Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La ciudadanía debe estar en la capacidad de exigir mayor participación en los procesos de contratación e intervención en lo público. Cada vez más, la Administración debe entregarle poder a los habitantes para incidir en la creación de su ciudad.
La democracia no se trata solo de elegir a quienes estarán al frente de un barrio, un municipio, una ciudad o un país. Los modelos de participación buscan invitar a los habitantes a hacer acompañamiento en la planeación, gestión y ejecución de recursos públicos.
Actualmente, alrededor de 3000 ciudades del mundo destinan una parte del presupuesto para que sus habitantes, a través de asambleas y encuentros, identifiquen las obras y las acciones prioritarias en sus comunidades y decidan en qué invertir los recursos.
Como lo publica El Tiempo, el país donde más se aplica esta estrategia de participación ciudadana en América Latina es Brasil. Ciudades de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y República Dominicana han venido trabajando en este concepto. En Colombia, las ciudades que más han avanzado en este tema son Medellín, Pasto, Ocaña, Yumbo y Barrancabermeja.
La semana pasada supimos que los municipios de Colombia serán dotados de un estatuto moderno que permita autónomamente a las administraciones cumplir con sus funciones, asegurando la participación de la comunidad y propiciando la integración regional. Así lo propone un proyecto de ley presentado por el representante Heriberto Sanabria.
El estatuto, como lo publica La Crónica del Quindio, moderniza y actualiza la normatividad relacionada con el régimen municipal como instrumento de gestión para cumplir con sus competencias y funciones dentro del marco de la Constitución Política de Colombia y las leyes.
La iniciativa faculta a los burgomaestres para adelantar y promover presupuestos participativos para desarrollar planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para que puedan garantizar medidas efectivas contra la delincuencia urbana.
El 20 de octubre del año pasado fue presentado el estudio Encuesta de Presupuesto Abierto, donde Colombia tuvo a su cargo la presentación para Latinoamérica. Allí, Warren Krafchik, director del International Budget Partnership, dijo que “una mayor transparencia permite una mejor vigilancia, mejor acceso a créditos, mejores opciones de política, y una mejor prestación de servicios».
Además, se señaló a Nigeria como ejemplo de que la falta de transparencia presupuestaria permite la corrupción y la mala gestión sin mecanismos de control. México, por otra parte, es ejemplo de que el acceso a la información presupuestaria garantizó que los agricultores pobres recibieran los subsidios que eran destinados para ellos pero habían sido desviados a los agricultores ricos. Suena a algo similar a Agro Ingreso Seguro, pero no corrupto.
Entre las recomendaciones expuestas por IBP, para mejorar la gobernabilidad efectiva y reducir la pobreza, Colombia debe mejorar en brindarle al público oportunidades de rendir testimonio en audiencias legislativas sobre el presupuesto, fortalecer las facultades del legislativo para ser consultado y para reformar el presupuesto, y comenzar a producir y publicar el Presupuesto Ciudadano y la Revisión de Mitad de Año.
+ En noviembre de 2010 se dio a conocer un ranking que midió la transparencia y la capacidad de rendir cuentas presupuestales entre 94 países del mundo, donde Colombia ocupó el lugar 20.
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