Mirando hacia una reforma fiscal estructural

El tema de los impuestos dará siempre de qué hablar, sin importar quien sea el Presidente. ¿Cuál será el reto de Juan Manuel Santos cuando este 7 de agosto comience su mandato? Aquí hay unas cuantas observaciones al respecto.

José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia, en Portafolio, nos presenta un completo análisis de lo que tiene que afrontar el presidente Santos en su periodo. La Administración Santos tiene la enorme tarea, no sólo de corregir el déficit fiscal que hereda, sino de hacer una reforma fiscal estructural. Uno de los objetivos debe ser restablecer principios elementales de equidad en la tributación, eliminando los múltiples beneficios tributarios otorgados, suspendiendo desde ya la concesión de contratos de estabilidad jurídica e incluso negociando la cancelación de los existentes.

Lo mismo debe hacerse con las zonas francas, que han creado una peculiar estructura en la cual distintas empresas que producen para el mercado nacional están sujetas a regímenes tributarios diferentes.

Los contratos de estabilidad tributaria violan los principios de equidad por tres motivos diferentes. En primer término, porque no protegen sino a unas pocas grandes empresas, dejando de lado a las firmas medianas y pequeñas, a los asalariados y a los consumidores. En segundo lugar, porque si fuese necesario, por motivos fiscales, ajustar los impuestos (como lo es hoy), serán estos sectores no protegidos los que deberán pagar el costo en partida doble, es decir, los que deberán pagar los beneficios de los que disfrutan las grandes empresas protegidas por contratos de estabilidad.

En tercer lugar, porque las normas establecen que, de decretarse alguna norma tributaria favorable (por ejemplo, una tasa de tributación más baja a las sociedades, como parte de un esfuerzo de simplificación de impuestos), esas empresas también se favorecerían. Es decir, ¡cara, ganan estas empresas, sello también!

La violación del principio de equidad es tan flagrante que debería tramitarse una reforma constitucional que establezca que ningún ciudadano ni empresa puede protegerse contra las variaciones en los tributos que se decreten por motivos de ajuste fiscal.

En este caso, el bien particular (la estabilidad jurídica de la que disfruta una empresa) debe ceder al bien público (la sanidad fiscal). Podría decirse que ello atentaría contra la recuperación de la inversión, pero el único estudio sobre la materia, realizado por Fedesarrollo, no avala la idea de que el auge de la inversión fue el resultado de los beneficios tributarios.

Esto no implica que no sea conveniente decretar incentivos tributarios hacia el futuro. Puede ser conveniente, por ejemplo, decretar hoy algunos orientados a la generación de empleo y mejorar los que existen para investigación y desarrollo tecnológico. Pero el punto de arranque debe ser el retornar el camino de una estructura tributaria cada vez más equitativa y simple.