Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El caso Interbolsa no pasa de moda. Lo más reciente pasa por lograr la firma de un acuerdo con los accionistas Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, en línea con el preacuerdo alcanzado con Juan Carlos Ortiz. Lo anterior es clave para poder proponer planes de desmonte que, tal y como lo ordena la ley, permitan la devolución integral de los recursos comprometidos de los inversionistas de la firma comisionista en proceso de liquidación desde noviembre de 2012.
Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades, ha dicho sobre el tema de la liquidación que de los 9 billones de pesos administrados por Interbolsa, hoy solo está en riego cerca del 8%, y se lograron asegurar importantes activos para pagarle a los inversionistas.
Se dice que no hay acuerdos con dueños de las empresas porque el agente liquidador no facilita las cosas. “Quienes deben facilitar las cosas son las personas responsables de la captación ilegal. Atribuirle la dilación de este tema al agente interventor es absurdo: un caso más de los pájaros tirándole a las escopetas”, dijo en El Colombiano.
Sobre los bienes embargados a los acusados, Vélez dice que todos los recursos y activos están embargados desde el inicio del proceso. En materia de activos, hay un inventario aprobado por cerca de 80 mil millones de pesos, aunque la cifra podría variar.
Y la pregunta más importante a estas alturas es saber si las víctimas podrán recuperar su dinero. “Se han realizado todos los esfuerzos posibles para proteger sus derechos y creo que se ha cumplido de manera intachable y efectiva. Pero, en estos momentos sería inconveniente determinar una suma precisa de recuperación o de pérdida”, concluye Vélez.
Cabe recordar que desde el año pasado Pablo Muñoz Gómez, liquidador de Interbolsa, anunció la contratación de una auditoría forense, con alcances internacionales, para establecer la real situación financiera de la casa matriz del Grupo Interbolsa, las relaciones entre la holding y sus subordinadas, así como ciertas operaciones con clientes especiales.
En ese entonces, Muñoz Gómez dijo que la tarea era compleja porque los estados financieros de la sociedad no habían sido avalados por el revisor fiscal ni por el presidente. Lo anterior significa que en ese entonces no se conocía el monto real de los activos y pasivos de la firma.
Muñoz Gómez dijo que esta sería una liquidación atípica, ya que afecta afecta por primera vez en Colombia a una empresa que transaba sus acciones en bolsa.
Jesús Aisa Díez, ex-Subdirector General Corporativo de Auditoría Interna de Telefónica SA. dice que el riesgo al fraude sigue manteniendo viva su importancia. «Estando claro el campo de actuación de los auditores externos en la lucha contra el fraude, entendemos que la actuación de los auditores internos deben supervisar e investigar aquellas otras tipologías de fraudes que no sean específicas de la información financiera. Este es el ámbito que le corresponde a la llamada genéricamente auditoría forense».
Para Aisa Díez, la importancia de esta faceta auditora se observa en la existencia de su correspondiente certificación profesional, otorgada por la Association of Certified Fraud Examiners.
La auditoría forense no es otra cosa más que el “método que busca obtener elementos probatorios, para aportarlos en un proceso, ajustando su trabajo a criterios legales y profesionales y presentando sus conclusiones en diferentes ámbitos”, dice Braulio Rodríguez, director del Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana en la revista Pesquisa.
Las entrevistas y análisis de documentos son dos de las múltiples técnicas que usa un equipo de profesionales al que se encarga un trabajo de auditoría forense, técnicas que pueden estar más asociadas al trabajo de investigadores privados que al de los auditores. Preparación de cuestionarios de entrevista con base en la documentación de un caso, búsqueda de documentos físicos y digitales, detección de firmas y sellos falsos, lectura de documentos deteriorados, rastreo de movimientos financieros en sistemas electrónicos y clasificación de la información, son prácticas de rutina para un auditor forense.
Consuelo Herrera, Contadora Pública Forense, asegura que los Contadores Forenses y Auditores son los llamados a marcar la diferencia. “La tarea de un buen Contador Forense consiste en descubrir ilícitos, prevenir comportamientos criminales y contribuir a resolver demandas judiciales. De igual manera, hay que saber interactuar con abogados, investigadores y detectives”, afirma.
“Un Contador debe estar listo antes, durante y después del juicio. Antes debe reunir y analizar la información, descubrir activos escondidos e investigar la evasión de impuestos y lavado de activos. Durante el juicio, debe presentarse como un experto frente al jurado, debe hacer las correspondientes presentaciones y debe asistir al juez para que se dicte una decisión justa. Finalmente, después del juicio contará con una excelente reputación, credibilidad y nuevos contratos con mayores honorarios”, agrega.
Estudios de la firma KPMG basados en fraudes, presentan algunas señales para detectar a los empleados que pueden llegar a ser susceptibles a cometer fraudes como son:
Es de gran importancia entonces que las empresas cuenten con la asesoría de un especialista en auditoría forense; ya que después de un profundo análisis se pueden detectar empleados o funcionarios que actúen en contra de los intereses económicos de la empresa.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
