Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para nadie es un secreto que los colombianos adolecemos de la capacidad de planear y ejecutar de manera efectiva lo planeado. Y esto se ve reflejado tanto en los aspectos cotidianos de nuestra vida, como en la dinámica misma del país.
El pasado 1 de julio se cerró en Colombia el capítulo de la reelección presidencial con la cual se extendieron de 4 a 8 años los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente, Juan Manuel Santos.
El fin de la reelección, 11 años de haber sido aprobada, tiene las mismas características de las demás decisiones importantes para el país: tan rápido entendemos la necesidad de la norma, como comprendemos luego que no era lo más adecuado.
Este artículo tiene como objetivo poner sobre la mesa dos temas en los cuales también se ha percibido un poco de improvisación, un poco de ese ‘carácter’ que suelen tener las normas emitidas por el Congreso, y que, en varias ocasiones, más se demoran en agotar el trámite legislativo, que en recibir demandas en su contra.
Me llama poderosamente la atención este hecho, y por lo cual hago la siguiente pregunta (aunque sé que no existe respuesta concreta): ¿Por qué se aprueban una y otra vez medidas que en el pasado han sido demandadas?
Para comenzar, hablemos del proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF–. Para el tiempo cuando se expidió la Ley 1314 del 2009, muy pocos profesionales en Colombia conocían las NIIF, solamente algunos cuantos estudiosos solitarios, miembros de firmas de auditoría encargados de revisar reportes bajo NIIF y los profesionales contables encargados de la preparación de este tipo de informes, en muy pocas entidades.
A pesar de esta situación, el Gobierno colombiano no tuvo la suficiente diligencia para tomar medidas orientadas a la difusión, el conocimiento y la especialización sobre este tema; tales medidas pudieron haber sido:
Lejos de estas medidas, la percepción de algunos grupos de interés es que el Gobierno los ha dejado ‘huérfanos’ en este proceso de convergencia; solamente se limitó a expedir la norma, pero ha dejado algunos vacíos aún sin resolver.
Tal es el caso de las entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran fondos de empleados, cooperativas, asociaciones, fundaciones, clubes deportivos, copropiedades, las cuales han estado desorientadas en muchos aspectos a lo largo de este proceso de implementación, y hasta han sido ‘víctimas’ de algunos colegas que les han cobrado grandes sumas de dinero por un proceso de implementación más engorroso de lo necesario.
Una gran cantidad de contadores decididos a capacitarse, han tenido que financiar con recursos propios los altos costos de capacitación; en algunos casos, sin los resultados esperados.
En cuanto a las universidades, aunque ya se ven aflorar algunos caminos al respecto, aún se siguen graduando contadores ‘obsoletos’, que no dominan ni siquiera teóricamente las NIIF, y salen a enfrentarse en un mundo donde hay que aplicar estas normas.
Otro tema que llama poderosamente la atención son las reformas tributarias improvisadas, con una cantidad de medidas ‘desesperadas’ que buscan incrementar los recaudos, para aliviar el déficit generado por realidades como la baja en el precio del petróleo, los altos costos de la corrupción, las pérdidas por factores ambientales, la crisis del sector salud, el problema pensional, entre otros.
Y ese afán de obtener financiación rápida genera medidas como:
Normalización tributaria, copiada al pie de la letra en las últimas tres reformas tributarias, aún a sabiendas de que son medidas antitécnicas, que tarde o temprano serán declaradas inexequibles.
Impuestos temporales que se vuelven permanentes, tal como el famoso impuesto a la riqueza, nacido en el 2003 con el nombre de ‘impuesto al patrimonio’, dentro de la política de seguridad democrática del expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez. En esa época (año 2003) se creó como un impuesto temporal, pero como en Colombia nada es más permanente que un impuesto temporal, hoy, 12 años después, lo tenemos garantizado, como mínimo hasta el año 2018. Tengamos en cuenta que en el año 2018 habrá cambio de Gobierno, y el nuevo mandatario, probablemente, necesitará el dinero recaudado por este impuesto para financiar los efectos del anhelado posconflicto.
Impuestos antitécnicos que permanecen porque son fáciles de recaudar, tal como el gravamen a los movimientos financieros (4xmil), el cual ha afectado en gran medida la dinámica económica nacional y ha impedido la bancarización de las operaciones. Cuando el Estado necesita controlaruna actividad, en busca de desincentivar a los ciudadanos a ejercerla, crea un impuesto, una exacción generada por esa actividad. Pero en el caso del 4xmil, el Gobierno pretende fomentar la bancarización, a la vez que la grava con un tributo tan costoso como este.
Lo anterior genera incertidumbre en la economía colombiana, muchos no invierten y no emprenden negocios por la alta y costosa barrera impuesta por esta inestabilidad.
Confiamos en que en los próximos gobiernos se haga un alto en el camino para planear el país a largo plazo, y el gobernante de turno tenga claros los objetivos estratégicos de la nación, y trabaje por ellos, en lugar de tratar de ser el salvador en cuatro años, a costa de hipotecar el futuro mismo con medidas improvisadas.
Juan David Maya Herrera
Consultor NIIF
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
