Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Cerca de 5 billones de pesos le está costando al Gobierno colombiano la migración venezolana, teniendo en cuenta la atención brindada en salud, educación y otras necesidades. En consecuencia, se acordó permitirle al país un mayor déficit fiscal, el cual pasará del 2,4 % al 2, 7 % del PIB para 2019.
El 29 de marzo de 2019, luego de varios días de expectativa sobre la decisión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que dicho Comité acordó permitirle a Colombia un mayor déficit fiscal. Estamos hablando de 0,4 % del PIB, distribuido entre 2019 y 2020.
A su vez, el Comité resolvió que la meta de déficit fiscal para este año, 2019, pase del 2,4 % al 2, 7 % del PIB; para 2020, del 2,2 % al 2,3 %; para 2021 se mantenga en 1,8 % del PIB, y para 2022 en 1,4 %. Además, la meta de déficit del 1 % del PIB, que sería lo ideal, se tendría que alcanzar en 2024.
Para tomar las decisiones anteriores se analizaron puntos como el impacto de la migración venezolana en Colombia, que según cuentas del Gobierno tiene un costo para nuestro país de medio punto del PIB; cerca de 5 billones de pesos, teniendo en cuenta la atención en salud, educación y otras necesidades de los ciudadanos venezolanos que ha sido provista por el Estado.
La regla fiscal se creó bajo la Ley 1473 de 2011, y es el compromiso que tiene el Gobierno para reducir la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos, una posición que tradicionalmente ha adoptado por recomendaciones del Comité Consultivo, en el que participan académicos, investigadores y congresistas.
El año anterior, 2018, Colombia cumplió con el compromiso de que esa diferencia sea del 3,1 % del PIB (cerca de 1.000 billones de pesos). La idea es que con los años se vaya reduciendo.
Este 2019 la OCDE aconsejó a Colombia flexibilizar la regla fiscal por la migración venezolana. «El Gobierno ha manejado esta difícil situación, proporcionando asistencia fronteriza oportuna, relajando los requisitos de entrada, otorgando permisos temporales y asegurando la atención de emergencia universal», señaló el organismo a través de un comunicado.
«A corto plazo el shock migratorio implica necesidades adicionales de gasto. La experiencia reciente en algunos países de la OCDE puede ofrecer algunas ideas útiles para Colombia sobre cómo hacer frente a las inesperadas necesidades adicionales de gasto. Haciendo uso de cláusulas de acontecimientos inusuales, varios países de la UE se desviaron temporalmente de las trayectorias de ajuste fiscal previamente acordadas», explicó la entidad.
Durante las jornadas de discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, el gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, manifestó que el Gobierno y la rama legislativa deben garantizar que este proyecto cumpla con la regla fiscal.
Teniendo en cuenta que el Banco de la República no interviene directamente en el PND, pero sí en los presupuestos que se derivan del mismo, Vargas resaltó que «ambas ramas del poder deben garantizar que todas las iniciativas de gasto, subsidios, transferencias y tributación incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, consideradas en agregado, cumplan con la regla fiscal en el período de vigencia del plan”.
El tema de la regla fiscal va de la mano con el del recaudo tributario. A propósito, la Ley de financiamiento 1943 de 2018 parece que está pensada atendiendo este ítem para los años 2019 y 2020, lo que quiere decir que 2021 y 2022 estarían a la deriva, tanto en recaudo como en porcentaje del PIB.
Gustavo Cote, exdirector de la Dian, dice en entrevista con Actualícese que a la sociedad no le debe caber la menor duda de que en uno o dos años tendremos otra reforma tributaria, porque la actual fue diseñada y reestructurada para apagar un incendio en el presente, correspondiente al desfinanciamiento del presupuesto de 2019. Esta reforma descuida la recaudación que se va a requerir en los años siguientes.
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