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Artículo destacado

Tributaria

UVT que regirá en el 2018 será de $33.156

(Resolución 000063, noviembre 14 de 2017, Dian)

Luego de obtener la certificación de la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios entre el 1 de octubre de 2016 y el 1 de octubre de 2017 por parte del DANE, la cual fue de 4,07%, y en cumplimiento de lo establecido en el inciso tercero del artículo 868 del ET, que establece que le corresponde al Director General de la DIAN publicar mediante resolución antes del 1 de enero de cada año el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente; este expidió la Resolución 000063 del 14 de noviembre de 2017 mediante la cual estableció la UVT aplicable para el 2018, en $33.156. Cabe precisar que este valor se calcula teniendo en cuenta que la UVT de 2017 que equivale a $31.859, se reajusta en un 4,07 %, porcentaje que corresponde al incremento del índice de precios al consumidor –IPC– de ingresos medios calculado por el Dane para el período comprendido entre octubre 01 de 2016 y octubre 01 de 2017.

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Laboral

Recuerdan los requisitos para acceder a la pensión de invalidez

(Sentencia T-563, septiembre 04 de 2017, Corte Constitucional)

Los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 señala que se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Por su parte, el artículo 39 de la misma ley establece que el afiliado al sistema que sea declarado inválido por causa de enfermedad deberá haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, para acceder a la pensión de invalidez. En caso de que la invalidez haya sido causada por accidente, el afiliado deberá haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. Cuando la invalidez sea declarada a un menor de 20 años, solo deberá acreditar la cotización de veintiséis semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

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Comercial

Crean la ventanilla única empresarial –VUE– para simplificar y automatizar trámites empresariales

(Decreto 1875, noviembre 17 de 2017, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1875 del 17 de noviembre de 2017, que adiciona un capítulo al título 2 de la parte 2 del libro 2 el Decreto 1074 de 2015, con el cual se establece, entre otros, la definición y alcance de la ventanilla única empresarial, señalando que ésta tiene como objetivo promover y facilitar la actividad empresarial en el país a través de la simplificación y automatización de trámites, la cual contará con una plataforma web que canalizará los trámites mercantiles, tributarios y de seguridad social para la apertura de empresa, e incorporará de forma progresiva diferentes tramites relacionado con la actividad empresarial. La ventanilla única empresarial contará con un comité de articulación público-privado cuyo objetivo será propender por la interacción y alineación entre las entidades miembros para definir objetivos, prioridades de integración de trámites y planes comunes en materia de simplificación para el desarrollo de la actividad empresarial.

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Laboral

Derecho a la estabilidad laboral reforzada protege a empleados que tenga afectación en su salud

(Sentencia T-589, septiembre 21 de 2017, Corte Constitucional)

La jurisprudencia constitucional ha considerado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada no se predica únicamente de las personas en situación de invalidez, sino de todos aquellos que tengan una afectación en su salud, que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, y se tema que, en esas condiciones particulares, puedan ser discriminados por ese solo hecho. El derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada impone al empleador la obligación de respetar el procedimiento preestablecido para terminar el contrato de trabajo de una persona que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta. De esta manera, si el empleador omite dicho procedimiento recae sobre él una presunción de despido sin justa causa y por tal discriminatorio, en razón a que se sospecha que la terminación del contrato se fundó en la enfermedad del trabajador y se traslada al empleador la carga de la prueba, correspondiéndole demostrar que la desvinculación no se dio con ocasión de la disminución física, sensorial o síquica del empleado y, por ende, se ajustó al ordenamiento jurídico. No obstante, esta Corte Constitucional ha indicado que el trabajador tiene el deber de informar al empleador sobre su situación de salud, pues en el supuesto de omitir comunicar tal información no opera la presunción de discriminación que recae en cabeza del empleador.

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Laboral

Reconocimiento de la pensión de vejez bajo acumulación de tiempos en sector público y privado

(Sentencia T-508, agosto 04 de 2017, Corte Constitucional)

Al revisar sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto del reconocimiento de la pensión de vejez de una trabajadora, bajo acumulación de tiempos entre diversos regímenes; la Corte Constitucional precisa que en la jurisprudencia constitucional está claro que debe operar la acumulación de semanas cotizadas en el sector público y en el sector privado para el reconocimiento de la pensión de vejez de aquellas personas que son beneficiarias del régimen de transición y que solicitan la aplicación del Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, es preciso aclarar que cuando dicha acumulación se pretende sobre las semanas laboradas en el sector público pero respecto de la cuales no se efectuó ninguna cotización o no se realizó el correspondiente descuento, la sala plena considera que la circunstancia de no haberse realizado las cotizaciones no implica que no pueda aplicarse la misma regla jurisprudencial de acumulación antes señalada. Lo anterior, por cuanto antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en los casos de los empleados de entidades públicas, eran estas las que asumían la carga pensional y exoneraban a los trabajadores del pago de las prestaciones.

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Comercial

En relaciones de consumo es posible pactar penalidades por arrepentimiento de quienes contratan

(Concepto 17147507, julio 14 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que, las penalidades establecidas en relación con los desistimientos de los contratos serán las que las partes hayan acordado de manera clara en el correspondiente convenio, y en caso de tratarse de contratos que son considerados como de adhesión, deberá garantizarse que se suministre toda la información al consumidor que le permita la toma de la decisión. Cabe recordar que, dentro de las relaciones de consumo es posible pactar penalidades por arrepentimiento entre quienes contratan, pero observando las normas que regulan lo relacionado con las cláusulas prohibidas y las cláusulas abusivas; la valoración de si una cláusula es abusiva o no, se dará dentro de un proceso que así lo determine y no mediante un concepto, pues este último no constituye un medio viable para pronunciarse la respecto.

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Comercial

Aprobación del plan de readquisición de acciones requiere mayoría consagrada en los estatutos

(Oficio 220-241440, noviembre 07 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

De acuerdo con el artículo 396 del Código de Comercio, la readquisición de acciones supone, además de lo concerniente al pago, la adopción de dos decisiones interrelacionadas: 1) la de adquirir las propias acciones por parte de la sociedad, adoptada expresamente por la asamblea de accionistas con la mayoría prevista en los estatutos o en el artículo 68 de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995, y 2) la de enajenar las acciones por parte de cada una de las personas naturales o jurídicas titulares de las mismas, en ejercicio de su autonomía negocial. Así las cosas, la decisión de la asamblea general de readquirir acciones es un acto unilateral emanado de una sola persona (sociedad); para lograr ese objetivo es necesario entonces la ejecución de otro acto de contenido bilateral, como es la celebración de un contrato de compraventa con uno o varios accionistas. Por ello, no es dable confundir esa decisión del máximo órgano con el consentimiento que los asociados deberán expresar al momento de celebrar la negociación correspondiente, cuando se pongan de acuerdo sobre cosa y precio.

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Comercial

Liquidador debe entregar directamente a los acreedores bienes adjudicados del deudor concursado

(Oficio 220-249195, noviembre 14 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que la Ley 1116 de 2006, la cual contiene el régimen de insolvencia empresarial, no estableció en manera alguna que en la diligencia de entrega de bienes a los acreedores, cualquier persona pudiera oponerse a la misma, como si lo hizo respecto de la diligencia de embargo u secuestro de bienes, dentro de un proceso de ejecución y de cobro contra un deudor implicado. Asimismo, señala que le corresponde al liquidador entregar directamente a los acreedores los bienes de propiedad de un deudor concursado que fueron adjudicados; no existe posibilidad alguna de que el mencionado auxiliar de la justicia pueda hacer la entrega de tales bienes por conducto de comisionado, ya sea por una inspección de policía o un juzgado civil o promiscuo, máxime si se tiene en cuenta que la ley no previó dicha posibilidad.

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Estándares Internacionales

Contabilización de activos biológicos y productos cosechados de entidades del grupo 2

(Concepto 825, septiembre 26 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

La contabilización de los activos biológicos y productos cosechados de una entidad del grupo 2, se deberá realizar considerando lo establecido en la sección 34 del marco técnico normativo para pymes. La medición de los activos se deberá hacer por el modelo del costo (párrafos 34.8 a 34.10), o por el modelo del valor razonable si el cálculo es fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado (párrafos 34.4 a 34.7). Los productos cosechados en el punto de cosecha se medirán por el valor razonable menos los costos estimados de venta; el valor razonable menos los costos estimados de venta formarán el costo de los inventarios, cuando estos cumplan los requisitos para ser reconocidos como inventarios.

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Tributaria

Zonas de cesión incorporadas al espacio público se encuentra excluidas del impuesto predial unificado

(Concepto 013469, mayo 08 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

En lo referente al impuesto predial unificado de las zonas de cesión incorporadas al espacio público, los artículos 2.2.6.1.4.6 y 2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015 establecen que a partir del año en que, a primero de enero, la zona cedida se encuentre incorporada al espacio público, de acuerdo con la inscripción de la escritura pública de constitución de urbanización, el predio pasa a ser propiedad del municipio y en tales condiciones estará excluido del impuesto predial unificado de acuerdo con el artículo 170 del Decreto Ley 1333 de 1986. Ahora bien, si se trata de predios que han sido destinados al uso público pero que aún son de propiedad de una persona natural o jurídica o sociedad de hecho, estos no son objeto de la exclusión del impuesto predial unificado, pues en los términos del artículo 674 del Código Civil, los bienes públicos son aquellos cuyo dominio pertenece a la república.

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Comercial

Cesión de cuotas sociales en sociedad de responsabilidad limitada

De acuerdo con los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio, el socio que pretenda ceder sus cuotas debe ofrecerlas primero a los demás socios; si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas ni se obtiene la autorización de la mayoría de los socios para el ingreso de un extraño, la sociedad está obligada a presentar por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días siguientes a la petición del presunto cedente, una o más personas que las adquieran”, y si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión “los demás socios optarán entre disolver las sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas. Lo anterior significa que, si no hay un interesado en adquirir las cuotas sociales o la cesión no se perfecciona dentro de los términos estipulados, los demás socios, esto es, quienes conservan el ‘animus societatis’, con independencia del porcentaje del capital que posean en la sociedad, tienen la potestad de decidir el futuro de ente jurídico; es decir que, tanto la disolución por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social, como la exclusión de los socios con la consiguiente disminución del capital social con efectivo reembolso de aportes, debe ser adoptada por la mayoría establecida en los estatutos o en la ley, pero no referida a todo el capital social sino solamente a las cuotas sociales que detenten los socios interesados en permanecer en la sociedad.

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Comercial

Pérdida de garantía mobiliaria sobre acciones de sociedad que entra en liquidación

(Oficio 220-245528, noviembre 10 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que la omisión del acreedor prendario consistente en no ejecutar la garantía mobiliaria sobre las acciones de propiedad de uno de los socios antes de la inscripción de la cuenta final de liquidación, estando obligado a ello, a pesar de tener conocimiento de la situación de la sociedad, por ostentar los derechos inherentes a la calidad de accionista que le fueron conferidos en el contrato de prenda, traería consigo la pérdida de la garantía por desaparición de la persona jurídica de cuyo capital social hacían parte dichas acciones, pues este hecho corresponde a la “destrucción completa de la cosa empeñada” a que hace referencia el artículo 2431 del Código Civil, y, en consecuencia, el otrora acreedor prendario mutaría su calidad a la de acreedor quirografario. Así las cosas, si en el contrato de prenda no se consagró nada sobre el pago de la obligación garantizada en caso de liquidación de la sociedad o en torno a la entrega de los remanentes de la liquidación al acreedor prendario, y este último tampoco adelantó la ejecución de la garantía mobiliaria, el liquidador deberá hacer entrega de los bienes que correspondan al propietario de las acciones, quien continuará como responsable del pago de la acreencia.

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Contable

Reconocimiento contable de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias en las copropiedades

(Concepto 840, septiembre 27 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El CTCP recuerda que las cuotas ordinarias pagadas en una copropiedad deben ser reconocidas como ingresos en la fecha en que ellas sean exigibles, y en ellas se incluye lo correspondiente al fondo de imprevistos. En cuanto a las cuotas extraordinarias, indica que deben ser reconocidas como ingresos cuando se cumplen las condiciones impuestas para su uso, inicialmente deben ser registradas como ingresos diferidos y cuando se cumplen las condiciones se reconocen como ingresos. Respecto a los intereses de mora, precisa que se deben causar de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 675 de 2001. Cabe señalar que el CTCP emitió la orientación técnica No. 15 – Copropiedades de Uso Residencial o Mixto, en la cual explica ampliamente la forma de reconocer las expensas comunes ordinarias y extraordinarias.

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Comercial

Terceros pueden utilizar una marca registrada sin el consentimiento del dueño si actúan con buena fe

(Concepto 17192660, agosto 04 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que los terceros tienen la capacidad y pueden utilizar una marca registrada sin el consentimiento del dueño, siempre y cuando dicha acción se dé bajo los parámetros de la buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, teniendo en cuenta que el registro de la maraca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso de igual manera sea en base a las medidas mencionados anteriormente.

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Comercial

Proveedor debe fijar precio de venta al público en pesos colombianos

(Concepto 17169932, julio 25 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

Respecto a la información pública de precios, la Superintendencia de Industria y Comercio precisa que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, los proveedores se encuentran obligados a informar al consumidor, en pesos colombianos, el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos. Frente a la fijación de precios en moneda diferente al peso, por parte de empresas vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, solo será legal cuando dicha superintendencia haya impartido instrucciones al respecto, lo que aun no ha ocurrido.

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Estándares Internacionales

Explican contabilización de las primas de seguros financiadas con pagarés

(Concepto 868, octubre 09 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El CTCP precisa que para la contabilización de las primas de seguros financiadas con pagarés, se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos para los instrumentos financieros, según el marco de información financiera que resulte aplicable. En los anexos técnicos 1, 2 o 3 del Decreto 2420 de 2015 y en otras normas que lo adicionan, modifican o sustituyen, se establecen directrices generales para la contabilización de los activos y pasivos financieros. Le corresponderá a cada entidades establecer el marco de información financiera aplicable y definir a partir de este las políticas contables para la contabilización de las primas financiadas y acuerdos de pagos. Respecto a si es posible realizar homologación de cuentas de la aseguradora para la agencia, el CTCP indica que el nuevo marco técnico contable no establece ninguna codificación para el registro contable de las transacciones económicas, por lo que es potestad de cada entidad definir su propia codificación para el ordenamiento contable interno.

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Comercial

Libertad en fijación de precios tiene límite en normas sobre prácticas restrictivas de libre competencia

(Concepto 17298137, septiembre 20 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

La fijación de precios es libre en Colombia, en virtud del derecho a la libertad económica consagrado en la Constitución Política de 1991, y responde a la estructura de costos y márgenes de cada empresa, al igual que a la relación de oferta y demanda de los mercados. Sin embargo, existen excepciones reguladas legalmente, en las cuales el Estado puede entrar a determinar los precios o establecer límites a los mismos. De la misma manera, la libertad de fijación de precios tiene un límite en las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, donde los precios que se fijen no pueden: 1) fijarse directa o indirectamente con un fin contrario a la libre competencia, 2) fijarse por debajo de los costos cuando el objeto de este precio sea eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada de éstos, y 3) fijarse para influenciar a una empresa para o bien subir o bajar sus precios y obtener beneficios de esto.

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Comercial

Explican causales de exoneración de la obligación de hacer efectiva la garantía

(Concepto 17288010, septiembre 13 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

De acuerdo con el Estatuto del Consumidor, el proveedor o productor está obligado a hacer efectiva la garantía ante las fallas de calidad e idoneidad de los productos que ponen en circulación en el mercado. En toda reclamación para que se haga efectiva la garantía, debe considerarse el nexo causal entre la falla (daño) y la causa que la originó, pues en caso de no existir, no habrá lugar a hacer efectiva la garantía. De modo que si las fallas del bien que fundamentan el reclamo del consumidor obedecen al no cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad que deben ser garantizadas por el productor y/o proveedor, el consumidor podrá solicitar la efectividad de garantía, teniendo presente que las únicas causales de exoneración de responsabilidad son: la fuerza mayor; el caso fortuito no sobrevenido por culpa del obligado; el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado; el hecho de un tercero ligado o no al productor mediante relación de trabajo o contractual de cualquier clase y, el no seguimiento de las instrucciones impartidas por el productor. Por el contrario, si la falla no se relaciona con dicho incumplimiento, no existirá la obligación de hacer efectiva la garantía.

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Estándares Internacionales

Manejo contable de las cuotas extraordinarias destinadas a construcción de nuevos bienes comunes

(Concepto 899, octubre 23 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

De acuerdo con la Orientación Técnica No. 15 “Copropiedades de uso residencial o mixto”, cuando las cuotas extraordinarias tengan como objetivo la construcción o compra de nuevos bienes comunes, esenciales y no esenciales, que no han sido desafectados, o la mejora de los bienes ya existentes, estas se consideran contribuciones temporalmente restringidas y su manejo depende del método de contabilidad que aplique la entidad (el método diferido o la contabilidad de fondos); por tanto, además de generar el registro contable correspondiente como pasivo (ingreso diferido), este debe realizarse de manera individual por cada copropietario a fin de poder efectuar el control sobre los valores pagados y adeudados por dicho concepto. En el momento en que se cumplan los requisitos, la copropiedad deberá realizar la amortización del pasivo (ingresos ordinarios) afectando el ingreso de actividades ordinarias y de forma simultánea reconociendo el gasto o activo según corresponda, para lo cual no es necesario realizar el registro correspondiente uno a uno.

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Comercial

Liquidador es responsable solidariamente por los perjuicios causados por omisión en sus deberes

(Oficio 220-230734, octubre 20 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

Si al momento de la liquidación de una sociedad existe una obligación litigiosa, el liquidador debe constituir una reserva para atenderla cuando ésta se haga exigible, so pena de hacerse solidaria e ilimitadamente responsable por los perjuicios que cause con dicha omisión, responsabilidad que se podrá hacer valer hasta por cinco años contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación por parte del máximo órgano social, lo que significa que si el liquidador no cumple con las citadas obligaciones, el demandante del proceso en el que se discuta la obligación litigiosa, puede iniciar posteriormente un proceso judicial autónomo e independiente contra el liquidador, solicitando que este sea condenado a pagar perjuicios, en cuyo caso el límite de su responsabilidad se fija con base en los activos sociales que haya recibido. No obstante, cabe señalar que el hecho de que la ley hubiera consagrado una responsabilidad para los liquidadores por los perjuicios causados por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, no significa que al mismo se le pueda vincular como deudor solidario de la obligación cuyo cobro se persigue a través de un proceso de ejecución coactiva, por cuanto la ley no previó dicha posibilidad, máxime si se tiene en cuenta que una cosa es la responsabilidad por los perjuicios causados y otra muy distinta es ser codeudor solidario de una obligación cierta, circunstancia que no se da en el caso que nos ocupa.

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Tributaria

Municipios pueden adoptar impuestos creados por ley, y complementar elementos no desarrollados en esta

(Concepto 035256, octubre 23 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Para establecer si un convenio o contrato genera el pago de tributos, entendidos en sentido genérico, es decir, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, etc., los funcionarios encargados deben verificar en lo establecido en las normas propias de cada entidad territorial, por cuanto municipios y departamentos en ejercicio de su autonomía pueden adoptar los impuestos creados y autorizados por la ley, además de reglamentar o complementar los elementos no desarrollados por ésta. A manera de ejemplo, si el hecho generador del tributo en los términos de la norma territorial es la firma o suscripción de contratos y dicho hecho generador se cumplió a pesar de no haberse ejecutado en su totalidad el contrato, debió pagarse el tributo una vez causado (firma contrato) sin lugar a devolución. Si, por el contrario, en la norma territorial el hecho generador establecido es la ejecución del contrato y el pago del tributo se liquida en proporción al monto ejecutado, podría considerarse la posibilidad de efectuar devolución.

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Tributaria

Procedimiento tributario para impuestos territoriales luego de entrada en vigencia de Ley 1819 de 2016

(Concepto 034638, octubre 18 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

El artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establece que los procedimientos tributarios que deben aplicar las entidades territoriales en la administración de sus impuestos, son los establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, y además faculta a la entidad territorial para que, de un lado, disminuya el monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporción en relación con los montos de los impuestos territoriales; y, de otro lado, simplifique los términos de aplicación del Estatuto Tributario Nacional. Así pues, en la estructuración de los estatutos tributarios locales, las entidades territoriales deberán tener en cuenta las etapas, ritualidades, actuaciones, términos y demás elementos contenidos en la norma nacional, para lo cual podrán: 1. recoger las normas de procedimiento ajustándolas a la naturaleza de los tributos del orden territorial, es decir, prescribiendo una norma propia que deberá sujetarse al estatuto nacional; y 2. hacer remisión expresa del artículo del ETN aplicable en la entidad territorial. En consecuencia, frente a las modificaciones incorporadas por la Ley 1819 de 2016, el Minhacienda indica que la norma propia de la entidad territorial en materia de procedimiento tributario que se definió en el estatuto local se mantiene vigente hasta tanto se modifique mediante acto del concejo o asamblea. Si, como en el segundo caso, se hace remisión a artículos del ETN del procedimiento y estos fueron modificados por la ley, la norma territorial se modifica por efectos de la entrada en vigencia de dicha reforma.

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Tributaria

Territorialidad del ICA en prestación de servicios de transporte aéreo

(Concepto 032824, octubre 04 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Mediante el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 se precisó respecto de la territorialidad del impuesto de industria y comercio señalando que este se debe causar a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada con el impuesto. Asimismo, quedó establecido que en el caso de la actividad de transporte, el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. Así pues, es claro que la norma fijó una regla para la determinación de la jurisdicción ante la cual deben cumplirse las obligaciones formales y sustanciales del impuesto de industria y comercio en calidad de sujeto pasivo, que para la actividad de servicios de transporte corresponde al municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona, es decir, desde donde se aborda la persona o mercancías objeto de traslado por medio aéreo.

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Comercial

Para que constituya competencia desleal, engaño debe tener por objeto inducir al público al error

(Concepto 17256947, agosto 14 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

En términos de competencia desleal, se tiene como regla general, que está prohibido “todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”. Adicionalmente, sin que se considere una lista taxativa, la Ley 256 de 1996 contempla una lista de actos de competencia desleal que van del artículo 8 al 19. Frente al engaño específicamente como conducta constitutiva de competencia desleal, éste debe tener como objeto o por efecto inducir al público a error sobre la actividad, prestaciones mercantiles y establecimientos ajenos.

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Comercial

Venta de un bien o servicio no puede estar condicionada a la adquisición de otro

(Concepto 17261119, agosto 15 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 1480 de 2011, se encuentra totalmente prohibido limitar la venta de un bien o de un servicio cuando se imponga como condición la de adquirir otro, pues cada producto debe ser puesto en el comercio de manera independiente, dejando que el consumidor de manera libre determine, conforme a su necesidad, la adquisición que llevará a cabo. Igualmente, respecto de los incentivos, es imperativo que no haya lugar a imponer condiciones de carácter contractual para la entrega de incentivos o premios a los consumidores. Cabe señalar que los incentivos son estrategias de mercadeo que, en principio, tienen la intención de fomentar las ventas y no pareciera tener sentido que tuvieran como objeto un perjuicio a los consumidores; sin embargo, respecto de estos incentivos siempre deberán observarse las normas de protección de los consumidores contenidas en el Estatuto del Consumidor.

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Comercial

Cláusula de permanencia mínima no aplica en prórroga automática de contrato

(Concepto 17270138, agosto 16 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

El Estatuto del Consumidor permite pactar cláusulas de permanencia mínima con las siguientes condiciones: 1) Procede para los contrato de tracto sucesivo; 2) Debe ser pactada de manera expresa y que se ofrezca al consumidor una ventaja sustancial frente a las condiciones ordinarias del contrato; 3) Deberá pactarse por una sola vez y al inicio del contrato y no podrá ser superior a un año, salvo que el proveedor ofrezca al consumidor unas nuevas condiciones que representen una ventaja sustancial a las condiciones ordinarias del contrato. 4) En caso de que el consumidor de por terminado el contrato estando dentro del término de vigencia de la cláusula de permanencia mínima solo estará obligado a pagar el valor proporcional del subsidio otorgado por los periodos de facturación que le hagan falta para su vencimiento. 5) Cuando exista la prórroga automática de los contratos, el consumidor puede dar por terminado el contrato en cualquier momento durante la vigencia de la prorroga sin que haya lugar al pago por sumas relacionadas con la terminación anticipada del contrato, salvo que se haya pactada una nueva cláusula de permanencia porque el proveedor ofreció al consumidor unas nuevas condiciones que representen una ventaja sustancial a las condiciones ordinarias del contrato.

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Tributaria

Información sobre exclusión de solicitar autorización de numeración no la invalida la factura

(Concepto 001509, septiembre 22 de 2017, Dian)

La Dian señala que si bien la Resolución 000055 de 2016 derogó la Resolución 3878 de 1996, la exclusión a la obligación de solicitar autorización de numeración para las facturas expedidas por las entidades señaladas actualmente en literal b) del artículo 4 de la Resolución 000055, como lo hiciera en su momento el artículo 3 de la Resolución 3878 de 1996 y, la inclusión en la factura de información alusiva a esa disposición, se reduce a un aspecto meramente informativo que, por no constituir requisito de contenido fiscal de la factura, y considerando que para los sujetos exceptuados de tal autorización tampoco constituye un requisito dentro del sistema técnico de control, dicha información, aunque no apunte a la resolución vigente, no afecta el contenido fiscal ni comercial de la factura, ni su validez y, por tanto, no impide su uso hasta agotar existencias.

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Comercial

Datos personales relativos a la salud de los titulares se consideran sensibles

(Concepto 17303952, septiembre 20 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que los datos personales relativos a la salud de los titulares se consideran datos sensibles; la Ley 1581 de 2012 señala los eventos en los que se puede realizar tratamiento de los datos sensibles, esto es, la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o supresión de los mismos, entre ellos, cuando el titular haya dado su autorización explícita para ello, o cuando exista una ley que releve el consentimiento previo del titular cuando ha establecido la obligatoriedad de un determinado tratamiento de datos personales. Cabe señalar que los responsables del tratamiento de los datos personales tienen la obligación de obtener la autorización por parte del titular al momento de su recolección informándole la finalidad específica del tratamiento, esto es, la recolección, el almacenamiento, la circulación, uso y/o supresión de los mismos a través de mecanismos que garanticen su consulta posterior. Es importante tener en cuenta que no es posible realizar tratamiento de datos más allá de las finalidades aceptadas previamente por el titular.

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Comercial

Titular de la información puede consultar una vez al mes de manera gratuita su información crediticia

(Concepto 17299682, septiembre 22 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

Mediante concepto, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que las fuentes y operadores de información deben garantizar al titular de la información que sus datos personales suministrados al operador son veraces, completos, exactos y comprobables, y deben tomar las medidas necesarias para que dicha información esté permanentemente actualizada y rectificarla cuando sea incorrecta. Cuando el titular de la información requiera hacer consulta o presentar reclamaciones puede hacerlo de manera verbal o escrita a través de líneas de atención telefónica o medios electrónicos siempre y cuando sea posible verificar la identidad del titular y se garantice la seguridad de la información. Por otra parte, señala la entidad que, de acuerdo con la finalidad de interés público de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros, la ley consagra la posibilidad de consultar dicha información de manera gratuita al menos una vez cada mes calendario.

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Comercial

Cédula de ciudadanía es un documento público que incorpora datos personales

Concepto 17297406, septiembre 28 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

Respecto a si la fotografía de la cédula de ciudadanía de una persona es un dato público, la Superindustria y Comercio aclara que la esta sí es un documento público que incorpora datos personales de las personas naturales de naturaleza pública, privada (foto), semiprivada y sensible, y tiene como finalidad identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia. Así pues, la cédula de ciudadanía permite, entre otras, la identificación de las personas para establecer su individualidad de acuerdo a las previsiones normativas; es una de las pruebas de dicha identificación, de modo que acredita la personalidad de su titular en los actos jurídicos en donde se le exija la prueba de tal calidad.

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Comercial

Término para el retracto del consumidor puede ser mayor si así lo establece la política del proveedor

(Concepto 17296148, septiembre 13 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

En relación con el derecho de retracto normado por el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, la Superindustria y Comercio señala que se debe tener en cuenta que es un derecho que asiste a todos los consumidores que hayan adquirido productos (bienes o servicios) mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, en tanto cumplan con los requisitos expuestos en la norma. En caso de que un producto esté incluido dentro de los qué puede solicitarse el retracto y no esté cobijado por alguna de las excepciones de ley, el consumidor podrá solicitar el retracto pertinente y el productor y/o proveedor estará en la obligación de otorgarlo. En cuanto a las excepciones al derecho de retracto las mismas se encuentran contenidas en el artículo antes mencionado. Cabe señalar que los contenidos en las normas son los mínimos de carácter obligatorio, es decir, atendiendo el carácter de orden público de las normas, los términos del retracto no pueden ser en ningún caso inferiores, sin embargo, estos pueden ser mayores, acorde con las políticas que manejen quienes los ofrezcan.

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Liquidadores

Liquidación de Cesantías e Intereses de Cesantías

Este simulador te ayudará a calcular el valor de las cesantías para tus empleados.

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Entre 1 y 360 días

Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Liquidador de la Prima Legal de Servicios Semestral


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Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Este simulador te ayudará a calcular el valor de la liquidación
de las vacaciones de tus empleados.

Conózca más sobre las vacaciones
Conózca las fórmulas para Liquidación de Vacaciones

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Entre 1 y 360 días


Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Este simulador te ayudará a calcular el valor unitario de las horas Nocturnas,
Extras Diurnas/Nocturnas y Dominicales/Festivos de tus empleados.

Conózca más sobre las horas extras
Conózca las fórmulas para Liquidación de Horas extras

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Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Este simulador te ayudará a calcular el valor de los Aportes y Descuentos
de Nómina de Empleados del Servicio Doméstico.

Conózca más sobre la nómina para el servicio doméstico

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Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859
 
A diciembre 31 de 2013
Es decir, ¿capta y coloca recursos financieros en el público?
NOTA: Las entidades de "interés público" son las que se mencionan explícitamente en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 3024 de 2013. No se es de "interés público" porque se presten servicios públicos como el de energía, gas, educación, salud o transporte, ni porque se vendan servicios al público. Debe estar especificada en el Decreto y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por favor responda si cumple además las siguientes condiciones:

NIIF - NAI Oficiales

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- y las Normas de Aseguramiento de la Información -NAI- se hicieron públicas en Colombia con el permiso de la Fundación IFRS, por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en colaboración con el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

Para acceder a la traducción oficial de los estándares puede ingresar a los siguientes enlaces:

Fundación IFRS: NIC y NIIF

Traducción al español de las Normas Internacionales de Información Financiera y sus interpretaciones.

Enlace: http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/login.php

IFAC: NAI

Norma Internacional de Auditoría, Norma Internacional de Control de Calidad, Norma Internacional sobre Compromisos de Revisión, Norma Internacional para Compromisos de Aseguramiento, Norma Internacional sobre Servicios Relacionados o al Glosario de Términos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

Enlace: http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/ifac/login.php

 

*La consulta solo está disponible para usuarios registrados. Si es la primera vez que ingresa, haga clic en el botón “registrarme” y siga los pasos indicados.

Indicadores y cifras relevantes

Impuesto de Renta
(artículo 249 del ET, modificado por artículo 100, Ley 1819 de 2016)
2017 34%
2016 25%
2015 25%
2014 25%
2013 33%
CREE - Impuesto a la Equidad
(artículo 23, Ley 1607 del 2012)
Impuesto derogado a partir del año gravable 2017
Artículo 376, Ley 1819 de 2016
9% de 2016 en adelante
Artículo 17, Ley 1739 de 2014
9% de para 2013, 2014, 2015
Artículo 23, Ley 1607 de 2012
Sanción Mínima
(artículo 639 del E.T.)
2017 $319.000
2016 $298.000
2015 $283.000
2014 $275.000
2013 $268.000
2012 $260.000
UVT
(Resolución 000071 de 2016)
2018 $33.156 (Proyectado)
2017 $31.859
2016 $29.753
2015 $28.279
2014 $27.485
IVA
19%
RETEIVA
15%
Sobretasa del CREE sobre Base Gravable
(artículo 22 Ley 1739 del 2014)
Sobretasa derogada a partir del año gravable 2017
Artículo 376, Ley 1819 de 2016
2016 6 %
2015 5 %
Impuesto a la Riqueza - Personas Jurídicas
(artículo 4, Ley 1739 del 2014)
2015 - Base gravable (cifras en miles)
> 0 y < 2.000.000 0.20%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0.35%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0.75%
>= 5.000.000 en adelante 1.15%
2016 - Base gravable (cifras en miles)
>0 y < 2.000.000 0.15%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0.25%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0.50%
>= 5.000.000 en adelante 1.00%
2017 - Base gravable (cifras en miles)
>0 y < 2.000.000 0.05%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0.10%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0.20%
>= 5.000.000 en adelante 0.40%
Impuesto a la Riqueza - Personas Naturales
(artículo 5 Ley 1739 del 2014)
2015 a 2018 - Base gravable (cifras en miles)
> 0 y < 2.000.000 0.125%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0,35%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0,75%
>= 5.000.000 en adelante 1,50%
Impuesto de Normalización Tributaria
(artículo 38, Ley 1739 del 2014)
2017 13,0%
2016 11,5%
2015 10,0%
IPC
(Ver tabla)
2016 5,75%
2015 6,77 %
2014 3,66 %
2013 1,94 %
2012 2,44%
Reajuste fiscal

Decreto 2202 de 2016

Para actualización de activos en declaración de renta por el año gravable 2016 a presentar en 2017.

7,08%
Tasa de Interés - DIAN

Artículo 279 de la Ley 1819 de 2016 de reforma tributaria (Modificación al artículo 635 del ET)

Tasa aplicable a las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–

29,44%

Interés Bancario Corriente - Superfinanciera
Consumo y Ordinario (Entre el 1 y 31 de octubre del 2017) 21,15%
Microcrédito (Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017) 36,76%
Consumo bajo monto (Entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018) 37,55%
Tasa de Usura - Superfinanciera
Consumo y Ordinario (Entre el 1 y 31 de octubre del 2017) 31,73%
Microcrédito (Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017) 55,14%
Consumo bajo monto (Entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018) 56,33%
Contribuyentes No obligados a presentar declaración
Sin importar la categoria a la que pertenezca la persona natural, es decir, si es
"empleado", "trabajador por cuenta propia" o "las demás personas naturales"
quedan exoneradas de declarar si durante el año gravable 2016 no fueron
responsables de IVA en el régimen común y adicionalmente cumplen con la
totalidad de los siguientes cinco (5) requisitos:
Requisito UVT Valor
Patrimonio Bruto a 31 Diciembre no supere $ 4.500 $ 133'889.000
Ingreso brutos a 31 de Diciembre inferiores a $ 1.400 $ 41'654.000
Consumo en tarjetas de Crédito no superen los $ 2.800 $ 83'308.000
Compras y consumos no superen los $ 2.800 $ 83'308.000
Consignaciones, depósitos o inversiones no superen los $ 4.500 $ 133'889.000
Salario integral
2017 $9.590.321
2016 $8.962.915
2015 $8.376.550
2014 $8.008.000
2013 $7.663.500
Salario Mínimo Legal
(Decreto 2552 de diciembre 30 del 2015)
2017 $ 737.717
2016 $ 689.455
2015 $ 644.350
2014 $ 616.000
2013 $ 589.500
Auxilio de Transporte
(Decreto 2553 de diciembre 30 del 2015)
2017 $83.140
2016 $77.700
2015 $74.000
2014 $72.000
2013 $70.500
Salud (aportes)
Para aquellas empresas que cumplen para
la exoneracion al Sistema de Seguridad
Social en Salud no aplica la tarifa de la
empresa
Total: $12.5%
Empresa: 8.5%
Trabajador 4%
Pensión (aportes)
Total: 16%
Empresa: 12%
Trabajador: 4%
Parafiscales
(aplica a salarios superiores a 10 SMLMV)
Sena: 2%
ICBF: 3%
C.Compens.Fam.: 4%
Recargos
Extra Diurna: +25%
Nocturna: +35%
Extra Nocturna: +75%
Dominical: +75%
Extra Dominical: +100%
Extra Dominical Nocturna: +150%