Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El objetivo de la lucha contra la cartelización empresarial es sanear la economía nacional de prácticas anticompetitivas que perjudican el bolsillo de los consumidores, el buen funcionamiento de los mercados y la eficiencia económica. Multas no deberían ser fijadas con una suma de dinero.
En diciembre del año anterior y por el delito de cartelización empresarial (delito contemplado en el artículo 410 A del Código Penal), la Superindustria –SIC– impuso una multa por más de 200.000 millones de pesos a Cementos Argos, Cemex y Holcim (73.771 millones de pesos contra Cementos Argos, 73.771 millones de pesos contra Cemex Colombia y de 54.074 millones de pesos contra Holcim). La multa impuesta a las tres compañías, que representan el 96 % del mercado colombiano, se debió a la existencia de un acuerdo para fijar precios en un tipo de cemento en el mercado nacional durante el período enero 2010 – diciembre de 2012.
Y aunque la noticia y las multas se conocieron el año anterior, las empresas se dedicaron a tratar de limpiar su nombre. Sin embargo, esta semana el Consejo de Estado confirmó la sanción que la SIC había impuesto contra las cementeras y confirmó que estas se asociaron para controlar los precios del cemento en el mercado, esto para el período junio y diciembre de 2005. El Consejo de Estado también cuestionó que las empresas investigadas mantuvieran los precios elevados hasta el tiempo en el que terminó la investigación de la SIC.
En el 2015, la SIC también impuso una multa por 260 mil millones de pesos a 12 ingenios azucareros también por cartelización empresarial. Este es un fenómeno que no es solo propio de nuestro país. En Alemania también se destapó un cartel del azúcar y otro de salchichas, sancionados con 280 millones de euros y 338 millones de euros, respectivamente. En España han aparecido carteles de leche, de contenedores, de la basura, entre otros.
Pablo Felipe Robledo, superintendente de industria y comercio, afirma que el desmantelamiento de este tipo de prácticas requiere de la ayuda de empresarios delatores. Desde su punto de vista, en el futuro se será mucho más estricto con relación a la investigación de carteles empresariales. «El primer delator de dichas prácticas tendrá un 100 % de reducción de la eventual sanción, el segundo podrá obtener hasta el 50 % y el tercero hasta el 30 %».
Para el superintendente, «el propósito de la lucha contra la cartelización empresarial no es otro que sanear nuestra economía de esas prácticas anticompetitivas que redundan en perjuicios contra el bienestar de los consumidores, el buen funcionamiento de los mercados y la eficiencia económica y fundamentalmente atentan contra el bolsillo de los colombianos menos favorecidos».
Robledo afirma que Colombia es el único país con un modelo sancionatorio propio, mientras que el resto de países ya cuentan con uno que sigue el sistema europeo. El superintendente dice que la máxima sanción que puede imponer la entidad llega a los 25 millones de dólares, lo que para muchos podría significar demasiado dinero, pero esta sanción es relativa para un cartel o un mercado, dependiendo del contexto en que se presente, porque podría ser suficiente para una empresa, pero para otras empresas dependiendo el tipo de conducta podría ser irrisorio. El superintendente dice que las multas no pueden ser fijadas en una suma de dinero, sino en un tope relacionado con los ingresos de las compañías.
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