Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para el 2015 se presentaron relevantes sucesos financieros; entre estos se pueden resaltar la devaluación del peso frente al dólar, la baja del precio del petróleo, la crisis a la salud, la multa a los ingenios y Asocaña, el alza en la tasa de interés, entre otros.
El proceso de devaluación de la moneda nacional frente al dólar sin duda es una las noticias más relevantes para el año 2015, puesto que durante el transcurso del año se han vivido varios momentos históricos. Por ejemplo, en diciembre se registró el valor más alto del dólar con respecto al peso de toda la historia y desde enero se presentó un constante fenómeno de devaluación.
En el 2015, el peso colombiano se ha devaluado 48% frente al dólar; las ventas, en especial de electrodomésticos y aparatos de tecnología, han bajado entre 25% y 30%; y las importaciones de los vehículos han caído un 15%.
El efecto de la devaluación del peso registrado durante el 2015 tiene incidencia sobre aquellos productores y comercializadores que dentro de sus actividades económicas realicen importaciones y, por tanto, adquieran deudas en moneda extranjera, que si bien no se modifican en dicha moneda, a efecto local se aumentan. En consecuencia, se deben entregar más pesos colombianos en equivalencia del dólar, razón por la que los productos importados pierden competitividad, puesto que deben ser vendidos a un mayor precio.
Los que ganan con la devaluación del peso frente al dólar son quienes venden productos en el exterior, esto debido a que reciben más pesos por cada dólar ingresado. Algunos de los sectores exportadores más ganadores son la industria de las confecciones y el sector exportador agropecuario.
En concordancia con los reportes del Banco de la República, durante el 2015 el peso ha sufrido una devaluación significativa con respecto al dólar, alcanzando cúspides de TRM en $3.356, lo cual se registró el pasado 15 de diciembre.
En indirecta proporción al fenómeno del precio del dólar en Colombia, el barril de petróleo ha venido a la baja durante el presente año, registrando como valor mínimo los USD 34,53 el 21 de diciembre del presente año.
La importancia del precio del petróleo es la alta incidencia de este producto sobre la estabilidad financiera estatal, considerando la disminución de los ingresos provenientes de rentas petroleras. En Colombia se producen 980.000 barriles por día, que representan el 55% de lo que se vende al exterior, aportando el 22% al presupuesto nacional.
El Ministerio de Minas y Energía ha señalado diversas estrategias que se deben implementar para contrarrestar la condición del precio del petróleo, de modo que se mitiguen los efectos sobre la economía nacional, además de contrarrestar la precariedad en las reservas nacionales de petróleo.
En el 2015 la Junta Directiva del Banco de la República se encontró en la necesidad de realizar constantes ajustes a la alza de la tasa de interés de intervención; esto atendiendo a la política monetaria, presionados por las condiciones de devaluación del peso frente al dólar y las condiciones de consumo que determinaron aumentos importantes en la inflación mensual registrada.
Desde septiembre del 2015 se empezaron a registrar las alzas en la tasa; en la sesión del 25 de septiembre se autorizó el incremento de la tasa del 4,5% al 4,75%. El 30 de octubre se presentó el segundo incremento de 50 puntos, quedando en 5.25%; el 27 de noviembre se registró una nueva alza, ajustándose al 5,50% y en diciembre 18 se decidió un nuevo incremento de 25 puntos, cerrando en 5,75%.
En el presente año los colombianos han afrontado el reto de asumir durante cuatro meses las elevaciones más representativas del IPC desde el 2013: durante dos meses consecutivos, en septiembre con un registro del 0,72% y octubre con el 0,68%; asimismo durante enero y febrero, con un 0,64% y 1,15% respectivamente, este último como el mes de mayor incremento. Con lo anterior se evidencia el incremento del costo de vida, hecho que requiere una equivalencia en la ampliación de la capacidad de compra de los colombianos, incrementando los ingresos que se marcan fundamentalmente por el aumento reglamentario para el smmlv.
En lo transcurrido del año 2015 se ha registrado una variación de 6,11% en el IPC, que representa una tasa superior en 2,73 puntos porcentuales a la reconocida en el mismo período del 2014, la cual se registró con un 3,38%.
Por su parte, durante los últimos 12 meses, entre diciembre del 2014 y noviembre del 2015, el IPC ha presentado una variación de 6,39%.
El 2015 se vio marcado por la precaria situación fronteriza causada por el cierre ordenado por parte del Gobierno venezolano y los desalojos y desplazamientos que se generaron, bajo el argumento de la delincuencia y la imposibilidad del Estado venezolano para continuar con el albergue de dichos nacionales colombianos.
Entre las consecuencias más representativas se señala la crisis humanitaria por hacinamiento y desabastecimiento de insumos para atender a los colombianos desplazados, frente a lo cual se requirió una respuesta del Gobierno nacional, quien ejecutó una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos que fue utilizada para atender a más de 6 mil personas en los albergues temporales donde se ofreció alojamiento, alimentación y salud.
El Gobierno expidió el Decreto 1491 del 13 de julio del 2015, con el cual se reglamenta la Ley de Inclusión Financiara. Con este se pretende viabilizar la creación de las nuevas entidades, estableciendo las condiciones que deberán cumplir para captar los recursos del público, los requerimientos de capital para operar y cómo deberán manejar el efectivo, entre otras disposiciones.
Con esta regulación el Gobierno Nacional pretende que haya mayor competencia en la prestación de servicios financieros transaccionales, con el fin de permitir el acceso a millones de ciudadanos que antes no tenían o no usaban servicios financieros formales; lo anterior en igualdad de condiciones con las entidades financieras que actualmente operan en Colombia, respondiendo a las políticas estatales de bancarización.
El Decreto 1854 del 16 de septiembre del 2015 permite al consumidor financiero acceder a información más sencilla, facilitando la comparación entre productos de crédito o ahorro ofrecidos por diferentes entidades para que puedan adquirir el que más le conviene.
Con el fin de facilitar la comparación de servicios de ahorro y crédito ofrecidos por distintas entidades, las instituciones financieras deberán informar al cliente potencial el Valor Total Unificado, que resume el valor proyectado de todos los conceptos pagados o recibidos asociados a la operación; por ejemplo: seguros, cuotas de manejo, etc.
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, mediante Resolución No. 80847 del 7 de octubre del 2015, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, sancionó a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios azucareros.
La falta de los ingenios fue haber incurrido en acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia, provenientes fundamentalmente de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
Esta multa ha tenido diferentes efectos, entre los que se puede resaltar el de las asociaciones sindicales y algunos dirigentes políticos, quienes afirman que dicha sanción es contraproducente, puesto que los efectos sociales pueden ser muy amplios. Esto debido a que las consecuencias de asumir tal carga financiera recae en estrategias de disminución de empleados, generando condiciones de desempleo con impactos en aumento de pobreza.
Para el 2015 el sector de la salud reveló una crisis financiera enmarcada en los desalentadores indicadores de permanencia, puesto que la amplia cartera impide la garantización de la continuidad de los servicios de las entidades públicas prestadoras de salud.
La amplia crisis financiera de este sector es fundamentalmente impulsada por el incumplimiento de pago de las EPS, en concordancia con lo señalado por el contralor en diferentes expresiones; según el estudio más reciente de cartera hospitalaria realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas –ACHC–, con una muestra de 140 instituciones, la deuda que se registró para junio de 2015 por parte de las EPS y otras entidades del Estado hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud es de $5.8 billones de pesos, presentando una variación del 10.1% con respecto a la deuda reportada el semestre anterior.
Como respuesta estatal a la necesidad primaria de recursos para el sector salud se han emprendido acciones de liquidación a las EPS más representativas dentro de la deuda, entre las que se resalta el caso Saludcoop.
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