Proteger por ley a denunciantes de sobornos, la petición de la OCDE a Colombia


20 diciembre, 2019
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

OCDE pidió a Colombia adoptar una ley que proteja a los denunciantes de sobornos en el extranjero y se queja del compromiso limitado del país para luchar contra el cohecho internacional.

En un informe sobre Colombia, el grupo de trabajo de la OCDE sobre cohecho pide también que se asegure de que se apliquen a las personas jurídicas que pagan sobornos en el extranjero «sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias».

Ahí incluye la posibilidad de confiscar el producto de esas prácticas ilícitas. Para el organismo, la Supersociedades debería tener capacidad para requisar los sobornos o activos con un valor correspondiente o al menos sanciones monetarias con un efecto comparable contra las entidades responsables, y eso aunque no haya imputación o condena de personas físicas.

También le insta a que mejore la cooperación y la coordinación entre la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación para garantizar un intercambio de información «más eficaz y proactivo» en esos casos.

El grupo de trabajo hace notar que fue en 2018, dos años después de la entrada en vigor de su ley sobre responsabilidad corporativa, cuando Colombia concluyó su primer caso de cohecho internacional con una multa de 1,3 millones de dólares contra una empresa de aguas, filial de una empresa española a la que no se identifica, y que en la actualidad hay 20 que están siendo investigadas. Por eso habla de «avances alentadores».

Pero insiste que toca «aumentar la colaboración» entre las autoridades gubernamentales y los organismos públicos encargados de la lucha contra los sobornos para llevar a cabo «una política global» e imponer sanciones contra las personas y empresas infractoras.

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