Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La falta de vigilancia y control por parte de entidades gubernamentales ha hecho que el escándalo de las libranzas tome vuelo. Con diversa normatividad y una mayor investigación, se espera poner freno a este problema.
Hasta el 28 de febrero de este año tienen plazo las entidades cooperativas que operan en el país y están bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), para entregar la información relacionada con la compra y venta de cartera realizada entre los años 2015 y 2016, según la Circular Externa 5 del 28 de diciembre de 2016, emitida por la misma entidad.
La idea es establecer si estas entidades están cumpliendo la normatividad del sector así como también determinar el volumen de recursos que puedan estar comprometidos en el negocio de las libranzas, debido a los más recientes escándalos que se han producido. Por ello, cerca de 4.000 entidades cooperativas serán evaluadas.
Andrés Felipe Uribe Medina, superintendente de la Economía Solidaria encargado, ha dicho a los medios de comunicación que el objetivo del gobierno es cerrarle la puerta a los delincuentes, quienes aprovechándose del modelo cooperativo intentan estafar a cientos de colombianos con un manejo “aberrante e irregular del modelo de las libranzas”.
Uribe Medina dijo que a la fecha se han intervenido nueve entidades, creadas bajo el modelo cooperativo con ese fin específico, sin que llegaran a serlo, a las que les fueron detectadas operaciones y manejos fraudulentos con el tema de libranzas.
“De esas entidades, siete están en liquidación forzosa y dos, en etapa previa; es decir que se está en proceso de definir si es necesario llevarlas a liquidación forzosa o no. Además, tenemos otras 10 a las que se les está haciendo una supervisión cercana para establecer si son objeto de intervención”, precisó el funcionario.
Cabe recordar que en agosto de 2016, la Supersociedades limitó las operaciones de libranzas extrabancarias, mediante la expedición del Decreto 1348 del 22 de agosto del 2016, con el cual [pq]se busca darle mayor transparencia a las operaciones relacionadas con las libranzas extrabancarias[pq].
La medida reglamenta la revelación de información y gestión de riesgos en la venta y administración de estos negocios, con el fin de que se cumplan en adecuadas condiciones de seguridad para los compradores.
De igual manera, el decreto exige al vendedor de libranzas revelar al comprador de forma clara y precisa, previo a la firma del contrato, los riesgos inherentes a las operaciones de venta y administración de cartera de operaciones de libranza.
La Supersociedades ha advertido que la realización de inversiones en este tipo de negocios y cualquier otro que ofrezca el mercado, debe estar precedida de un estudio cuidadoso a cargo de los interesados, por tratarse de una inversión de riesgo. En este sentido, a los particulares les corresponde adelantar el análisis de los activos ofrecidos, la razonabilidad de la operación frente a los rendimientos propuestos, entre otras medidas encaminadas a determinar el riesgo que asumen mediante dicha clase de inversiones.
Las investigaciones de la Supersolidaria dejan ver que las entidades que operaban como una fachada de cooperativas asumieron el negocio de libranzas como su objeto principal, cuando por norma este debe ser solo un mecanismo excepcional que pueden utilizar las cooperativas ante eventuales necesidades de liquidez.
De igual manera, se ha detectado una falta de información por parte de estas entidades, las cuales tercerizaban sus servicios en otras compañías, como Estraval o Élite, quedándose sin el manejo y el control de su información.
“La mayoría de cooperativas lo hace correctamente, pero las intervenidas se constituyeron para hacer venta de cartera, lo que no es legal. Todo esto derivó en un problema de insolvencia muy grande en esas entidades. Hay indicios de que en las que se están inspeccionando pueden existir los mismos problemas”, advirtió Uribe Medina.
Carlos Ernesto Acero Sánchez, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), afirma en El Tiempo que “haber permitido la creación de más de 400 empresas SAS en los últimos años para entrar a las libranzas respaldadas por pagarés y que estos se pudieran transar como títulos valores en el mercado secundario fue lo que llevó a que esas entidades no cooperativas generaran prácticas riesgosas e inseguras”.
Para Acero Sánchez no es justo achacarle toda la responsabilidad de lo ocurrido a la Supersolidaria, más cuando existe un sistema integral de control estatal, del cual hacen parte las superintendencias de Sociedades, Financiera y la de Industria y Comercio, desde el cual no hubo un control adecuado y se dejó avanzar el problema con los resultados vistos.
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