Cada vez que se aproxima un proceso electoral, los colombianos se preguntan si vale la pena gastarse tanta plata en toda una jornada precedida por vallas, discursos políticos, los mismos rostros, y uno que otro nuevo. Es un hecho que hay plata que llega a las campañas y no se ve.
Todo empezó cuando el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo el jueves de la semana pasada en Blu Radio que aún no hay recursos para votar la revocatoria de Gustavo Petro, la cual se realizará el próximo 2 de marzo.
Cárdenas aclaró que aún no están las partidas presupuestales para ese proceso. Por su parte, la Registraduría ya fijó la fecha para el 2 de marzo e indicó que el costo total estaría por los 40.000 millones de pesos.
Al respecto el Ministro sugirió que se posponga dos semanas la votación de la revocatoria para utilizar la misma logística de las elecciones al Congreso, el 16 de marzo.
En la entrevista Cárdenas reveló que entre los comicios legislativos del 9 de marzo y los presidenciales del 25 de mayo y la segunda vuelta suman más de 450 millones de dólares.
Tan solo el costo de la revocatoria de Gustavo Petro, para la cual aún no hay flujo de plata, es de 45 millones de dólares.
Preocupa mucho que mientras en Europa y América Latina el voto por persona vale entre 1 y 3 dólares, las primeras cuentas indican que las elecciones de este año valdrían 15 dólares por votante.
En octubre del año pasado se barajaba que las elecciones para Congreso y presidente de este 2014 le costarían al país alrededor de 569.000 millones de pesos. La cifra significa un incremento cercano a los 270.000 millones de pesos respecto a lo que costó la misma jornada electoral en el 2010.
Alfonso Portela, registrador delegado para lo electoral, le dijo a El Tiempo que el aumento en los costos se debe a la implementación de nuevos mecanismos, autorizados por la ley, para garantizar la mayor transparencia posible en las elecciones.
En octubre Portela dijo que para la identificación biométrica en 2014, huella digitalizada de los electores, se destinarán cerca de 50.000 millones, lo que permitirá en las elecciones del 9 de marzo para Congreso, identificar a por lo menos 10’000.000 de personas. El funcionario agregó que, además, entre los costos se debe incluir la digitalización que los organismos electorales están implementando para las elecciones y toda la parte operativa.
Entre el 15 de octubre y 31 de diciembre del año pasado se adoptaron medidas que permitan garantizar mayor transparencia en las elecciones, y lo que se hizo fue conformar 18 tribunales de garantías en igual número de departamentos por el alto riesgo electoral que registran.
El Consejo Nacional Electoral, CNE, identificó el mayor riesgo en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle.
Estos tribunales deberán entregarle mensualmente al CNE informes sobre cómo avanza el proceso electoral y las medidas que consideren necesarias para evitar que se registren casos de fraude.