Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Según Anif y Fedesarrollo el recaudo tributario luego del 2020 caería, así como el crecimiento del PIB, lo que haría que en dos años se discutiera otra reforma tributaria. Gustavo Cote, exdirector de la Dian, dice que ley de financiamiento se hizo para apagar un incendio: desfinanciamiento del presupuesto del 2019.
La Ley de financiamiento 1943 de 2018 parece que está pensada, en su ítem del recaudo tributario, para los años 2019 y 2020, lo que quiere decir que 2021 y 2022 estarían a la deriva, tanto en recaudo como en porcentaje del PIB.
Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, afirmó durante su intervención en el seminario macroeconómico de Fedesarrollo “Desafíos estructurales de la nueva administración Duque 2018-2022”, que esta reforma tributaria está pensada solo para dos años, motivo por el cual las cifras del Gobierno solo se presentan para los años 2019 y 2019.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, es claro que los ingresos tributarios del Gobierno caerán a partir de 2021 con la ley de financiamiento, la cual busca recoger cerca de 7,3 billones de pesos, y así tapar el faltante fiscal. “La visión debe ser de mediano plazo. Cómo está ley garantizará los recursos necesarios para el cumplimiento de la regla fiscal, punto que nos da credibilidad frente a los mercados internacionales y las calificadoras», dijo Mejía a los medios de comunicación.
Según análisis de Fedesarrollo, los ingresos caerán en 2021 y 2022, porque lo que se plantea del lado de las exenciones de las empresas no compensa con una mayor tributación de los impuestos indirectos y a las personas naturales. Además, hay un desfase que genera un hueco de alrededor 0,3 % del PIB, explicó Mejía.
Por su parte, las cuentas de Anif muestran que el PIB para el 2020 rondaría el -0,1 % y del -0,7 % para 2022, situación que se daría en parte porque la gestión de la Dian deja mucho que desear. Sergio Clavijo, director de la entidad, piensa que el actual Gobierno se equivoca al confiar demasiado en el papel de la Dian, y aunque la ley de financiamiento plantea una reforma para la entidad (número de funcionarios, tecnología, mejores pagos), los resultados no se verán este año sino en los venideros.
Para Anif, luego de ser aprobada la ley de financiamiento, se presenta un faltante fiscal del 1,5 % del PIB y la ley inicial, que buscaba recaudar 14 billones de pesos, es decir, el doble de lo que se plantea actualmente, tan solo incrementaba el recaudo total en un 0,2 % del PIB en 2020.
Gustavo Cote, exdirector de la Dian, dice en entrevista con Actualícese, que a la sociedad no le debe caber la menor duda de que en uno o dos años tendremos otra reforma tributaria, porque la actual fue diseñada y reestructurada para apagar un incendio en el presente, correspondiente al desfinanciamiento del presupuesto de 2019. Adicionalmente, esta reforma descuida la recaudación que se va a requerir en los años siguientes.
Andrés Cortés Hernández, abogado especialista en derecho tributario, director del área de derecho tributario y cambiario de Cuberos Cortés Gutiérrez, dice en Actualícese que el recaudo no necesariamente debe tener origen en gravar o restar beneficios fiscales a actividades o bienes. «El Estado puede encontrar fuentes efectivas de ingresos en diferentes puntos. Uno de estos, por ejemplo, sería reforzar las labores de cobro coactivo de todas las obligaciones que cuentan con títulos ejecutivos. Lo anterior quiere decir que en la práctica parece ser que la Dian no cuenta con el interés ni el equipo suficiente para perseguir a los deudores, y en la mayoría de los casos bien sea por cuantía o por calidad de los activos, desestima las labores de cobro», explica.
Para Juan David Ballén, gerente de investigaciones económicas de Casa Bolsa, las condiciones están dadas para que Moody’s y Fitch Ratings le bajen la calificación crediticia al país y la igualen a la de Standard & Poor’s, firma que le bajó la calificación a Colombia en diciembre de 2017.
«Si la rebaja se da, Colombia quedaría en las tres principales calificadoras a un escalón de perder el grado de inversión. Estas calificadoras esperaban una reforma estructural, pero no fue así, pues solo se consiguieron algunos recursos para subsanar el hueco del presupuesto del próximo año. Además, los precios del crudo también nos juegan en contra, pues está por debajo de la meta”, dice Ballén en El Espectador.
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