Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Con el recaudo de tales impuestos se busca realizar inversiones en agricultura sostenible, estabilización de la frontera agrícola, adaptación al cambio climático y conservación de bosques. El estimado para 2017 es de 460.000 millones de pesos.
La tributación para el medio ambiente es uno de los principales cambios que presenta la Ley 1819 de 2016. Dentro de las novedades se destaca la creación de un impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los combustibles fósiles. Al respecto, voceros de la DIAN afirman que “estos recursos se destinarán al fondo Colombia Sostenible para el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, entre otros”.
De acuerdo con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, la importancia de la reforma tributaria radica en que “permite por primera vez cumplir con los objetivos ambientales del país y asegurar la calidad y protección de nuestro patrimonio natural”.
Murillo afirma que la Ley 1819 ha sido pionera en la implementación de un impuesto verde: «Ahí se está tasando la emisión de dióxido de carbono equivalente. Nunca se había hecho en el país. Y el país va a comenzar a transitar ese camino. Obviamente en el mundo ideal necesitaríamos eliminar los subsidios a los combustibles fósiles».
Además, el ministro ha señalado que los recursos adicionales permitirán realizar inversiones importantes en agricultura sostenible, estabilización de la frontera agrícola, adaptación al cambio climático y conservación de bosques, por tanto, este impuesto producirá un doble beneficio.
Por otro lado, en el futuro se planea proponer de manera progresiva impuestos al mercurio y a contaminantes similares como el asbesto y el plomo. De igual manera, Murillo señaló que el Ministerio se encuentra trabajando en una nueva política para los productos de posconsumo.Por otro lado, aunque el estimado para el recaudo de este impuesto en 2017 es de cerca de 460.000 millones de pesos, la manera en que se determinó su ajuste tarifario implica que su valor real incrementará en forma progresiva en un 1% anual. De acuerdo a las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación, este recaudo ascendería a 1.34 billones de pesos en el año 2030. Además, el impacto del impuesto al carbono sobre el crecimiento económico será inferior al 0.01%.
Así mismo, la reforma tributaria 2016 promulgó un impuesto al consumo de bolsas plásticas a fin de estimular el uso de bolsas reutilizables y biodegradables. Este aumentará su tarifa de manera progresiva; $20 en 2017, $30 en 2018, $40 en 2019 y $50 a partir de 2020.
Vale recordar que Colombia ya ha implementado acciones para reducir el uso de las bolsas plásticas. Por ejemplo, en algunos supermercados de bajo costo, el establecimiento cobra a sus clientes por estas. De igual manera, el Gobierno ha impulsado la campaña «Reembólsale al Planeta» para que las bolsas sean más pequeñas, resistentes e incluyan mensajes destinados a evitar su uso.
Sobre el tema, el senador Antonio Navarro explica que el objetivo consiste en desalentar su uso, como ya lo han logrado varias ciudades y países del mundo. Es importante tener en cuenta que, según lo demuestran estudios internacionales, los plásticos pueden tardar hasta 400 años en biodegradarse. Además, las bolsas de este material son consumidas por animales marinos y les ocasionan graves heridas e incluso la muerte.
En la actualidad, varios países cuentan con este impuesto, entre los que se cuenta Irlanda, considerado pionero en la materia. Desde 2002 autoridades irlandesas implementaron el PlasTax, un impuesto del 20% sobre las compras aplicado a los usuarios de bolsas plásticas. Gracias a esta medida, el consumo de bolsas cayó un 90% y el dinero recaudado se destinó a programas de medio ambiente.
En 2006, Escocia pasó a ser parte de los países que adoptaron un impuesto similar al irlandés, mientras que el uso de este material se desplomó un 85% en Inglaterra tras la implementación de un impuesto. Por otra parte, en Taiwán se distribuían 16 millones de bolsas plásticas a diario hasta que el Gobierno prohibió la entrega gratuita a los clientes.
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