Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Las personas a las cuales se confía el interés público deben demostrar la más alta integridad – Hernando Bermúdez Gómez


Según la OECD:

“(…) El sistema de declaración de bienes y rentas de Colombia adolece de varias debilidades, afectando cada paso del sistema desde la naturaleza de la información presentada hasta el proceso de auditoría. Para aprovechar el potencial del sistema para generar confianza pública y fortalecer el sistema de integridad pública, Colombia podría reducir el universo de servidores públicos que deben presentar la declaración, basándose en el riesgo, y requerir mayor información relacionada con posibles conflictos de interés. Debe garantizarse su verificación facultando a una entidad, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, para comprobar la información de forma cruzada o a poner secciones de las declaraciones a disposición del público, para hacer posible su supervisión por parte de la ciudadanía. (…)”

Es muy importante que las personas a las cuales se confía el interés público demuestren la más alta integridad. Es inconcebible que los principales funcionarios aprovechen para obtener beneficios sobornando a quienes acuden ante sus despachos; más aún, que acepten ser sobornados.

La transparencia es un arma potente contra la corrupción, con la cual debe protegerse todo aquel que aspire a ser funcionario; no solo él sino todos nosotros.

La Ley 190 de 1995 estableció la posibilidad de exigir contabilidad a todas las personas naturales, así no sean comerciantes, en especial teniendo en cuenta la búsqueda de transparencia por parte del Gobierno.

La contabilidad basada en principios aceptados internacionalmente ayudaría a aumentar la capacidad del público para vigilar la conducta de los funcionarios y de los ejecutivos de las empresas que contratan con el Estado.

Puede que se hayan descubierto varios ilícitos. Sin embargo, parece que lo hemos hecho tarde y que no somos capaces de recuperar lo perdido. Se dice que ante tan grandes fortunas los delincuentes están dispuestos a pasar unos años en la cárcel, puesto que después vivirán muy acomodadamente.

Los profesionales que se dedican a los impuestos, tales como abogados, contadores y economistas, ven las cosas desde una de dos ópticas: desde la eficacia para allegar dineros a las arcas públicas y desde el impacto en el bolsillo de los contribuyentes. Rara vez se oyen análisis desde una perspectiva ética. Nosotros hemos sostenido que el sistema tiene muchas defensas a los grandes patrimonios y estrategias artificiosas como la de los gastos de representación. Por ende, si la OECD dice que el sistema tiene varias debilidades nos confirma que él no busca la realidad, sino que es el fruto de repetidos pactos políticos entre el Gobierno y los grandes empresarios; ha caído en mediciones artificiosas y es incapaz de atraer contribuyentes ya que no inspira justicia.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 3422, marzo 19 de 2018

Hernando Bermúdez Gómez
Las publicaciones “Contrapartida” son escritas por miembros de la comunidad académica del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.
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