Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Transparencia por Colombia plantea tres cambios estructurales que se requieren en el sistema político, la justicia y el fortalecimiento de la gestión pública nacional y territorial. El país está en el puesto 96 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.
Transparencia Internacional divulgó los resultados de su índice de percepción de la corrupción que publica cada año: Colombia mantiene, desde hace 4 años, una calificación de 37 sobre 100 puntos; esto indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. Adicionalmente, el país cayó 6 puntos desde la última medición pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países.
Colombia tiene la misma calificación que Brasil, Panamá y Perú, y está por encima de países como Salvador, Bolivia, Ecuador y México. En Latinoamérica, por su parte, se destacan Uruguay y Chile con 70 y 67 puntos respectivamente, mientras que las peores calificaciones corresponden a Venezuela y Haití con 18 y 22 puntos. Es particularmente preocupante el caso de Venezuela, el peor calificado de la región, pues se ubica en el puesto 169 entre 180 países.
Transparencia por Colombia reconoce que, si bien se han adelantado ajustes institucionales y normativos importantes, la percepción no va a cambiar mientras no se evidencien cambios de fondo. Ad portas de una elección presidencial, la entidad hace un llamado a los candidatos a que se comprometan a realizar cambios en las prácticas y en las estructuras que están obstaculizando el logro de mayores resultados en la lucha contra la corrupción.
Desde el punto de vista de la entidad, se requieren reformas al sistema político permeado por la trampa, un sistema judicial que debe ser más efectivo en la lucha contra la impunidad y que se acabe con el clientelismo en el empleo público y la contratación.
“Las apuestas políticas y los diseños institucionales anticorrupción, que se han planteado en las últimas décadas, se han quedado cortos frente a la gravedad de este abuso del poder. La corrupción en Colombia comparte medios y fines con el crimen organizado y las economías ilegales, por lo tanto, las acciones deben estar llenas de decisión, arrojo y valor”, afirmó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
Un primer paso que debe dar el próximo gobierno es transformar el sistema político y el ejercicio del poder. Desde Transparencia por Colombia se piensa que la trampa, como mecanismo para acceder al poder y gestionarlo, además de la fragilidad del sistema político, es algo evidente. De allí radica la urgencia de una reforma que considere: una financiación de la política que garantice la equidad, la transparencia y ponga limite a los excesos; la configuración y funcionamiento de los partidos políticos; un órgano electoral independiente y con capacidad de sanción; transparencia y rendición de cuentas en la relación ejecutivo-legislativo.
El segundo paso es recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas. «La debilidad en la justicia es una de las piezas claves para que la corrupción funcione eficientemente en el país. Esto explica la impunidad frente a los hechos de corrupción, así como el cinismo de los corruptos que, al no ser condenados, ingresan constantemente a la esfera pública con el halo de la inocencia», afirma Hernández.
Es urgente recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas: garantizar la meritocracia en la nominación y en la elección de quienes imparten justicia; fortalecer las capacidades de investigación y sanción de los actores judiciales y órganos de control a nivel nacional y territorial; fortalecer los mecanismos de regulación y control de la Rama Ejecutiva como las Superintendencias y sistemas de control interno, y fortalecer los sistemas de denuncia y protección a denunciantes y testigos de corrupción.
Un paso final es romper con el clientelismo en el empleo público y la contratación. Desde Transparencia por Colombia se afirma que la administración pública ha sido tratada con descuido y puro interés clientelar, ya sea para tranzar votos por burocracia o para capturar los dineros públicos y ponerlos al servicio de rentas personales o de intereses particulares.
«Sobre lo anterior, se requiere: una carrera de empleo público donde el mérito sea una realidad y el político de turno no tenga la oportunidad de abusar de las incertidumbres de la función pública; fortalecer los sistemas de regulación y control de la contratación pública, para evitar que los financiadores de campañas políticas sean quienes ejecutan los recursos públicos; fortalecer la autonomía y las capacidades de los entes territoriales para garantizar que los recursos públicos no caerán en manos de los corruptos», concluye Hernández.
* Con información de Transparencia por Colombia
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
