Mientras haya individuos exentos de declarar y llevar contabilidad, la informalidad seguirá creciendo

Según manifiesta Andrés Cortés Hernández en su artículo Régimen actual para la deducibilidad de costos y gastos, “El éxito del régimen tributario de cualquier país es extraer a los ciudadanos de la informalidad transaccional, sometiendo directa o indirectamente la mayor cantidad de operaciones a la trazabilidad del fisco. Esto se logra descentralizando el manejo de la información, es decir, delegando la facultad de recepción de información en terceros (bancos, notarías, reportes de información exógena, etc.) o, como en el caso de Colombia, regulando la deducibilidad de las erogaciones (…)”

Nosotros pensamos que mientras haya individuos que estén exentos de declarar y de llevar contabilidad, la informalidad seguirá creciendo. No importa si ponen a más personas a enviar información de terceros a la Dian o si arbitrariamente rechazan más deducciones.

Todo falla cuando hay personas que pueden ignorar las facturas, gastando lo que quieran sin pedir un recibo. Esto se aprovecha para ocultar gigantescas operaciones, algunas con carácter delictual.

Cuando la legislación tributaria adopta criterios artificiales para disponer qué es deducible y qué no, entra en el mundo de la injusticia. Por ejemplo, la no deducibilidad de los pagos en efectivo es arbitraria; fomenta el negocio bancario, el cual ha sido un gran consentido de nuestros gobiernos, y desconoce el gran uso del efectivo que de manera lícita realizan muchos colombianos.

La táctica de desplazar las tareas del Estado en los particulares hace que este abandone su razón de ser. Mientras más crece, crece su endeudamiento y corrupción, más sube las tarifas de impuestos y más pone a trabajar a los demás para él. Detrás de esto se esconden los rasgos de una dictadura. Poco importa que así lo haya decidido un congreso, públicamente conocido como corrupto, cuyos miembros, en cambio, gozan de tratamientos preferenciales.

Nuestras cortes se quedan en la guarda de la legalidad, es decir, de las cosas formales. Más les valiera adentrarse en la justicia de las normas. Para ello deben considerar la realidad de nuestro pueblo, mayoritariamente pobre. Mal que bien, todos los magistrados forman parte de la clase privilegiada que se distingue porque tiene ingresos muy superiores y porque ha tenido acceso a muchas ventajas, como la educación superior. Hoy en día es claro que la mal llamada política está interfiriendo en la designación de los jueces.

Es tremendamente absurdo pensar que cada pago de nómina va a tener que generar una factura electrónica. Así, un documento de origen comercial ha terminado convertido en un elemento obligatorio del tráfico económico. Ya veremos cómo se hace esto en las fincas de nuestros campesinos.

Al oír de todo lo que adicionalmente se pretende en el PND, nos queda claro que la idea es cobrar más y más, sin importar si se tiene con qué.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 4219, marzo 25 2019