Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En el Senado de la República fue denunciado lo que sería el cobro de impuestos ilegales por parte del ministerio de Minas y Energía, en la gasolina y el Acpm.
El senador Jaime Durán Barrera en carta enviada al ministro Mauricio Cárdenas Santamaría le solicitó eliminar el cobro de la tarifa de marcación y el margen del plan de continuidad de la estructura de precios de la gasolina y del Acpm que pagan los colombianos.
El legislador le dice al ministro Cárdenas que los mencionados tributos se establecieron “violando el ‘principio de representación o principio de legalidad’ según el cual, en concordancia con la Carta Política, en tiempos de paz, solamente el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales”. Así lo publica El Espectador.
El valor de la tarifa de marcación es de $6,15 por galón de gasolina y $5,23 por galón de Acpm. Por margen de continuidad, el consumidor está pagando $86,42 por galón para cualquiera de los dos combustibles. Estos valores parecen menores, pero representaron un pago de más de $255 mil millones en 2011 para los colombianos.
El representante a la Cámara Ángel Custodio Cabrera advirtió que el acuerdo de cero tributación con España para las empresas que inviertan en Colombia le causa a Colombia un hueco fiscal de más de un billón de pesos.
Para el congresista el acuerdo suscrito a través de la DIAN, debe ser revisado de inmediato ya que genera desequilibrio tanto con las empresas colombianas como con otros países que invierten en Colombia.
Para Cabrera, todas las empresas españolas que están licitando en Colombia, están trabajando con cero tributación, tema que es delicado sobretodo en lo que tiene que ver con construcción y otras áreas. Se calcula que el hueco fiscal es de un billón de pesos.
Como lo publica Portafolio, una auditoría realizada por la Contraloría General evaluó la administración que se hace en el país de los llamados depósitos judiciales, dinero que las entidades demandadas deben consignar a nombre de los despachos judiciales y organismos de la rama judicial que administran justicia, y halló un presunto detrimento patrimonial por 3.167 millones de pesos.
La auditoría revisó un par de entidades usuarias de la administración de justicia como demandadas: la DIAN y el ISS. También, auditó el Consejo de la Judicatura y el Banco Agrario. Según la investigación, hay 23 hallazgos donde ocho tienen incidencia disciplinaria y tres, presunta responsabilidad fiscal.
Una de las advertencias que hace la Contraloría en el informe es que las cuentas se llevan de forma desordenada. Por ejemplo, el Banco Agrario, que se encarga de manejar las cuentas corrientes bancarias oficiales donde se hacen los depósitos judiciales, tiene 315 cuentas que permanecen inactivas y otras 139 que no han sido depuradas.
El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, a puesto en consideración del Ministerio de Hacienda y de la DIAN, una propuesta para que en el proyecto de reforma tributaria se considere la posibilidad de que a las empresas dedicadas a la producción agropecuaria se les fije una tasa impositiva más baja.
Esta tributación podría ser del 15 al 17% en el impuesto de renta. Restrepo también propuso eliminar las devoluciones del IVA a todas aquellas actividades que consumen concentrados como porcicultura, avicultura y ganadería.
Como reemplazo se sugiere un IVA de cero o muy bajo para los insumos por los que se pide devolución de este impuesto y que sirva sólo para efectos contables, y de esta manera reducir los costos de producción al sector agropecuario.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
