Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Aunque la Supersociedades ha destacado que cerca de 500 compañías han adoptado programas de ética empresarial para protegerse contra actos de corrupción, para Diego Ríos, de KPMG, las empresas suelen operar enfocadas 100 % en metas económicas y descuidan el componente ético.
Recientemente, la Supersociedades informó que alrededor de 500 compañías ya adoptaron programas de ética empresarial, para así protegerse contra el soborno internacional o transnacional. La entidad recordó a través de una conferencia virtual que las compañías que usen intermediarios, quienes habitualmente realizan operaciones internacionales y que se encuentren en sectores considerados de alto riesgo, están obligadas a implementar programas de ética empresarial.
Cabe recordar que la Ley 1778 de 2016 establece las responsabilidades de compañías instaladas en Colombia, que incurren en actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros. Por su parte, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables, área de la Supersociedades, requirió a través de oficios a un gran grupo de compañías que, por la información que maneja la entidad, estarían obligadas a adoptar planes para prevenir ese tipo de conductas ilícitas.
Frente al requerimiento, las compañías han presentado los programas, y se ha comprobado que muchas están adoptando esta práctica sin estar obligadas, según los reportes recibidos por la delegatura.
Según la OCDE, los sectores de mayor riesgo son: farmacéutico, construcción e infraestructura, minero energético, y de tecnologías de la información y las comunicaciones. Las sanciones establecidas por la ley frente a esta conducta pueden llegar hasta los 200.000 salarios mínimos.
Cualquier persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera ubicada en nuestro país, estén sometidas o no a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, es sujeto de esta ley. Por ejemplo, la Supersociedades podrá investigar a una entidad financiera, a una sociedad listada en la Bolsa de Valores de Colombia –BVC–, a una empresa de servicios públicos domiciliarios o, incluso, a una entidad sin ánimo de lucro, siempre que alguna de ellas incurra en una conducta de soborno que haya sido cometida en otro país, frente a funcionarios públicos extranjeros.
Diego Ríos, director de servicios forenses en KPMG Colombia afirma en Actualícese que el mercado local e internacional se rige bajo estándares de resultados e información financiera. «Son pocas las compañías que invierten en conocimientos, metodologías y ambientes éticos a nivel interno. La mayoría de las entidades que cuentan con programas de Gobierno con componente ético fuerte son las que están obligadas a tenerlo para un cumplimiento normativo, principalmente por leyes y regulaciones extranjeras», expresa.
Ríos afirma que, infortunadamente, las empresas suelen operar enfocadas 100 % en metas económicas y descuidan significativamente el componente ético. «El problema surge cuando las empresas comienzan a mostrar resultados negativos o incumplimiento de metas, lo que las lleva a correr el riesgo de elegir prácticas de negocio poco éticas para mantenerse vigentes en el mercado, sin tener en cuenta las repercusiones de sus acciones», explica.
Pese a los escándalos pasados y actuales sobre corrupción en Colombia y en el mundo, pesa más actuar de forma ética, dice el director de servicios forenses en KPMG Colombia. Para él, si una empresa no cumple metas económicas, aún tiene la posibilidad de recuperarse en otro tiempo. Sin embargo, si una empresa no opera éticamente, el mercado podría castigarla por un largo período.
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