Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Cifra (haz click en la imagen para ampliar)
La evasión de impuestos en el país alcanza, al año, los 20 billones de pesos, así lo aseguró el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, ante los medios de comunicación. Dentro de las evasiones, cerca de 12 billones son por el no pago del IVA, a pesar de que se logran recaudar al año unos 86.6 billones de pesos.
Para Ortega se ha venido trabajando para concienciar a todos los sectores de la importancia de pagar los impuestos, y ‘dejar a un lado las vivezas’, debido a que hacer lo que se debe hacer es invertir en el país.
A mediados de 2011, Ortega aseguraba a los medios que “mucha gente evade y otros se roban el IVA. Hemos empezado una agenda para que la gente deje de utilizar mecanismos confusos como la prefactura. Vamos a implementar la factura electrónica”. De igual manera, dijo que se establecerían controles estrictos de software de contabilidad.
Las palabras de Ortega son un claro espaldarazo para un mecanismo que se implementó en nuestro país desde el segundo semestre del 2009. Se trata de un documento tributario generado electrónicamente, que reemplaza al documento físico, pero tiene un valor legal idéntico a este. El sistema lo que hace es reducir costos de operación.
El Decreto 1929 del 20 de mayo del 2007 reglamentó el Artículo 616-1 del Estatuto Tributario relacionado con la aplicación de la factura electrónica y el Artículo 26 de la Ley 962 de 2005 permitiendo la neutralidad tecnológica y a los empresarios expedir esta factura.
Y si hay que hablar de ventajas sobre este punto hay que nombrar el ahorro de costos, mayor eficiencia al reducir los tiempos de gestión y permitir la agilidad en la toma de decisiones, Integración con las aplicaciones de gestión internas de la empresa, facilidad en los procesos de auditoría, consecución de información en tiempo real, mayor control y flujos de transacciones agilizados.
Mediante el Decreto 2462 de 2010, el Ministerio de Hacienda adoptó un método unificado de trazabilidad de mercancías que opera a través de la activación de un conjunto de elementos físicos de seguridad, consistente en bandas codificadas, estampillas, sellos, cintas o códigos de barra, adherido o impreso en los productos.
Su objetivo es el de identificar y controlar, mediante seguimiento y rastreo, los productos sujetos a impuestos del orden nacional y departamental, para garantizar el pago de los mismos y evitar el ingreso ilegal al territorio aduanero nacional. El contrabando de licores y cigarrillos ha estado durante mucho tiempo en la mira.
Desde el 2010 el sistema está ahí, pero como se asegura en un artículo publicado por la revista Semana, el cambio de gobierno, dificultades de la DIAN en la selección de la tecnología para echar a andar el sistema y varias demandas en contra con el argumento de que el Estado iba a meter sus manos en las rentas departamentales, frenaron su arranque.
Las Sociedades por Acciones Simplificadas son también una preocupación para el director de la DIAN por su proliferación. Lo anterior, junto a las exenciones tributarias dadas por la Ley de Primer Empleo y Formalización, generó una espiral de evasión tributaria que tiene peligrando el crecimiento del recaudo tributario.
Ortega ha dicho que existen sociedades creadas con capitales provenientes de paraísos fiscales y que consiguen elevados préstamos en el exterior. En la capital colombiana, con la Ley 1429 o de Primer Empleo y Formalización, se crearon 52.000 SAS durante 2011.
Para él hay empresas que dicen generar puestos de trabajo y activos como algo novedoso para no pagar impuestos, como renta. “Solamente 5.000 de esas sociedades tienen personas que estaban haciendo cosas nuevas de verdad. La sensación de estas investigaciones es que todas las otras dicen mentiras para no pagar impuestos”, dijo en El Espectador en abril pasado.
Un estudio realizado en 2011 por la organización británica Tax Justice Network indica que cada año los gobiernos de todo el mundo pierden en impuestos cerca de 250.000 millones de dólares, como consecuencia de que los ricos mantengan sus activos en paraísos fiscales.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
