Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, ha advertido al director de la entidad, Juan Ricardo Ortega, después que una aditoría detectara “graves deficiencias en los sistemas de información de esta entidad, que generan alto riesgo”, como lo afirma un comunicado.
Las deficiencias encontradas están relacionadas con la articulación de los sistemas y aplicativos, el manejo de contingencias, consultas estadísticas y la no integración del Sistema Gestor, el cual maneja la información de los procesos misionales y estratégicos de fiscalización y liquidación, recaudación y cobranzas, y gestión jurídica, al Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, Muisca.
Como lo publica Portafolio, para la Contraloría “resultan evidentes los riesgos que existen actualmente al permitirse procesos manuales de información que, al coexistir con procesos sin controles automáticos, ponen en riesgo la seguridad y la transparencia de la información y de los mismos procesos misionales de la DIAN”.
Las autoridades cuentan con interceptaciones telefónicas que demostrarían que funcionarios de la DIAN, encargados del muelle de carga del aeropuerto El Dorado, estarían cobrando millonarios sobornos a empresarios para que puedan retirar sus mercancías sin mayores papeleos de las bodegas de inspección y control.
Las investigaciones han permitido identificar a cuatro presuntos indiciados, quienes estarían involucrados en las presiones económicas a los importadores. Los investigadores relacionan indagaciones y seguimientos a funcionarios de mediano nivel, quienes son los que tienen los primeros contactos con la mercancía que llega al país.
Como lo publica Caracol Radio, los investigados estarían involucrados en la aprehensión irregular y supuesta desaparición de un cargamento de aparatos electrónicos que luego fue vendido de manera irregular.
En julio de 2011 se destapó la olla de corrupción que se estaba cocinando en la DIAN. Dos meses después, la institución había cuantificado 700 mil millones de pesos en devoluciones hechas del impuesto del IVA por supuestas exportaciones que nunca se efectuaron.
Juan Ricardo Ortega afirmó que esa cifra correspondía a operaciones de comercio exterior a través de empresas de papel. “La DIAN ha detectado falsas firmas o de fachada en Bogotá, Medellín, Pereira, Cali y Barranquilla”, dijo.
Y la anterior situación se convertiría en preocupante cuando el mismo Ortega aseguró que la DIAN carece de herramientas y recursos para detener la corrupción y el fraude en trámites aduaneros y tributarios.
En ese entonces, el funcionario anunció cambios en el sistema de devoluciones de IVA por exportaciones para tratar de parar el desfalco que se ha detectado a través de operaciones de comercio exterior ficticias que escapan al control y la fiscalización.
Luego que se supo la noticia del desfalco, las autoridades reforzaron la búsqueda en Colombia y el extranjero de propiedades, cuentas bancarias y otros activos que fueron comprados por los miembros de la red que cometió el millonario fraude.
La Dijin allanó más de una veintena de propiedades, entre apartamentos, casas y lotes en Bogotá, Pereira y Bucaramanga, al igual que varios vehículos de alta gama, que estaban a nombre de los 18 inculpados.
El fiscal 14 especializado de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, a mediados del mes pasado, le solicitó al Juez Séptimo especializado de Bogotá, que la condena que le sea impartida a cuatro de los procesados por el millonario desfalco de la DIAN no sea una pena elevada.
Según el representante, los investigados han colaborado con la justicia, además aceptaron su participación en el detrimento patrimonial y tres de ellos no tienen antecedentes penales.
Luis Fernando Serrano, abogado de la DIAN dijo que “la sentencia que se ha de proferir tiene que ser ejemplar en el entendido que el modelo comportamental en esta investigación ha sido denominado como el carrusel de las devoluciones (…) Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una persona deben pagarle al Estado”, aseguró el jurista, al tiempo que señaló que dichos recaudos van dirigido a inversión social.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
