Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Como consecuencia de los resultados de la consulta anticorrupción realizada el pasado 26 de agosto de 2018, el presidente Iván Duque presentó un proyecto de ley anticorrupción ante el Senado el cual hace mención en algunos de sus artículos al profesional contable.
El pasado 26 de agosto de 2018 se realizó la votación de la consulta anticorrupción en la que se expusieron 7 preguntas relacionadas con el combate al flagelo que representa la corrupción en Colombia, si bien esta consulta no pasó el umbral requerido, contó con la participación de casi 12 millones de colombianos.
Con base en los resultados que obtuvo la consulta anticorrupción y en seguimiento del fomento de normas en contra de la corrupción, el 28 de agosto de 2018, el presidente Iván Duque, la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, radicaron ante el Senado el proyecto de ley por el cual se adoptan diferentes medidas para combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fortalecer el Ministerio Público, entre otras disposiciones.
Este documento se divide en los siguientes capítulos:
En el capítulo 2 se incorporan algunas modificaciones a la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, entre estas, resaltamos la mencionada en el artículo 10 del proyecto de ley, en el que se establece que las empresas (representadas por el revisor fiscal, contador, auditor, socio, accionista de una sociedad familiar, administrador, representante legal, directivo o supervisor) que hayan incurrido en faltas disciplinarias gravísimas dolosas relacionadas con la contratación pública a fin de buscar provecho, serán inhabilitadas por 20 años para contratar con el Estado.
Por otra parte, el artículo 14 de dicho proyecto que trata sobre la caducidad en los contratos estatales, menciona que, si se comprueban faltas disciplinarias (en su origen, celebración y desarrollo) relacionadas con la contratación, como delitos contra la administración o el patrimonio público por parte de contratistas a través de su revisor fiscal, contador, auditor, socio, accionista (de una sociedad familiar), administrador, representante legal, directivo o supervisor se podrá decretar la caducidad del contrato estatal.
De acuerdo con el artículo 15 del mencionado proyecto, tanto la empresa, como el revisor fiscal, contador, auditor, socio, accionista (de una sociedad familiar), administrador, representante legal, directivo y supervisor, serán inhabilitados si la empresa contratista no destina los recursos o anticipos que las entidades públicas les transfieren para el cumplimiento del acuerdo pactado, y además, la empresa tendrá que asumir una multa por el doble del valor del anticipo o de los recursos comprometidos.
Hasta el momento se venía solicitando una reforma de las normas penales para que se incluyera la responsabilidad de las personas jurídicas que cometan actos delictivos, ya que si bien existen normas que penalizan a los individuos que incurren en este tipo de actos, en ocasiones no se sanciona a los verdaderos responsables; este es un tema que se ha venido abordando con más fuerza a raíz de escándalos de corrupción de grandes empresas, donde el beneficio es evidente para estas y no para quien es penalizado.
Continúe con la segunda parte de este editorial Proyecto anticorrupción expone penalización de personas jurídicas y profesionales contables en el que exponemos los artículos del proyecto de ley que tienen que ver con el profesional contable y su relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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