Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En ocho meses que lleva este plan, fiscales anticorrupción han realizado investigaciones con las cuales se han judicializado particulares, funcionarios, exmandatarios locales y departamentales, quienes se habrían puesto de acuerdo para apropiarse de recursos de los colombianos.
Recientemente, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales –ANDI–, Bruce Mac Master, dijo que la situación económica del país ha sido compleja en lo que va corrido de este año.
«El Banco de la República se equivocó subiendo las tasas de interés en los primeros meses del año y no permitió que se sintiera un respaldo por parte de los empresarios y usuarios del sector comercial reflejándose en el tema del consumo y ventas que disminuyeron en diferentes sectores productivos», expresó en manifestaciones a Caracol Radio.
Otro factor preponderante que afecta la economía, desde su punto de vista, es la corrupción existente en los entes privados, y en los públicos; en su opinión, tanto las autoridades como los organismos de control deben llevar un control más estricto al respecto.
Como respuesta a la preocupación que se tiene frente al flagelo de la corrupción, la Fiscalía General de la Nación desde hace ocho meses viene realizando a nivel nacional el Plan Bolsillos de Cristal, con el fin de conocer hechos delictivos que atenten contra la administración pública. Las jornadas tienen como objetivo generar un espacio en el que la comunidad pueda poner en conocimiento del ente acusador las irregularidades que se hayan presentado en Bucaramanga y el departamento.
La más reciente jornada se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga, allí la Dirección Especializada Contra la Corrupción recibió la denuncia de 32 hechos de posible corrupción. Una vez conocidas las denuncias, los investigadores especializados iniciarán una investigación para esclarecer los hechos.
Desde la Fiscalía aseguran que cualquier ciudadano tiene el derecho y el deber de denunciar los hechos de corrupción en cualquier sede del ente acusador.
“Cualquier persona podrá y deberá denunciar los hechos de corrupción de los que tenga conocimiento, esto lo puede hacer en cualquier sede la Fiscalía a nivel nacional, pero si lo desea nos puede hacer llegar directamente la denuncia a la Dirección Especializada Contra la Corrupción en Bogotá donde le daremos un trámite eficaz”, dice en Vanguardia, Juan Sebastián Villamil, asesor de la Dirección Especializada Contra la Corrupción de la Fiscalía.
Colpensiones ha sido una de las entidades intervenidas por este plan. La semana anterior, por conformar presuntamente una estructura delincuencial que modificaba y asignaba de forma ilícita el reconocimiento de pensión por vejez, 11 personas proveedoras de servicios a Colpensiones fueron capturadas por la DIJIN.
Según la investigación, en esta estructura delincuencial se evidencia la asignación de roles y funciones para la modificación ilícita de los sistemas de información de la entidad, a través de los cuales lograron reconocer 174 pensiones con sus respectivos retroactivos, llegando a una suma cercana a los $5.111’000.000.
Igualmente, los investigados aparentemente cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión.
En ocho meses que lleva este plan, y como lo publica El Tiempo, fiscales anticorrupción han priorizado investigaciones a nivel nacional, con las cualesse ha judicializado a particulares, funcionarios, exmandatarios locales y departamentales, quienes se habrían puesto de acuerdo para apropiarse de recursos de los colombianos.
Son ya más de 350 casos en los que la Fiscalía ha llevado ante jueces, o tiene programadas audiencias para hacerlo, a más de 400 personas que tendrán que responder por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y varias falsedades y serán los jueces quienes al final de los procesos penales definirán si ellos cometieron delitos o si son absueltos.
Estos casos ya suman 1.395.850.329.044 pesos envolatados, cifra que solo corresponde a los procesos en los últimos ocho meses. La Fiscalía tiene en sus despachos nacionales 100.848 investigaciones por posibles hechos de corrupción en las que aparecen, entre otras, indagaciones contra 20 gobernadores y exgobernadores y 230 alcaldes y exalcaldes.
Desde el punto de vista del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, el futuro de la sociedad está asociado a la capacidad de ella para combatir la corrupción y así mejorar la calidad de la democracia. Es por esto que mediante el Plan Bolsillos de Cristal se vienen evidenciando casos de corrupción, como los de los departamentos de Chocó y La Guajira, en los que este fenómeno ha permeado el desarrollo de las comunidades. “Los flujos de renta de la nación hacia los territorios han quedado en elefantes blancos, en obras faraónicas y muchas veces innecesarias que tienen testimonios a lo largo de todo el país”.
Desde el punto de vista del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, «la presencia del sector privado con una estructura corporativa en un sistema político débil, permite que la coima y el soborno tome fuerza». Dentro de esta dinámica se encuentran nuevos casos como el de Tunjuelo – Canoas y el de Navelena en los que se evidencian notables casos de corrupción.
El Plan Bolsillos de Cristal actúa bajo la siguiente premisa: “si no se impone el poder disuasivo de la justicia hay rienda suelta para la criminalidad y la corrupción”. A su vez, Martínez destaca que “una prensa libre, que tenga capacidad de denuncia; una ciudadanía actuante y una justicia operante. Si esa trilogía funciona la sociedad es capaz de ganar la lucha contra la corrupción”.
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