Existirán cambios cuando sea más importante el gobierno corporativo que las sanciones a contadores – Donny Donosso Leal

Un billón, en la moneda local que sea, implica mucho, mucho dinero. En el caso que nos ocupa, se trata de un billón de rands, moneda surafricana (alrededor de 74 millones de dólares) y es la suma que la firma de consultoría más grande del mundo –McKinsey & Co.– ha pagado por la responsabilidad que se le atribuye en un escándalo de corrupción. En este caso, el tema no es de defensa de la profesión contable (sobre todo porque bajo el rótulo de “consultoría” caben algunos temas contables, pero muchos otros que no lo son), sino que se busca llamar la atención, una vez más, en que el foco está precisamente… “desenfocado”.

Lo que indican los hechos es que un poderoso grupo familiar de Suráfrica ha aprovechado su vínculo directo con el presidente de la nación para direccionar una inmensa cantidad de contratos pagados con el erario a través de diferentes entidades públicas. Si al párrafo anterior le cambia “Suráfrica” por “Colombia” o cualquier otro país, muy seguramente aplicaría igual, tristemente. El caso es que una de estas entidades, a través de la cual se realizaron actividades fraudulentas, tenía como consultora a la firma mencionada, y se le ha obligado a esta a devolver la totalidad del dinero ganado como honorarios en esta operación desde el inicio de su labor (que se remonta al 2015).

El hecho que semejante suma haya sido cancelada como honorarios de consultoría puede ser objeto de otro debate, pero, por lo pronto, llama poderosamente la atención que un profesional externo a la entidad, que hace su trabajo con un alto grado de diligencia termina siendo responsable de los actos que comete su cliente. Olvídense de que se trata de una consultoría; cambien el nombre a “contabilidad”, “auditoría”, “revisoría fiscal”, en fin. No puede ser que en todo el mundo, literalmente, se siga aplicando una presunción de hecho, sin prueba en contrario, según la cual se asume que el consultor, asesor, contador, etc., de una empresa corrupta ha también participado entonces (por acción u omisión) en la misma actuación delictiva. Así mismo hay que decir que es difícil creer que un auditor no vio que la constructora más grande del mundo había gastado 500 millones de dólares en 15 países, en un entramado de corrupción. Pero cada cosa en su lugar: que la administración de un ente económico tome decisiones que violan la ética y/o la ley no quiere decir que sus asesores también lo hayan hecho; la responsabilidad es individual y la contabilidad (y, en el fondo, la consultoría, la auditoría, etc.) está hecha para la toma de decisiones por parte de esta misma administración.

Por razones diversas, ahora el tema de la corrupción está de moda (afortunadamente) y se encuentra en el centro de la agenda política y legislativa. En ese sentido, las medidas anticorrupción deben estar dirigidas al correcto funcionamiento de la administración del ente económico, no a quienes prestan servicio a este. Cuando se le dé más importancia al gobierno corporativo que a las sanciones para los contadores, el tema cambiará.

Donny Donosso Leal
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 3802, septiembre 10 de 2018