Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Continuando con la celebración de los 20 años de la Contaduría General de la Nación, hoy les contamos la forma como se originó el cargo de Contador General de la Nación. La emisión del primer Plan General de Contabilidad Pública –PGCP– fue el paso inicial.
La historia de la contabilidad pública en Colombia se remonta a los inicios de la época republicana, e inclusive se advierte de instituciones creadas en el período de la Colonia que fueron heredadas por la época de la República.
Una historia más reciente puede contarse con base en las instituciones que se crearon a partir de 1923 derivadas de las recomendaciones realizadas por Edwin Walter Kemmerer y su grupo de colaboradores en su visita a Colombia, más conocida como Misión Kemmerer. Entre las entidades que se crearon, para los fines de este análisis, se resalta la Contraloría General de la República, pues la Ley 42 del referido año le confirió a este organismo la competencia de ejercer el control fiscal y, al mismo tiempo, la función de llevar las cuentas generales de la nación.
Las funciones de control fiscal y de contabilidad bajo la responsabilidad de un mismo organismo generaron en su momento críticas importantes, pues como elemento mínimo de control dichas funciones deben segregarse y por tanto reposar en organismos diferentes.
Hasta 1990 pueden evidenciarse algunos intentos por cambiar la mencionada realidad; sin embargo, todos los esfuerzos realizados no dieron los resultados esperados. Como ejemplo pueden citarse las acciones adelantadas en 1968, en el período presidencial de Carlos Lleras Restrepo, que se tradujeron en la aprobación del Acto Legislativo 1 de ese año, cuyo artículo 76 prescribió lo siguiente:
“a. La ley determinará el organismo encargado de llevar las cuentas públicas generales de la nación. Entre tanto lo seguirá haciendo la Contraloría General de la República”.
Con la expedición del Decreto Ley 294 de 1973 se intentó regular lo relativo a la contabilidad de la nación al establecer que la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sería la encargada de esta; no obstante, dicho decreto fue declarado inexequible por la entonces Corte Suprema de Justicia.
Creación del cargo de Contador General de la Nación
Solamente hasta 1991 se dirime la discusión relacionada con la concentración de funciones a cargo del organismo de control que surgió con la Ley 42 de 1923. Con los esfuerzos y propuesta realizada por el constituyente Ignacio Molina Giraldo, de la Comisión de Cuentas de la Asamblea Nacional Constituyente, se incorporó el artículo 354 de la nueva Constitución, el cual establece lo siguiente:“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.
Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.
Parágrafo. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, para su conocimiento y análisis”.
En virtud del artículo 354, el presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, y el ministro de Hacienda, Guillermo Perry Rubio, mediante el Decreto 85 de 1995, dan vida jurídica a la Dirección General de Contabilidad Pública –DGCP– a cargo del Contador General, la cual funcionaría como una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También se establece su estructura orgánica mediante el Decreto 86 del mismo año.
La emisión del primer Plan General de Contabilidad Pública por parte de la DGCP, mediante la Resolución 4444 de 1995, constituyó un acontecimiento trascendental en este nuevo período de la contabilidad pública.
Este Plan General fue el instrumento mediante el cual se clasificaron las operaciones que realizaban las entidades públicas. La primera parte del plan correspondía al Marco Conceptual de la Contabilidad Pública, y la segunda al Modelo Instrumental, conformado a su vez por el Catálogo General de Cuentas y el Manual de Procedimientos Contables.
Con base en este instrumento y otras instrucciones adicionales, igualmente reglamentadas mediante resoluciones de la DGCP que se hicieron obligatorias con su promulgación dada la potestad de regular la contabilidad pública, las entidades públicas presentaron a diciembre 31 de 1995 el primer balance general. Dicho balance, aunque deficiente en términos de su confiabilidad, revelaba la situación financiera, económica y social de los entes públicos y, por consiguiente, del sector público en general, producto de realizar el proceso de agregación y consolidación de las cifras de los estados contables, tal como se dispone en la Constitución Política.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
