Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El avance del país en los comités de gobernanza pública y químicos hace que se estén dando pasos seguros para que Colombia ingrese a la OCDE de la mano de reformas institucionales y el compromiso de mejorar en prácticas y estándares de categorías como medio ambiente, laboral y seguridad jurídica.
Colombia avanzó en el Comité de Gobernanza Pública en el marco del proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–. Las delegaciones de los 35 países miembros de la OCDE manifestaron su apoyo a la estrategia de justicia que el Gobierno Nacional ha diseñado para fortalecer el sistema de justicia, y así garantizar una justicia más incluyente, eficaz, eficiente, moderna y de fácil acceso para cualquier ciudadano.
Ante los miembros del Comité de Gobernanza Pública y funcionarios de la OCDE, el ministro de justicia, Enrique Gil Botero, presentó los avances del plan decenal de justicia en el marco de la Estrategia General de Justicia para el Posconflicto, cuyos principales objetivos son el fortalecimiento de la justicia local y la disminución de las brechas existentes en el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia.
«Colombia tiene un proyecto de justicia de largo alcance, en el que el apoyo de la comunidad internacional es de gran valor. El acompañamiento de la OCDE y de este comité contribuirán a guiarnos y a mantener el rumbo (…) El Plan Decenal de Justicia se basa en el fortalecimiento de la justicia local y en reformas administrativas y legales de sostenibilidad. El Gobierno Nacional es consciente del rol que juega la justicia en el posconflicto y por esto se trabaja para fortalecer la administración de justicia en los territorios y construir respuestas oportunas para la ciudadanía, situación que es reconocida y apoyada por la comunidad internacional”, manifestó a los medios de comunicación Gil Botero.
La implementación de los sistemas locales de justicia, la construcción de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana, el fortalecimiento de las comisarías de familia y de los consultorios jurídicos hacen parte de la estrategia de justicia local que ya cuenta con el apoyo de cooperantes internacionales como la Unión Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID– y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–.
Otros ítems que se estudian dentro del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE se relacionan con la política pública de integridad, transparencia y capacidad subnacional. Lo anterior va dirigido a fortalecer la función pública y la cercanía entre las instituciones y la ciudadanía.
Colombia también ya es miembro del comité de químicos de la OCDE
El otro paso positivo fue el ingreso del país como miembro al comité de químicos de la OCDE. Para el ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia:
“(…) en el 2015, el país carecía de un marco de política para la gestión de sustancias químicas. Gracias a la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el acompañamiento de entidades como los ministerios de Trabajo, Salud, Comercio, Industria y Turismo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros actores claves, hoy contamos con la Política Nacional para la Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas”.
Por primera vez, esta política establece una hoja de ruta que articula a todos los actores del Gobierno de manera coherente en todos los procesos de gestión del riesgo y en todas las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas.
“Este año hemos avanzado en tres decretos muy importantes asociados a sustancias químicas. El primero busca prevenir accidentes mayores como derrames e incendios, el segundo establece un programa para la gestión de sustancias químicas usadas en la industria y el tercero reglamenta el etiquetado y clasificación de estas sustancias de acuerdo con su riesgo a la salud y al ambiente”, manifestó Murillo Urrutia.
El proceso de acceso y evaluación por parte de la OCDE, así como la participación de Colombia en los comités especializados como el de químicos, han puesto en marcha varios procesos de reformas institucionales y han desencadenado reflexiones internas muy importantes. Continúa Urrutia:
“Este ingreso muestra el respaldo y reconocimiento de la OCDE al avance logrado por Colombia y el compromiso de seguir mejorando las prácticas y los estándares en materia ambiental y constituye un paso importante para lograr la meta del Gobierno de acceder a la organización antes del 2018”.
A mediados del mes de abril, la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, había sustentado en París, Francia, los avances logrados por Colombia en materia laboral, según las recomendaciones hechas por el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Laborales –ELSAC–, de la OCDE.
“Lo importante de esta cita en la OCDE es que hemos mostrado avances concretos, cifras, en cada uno de los puntos que este organismo nos ha hecho recomendaciones en materia laboral; tenemos destacados logros en la política del Trabajo Decente, cumplimiento de la normatividad laboral, una agenda normativa muy amplia y una importante reducción de violencia sindical, entre otros aspectos”, reiteró la ministra del Trabajo.
Adicionalmente, destacó los resultados en cuanto a una mayor tasa de formalidad de 36,3%, lo que significa 6.5 puntos porcentuales por encima de lo observado en 2010. En cuestión de empleo, subrayó que desde 2010 se han creado más de 3,29 millones de nuevos empleos, de los cuales 2,36 millones son formales, logrando disminuir la tasa de desempleo en 2,6 puntos porcentuales, ubicándose en un solo dígito en 2016, 9,2%.
Por el lado del cumplimiento de las normas laborales, la alta funcionaria citó que el año pasado se impusieron en total 2.218 sanciones, lo que se traduce en un alza del 49%, llegando a 157.000 millones de pesos, siendo el monto más alto por este concepto la intermediación laboral ilegal en el que se impusieron 1.532 sanciones que ascendieron a 81.000 millones de pesos.
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