciembre del 2017 31,16 %
Entre el 1 y 31 de enero de 2018 31,04 %
Microcrédito
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 55,14 %
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018 55,17 %
Consumo bajo monto
Entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 56,33 %
Contribuyentes no obligados a declarar renta por el año gravable 2017
La persona natural queda exonerada de presentar la declaración del impuesto sobre la renta si durante el año gravable 2017 no fue responsable de IVA en el régimen común y, además, cumple con la totalidad de los siguientes 5 requisitos:
Requisito UVT $31.859 Valor
Patrimonio bruto a diciembre 31 no exceda 4.500 $ 143.366.000
Ingresos brutos a diciembre 31 inferiores a 1.400 $ 44.603.000
Consumos con tarjeta de crédito no excedan 1.400 $ 44.603.000
Compras y consumos totales del año no excedan 1.400 $ 44.603.000
Consignaciones, depósitos, o inversiones no excedan 1.400 $ 44.603.000
Salario integral
2018 $ 10.156.146
2017 $ 9.590.321
2016 $ 8.962.915
2015 $ 8.376.550
2014 $ 8.008.000
Salario Mínimo Legal
(Decreto 2269 de diciembre 30 de 2017)
2018 $ 781.242
2017 $ 737.717
2016 $ 689.455
2015 $ 644.350
2014 $ 616.000
Auxilio de Transporte
(Decreto 2270 de diciembre 30 de 2017)
2018 $ 88.211
2017 $ 83.140
2016 $ 77.700
2015 $ 74.000
2014 $ 72.000
Salud (aportes)
Para aquellas empresas que cumplen para
la exoneracion al Sistema de Seguridad
Social en Salud no aplica la tarifa de la
empresa
Total: 12.5 %
Empresa: 8.5 %
Trabajador 4 %
Pensión (aportes)
Total: 16 %
Empresa: 12 %
Trabajador: 4 %
Parafiscales
(aplica a salarios superiores a 10 SMLMV)
Sena: 2 %
ICBF: 3 %
C.Compens.Fam.: 4 %
Recargos
Extra Diurna: +25 %
Nocturna: +35 %
Extra Nocturna: +75 %
Dominical: +75 %
Extra Dominical: +100 %
Extra Dominical Nocturna: +150 %