Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Es hora de que las empresas trabajen para implementar prácticas antisoborno, y que les exijan a sus proveedores políticas para prevenir este delito. La corrupción le cuesta al Estado alrededor de 1,6% del PIB, equivalente en el Presupuesto General de la Nación 2012, aproximadamente a 10,4 billones de pesos.
José Miguel Galindo Sánchez fue, hasta el miércoles 11 de marzo, el superintendente de operaciones de Ecopetrol en Putumayo, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la vicepresidencia de operaciones de la petrolera. Sin embargo, fue retirado luego de que la Fiscalía ordenara su captura por ser parte de una red que habría recibido 2.000 millones de pesos en sobornos de la multinacional Petrotiger. Galindo Sánchez, y cinco empleados más usaron sus cargos para que esa firma obtuviera contratos por cerca de 156.000 millones de pesos.
Como lo publica El Tiempo, hasta el momento, tanto las autoridades de Estados Unidos como las de Colombia solo conocían el direccionamiento de un contrato por 39,6 millones de dólares, con la firma Manrovar. Sin embargo, la realidad es que son cinco más, firmados entre el 2011 y el 2013.
La anterior es una breve descripción del más reciente capítulo de corrupción que envuelve a un número amplio de personas que trabajan en una multinacional como Ecopetrol, y que se podría repetir en otras empresas sin saberlo.
En la Tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas, realizada por la Universidad Externado de Colombia y la Corporación Transparencia por Colombia se presenta un panorama negativo sobre la confianza de los empresarios en su propio sector, dado que el 94% de ellos percibe la existencia del soborno dentro de sus actividades económicas y comerciales.
Por su parte, 62 de cada 100 empresarios encuestados reconocen la necesidad del soborno para hacer negocios en Colombia. El pago de porcentajes a funcionarios para obtener contratos estatales y comportamientos similares, se ve cada día más como una práctica corriente que incrementa los presupuestos de los proyectos, pero cuyo carácter negativo desde el punto de vista ético se desdibuja en el imaginario social y empresarial. El soborno se ve como una suerte de mal necesario con el que es preciso convivir.
La encuesta, realizada en una muestra de 858 directivos colombianos de pequeñas, medianas y grandes empresas pertenecientes a los sectores agropecuario, comercial, minero, industrial, transporte y servicios, de nueve ciudades del país, arrojó preocupantes cifras en el incremento de la percepción del soborno, que en el año 2012 se ubicó en un 94% frente al 91% del 2008. Por otro lado, la encuesta evidencia que sólo el 42% de los empresarios implementa prácticas para prevenirlo.
La investigación afirma que, “el clima de los negocios en el sector privado presenta niveles muy elevados de presión para el ofrecimiento o recibo de sobornos, que distorsionan el mercado y llevan a considerar que estas prácticas indebidas hacen parte normal de los negocios en Colombia”. La percepción del monto de los pagos secretos que hacen las empresas para asegurar un contrato, corresponde, según los mismos empresarios, al 14.8% de valor del mismo.
El estudio registra aumentos de la percepción de prácticas indebidas en cuanto a los pagos para agilizar trámites en el sector público, 65%; y con respecto a contribuciones privadas a campañas y partidos políticos, 54%. Además, se extiende la opinión entre los empresarios en el sentido en que “si no se pagan sobornos, se pierden negocios”.
Dentro de las conclusiones que entrega la investigación se destaca que “si bien no existe una fórmula exacta para cuantificar el costo de la corrupción en Colombia, se estima que la corrupción le cuesta al Estado (…) alrededor de 1,6 por ciento del PIB, equivalente en el Presupuesto General de la Nación 2012, aproximadamente a 10,4 billones de pesos”.
Semana enumera los tipos de soborno que más se están realizando:
Pagar para agilizar o facilitar empresas es el más común.
El segundo lugar es para el soborno común. Dentro de las empresas encuestadas, 372 creen que si no se pagan sobornos, comisiones, se pierden negocios. 226 aseguraron que la competencia paga sobornos.
En un tercer lugar están las contribuciones políticas, un tema que preocupa y que según Transparencia por Colombia, no tiene reglas claras.
Para Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, “los resultados del IPC del 2014 muestran que si bien no hay avances significativos con relación a mediciones anteriores, el Gobierno Nacional debe mantener la continuidad en la lucha contra la corrupción y mejorar las acciones que ha emprendido. Se necesita tiempo para que los resultados de lo que se está haciendo tengan mayor impacto”.
“Si queremos más y mejores resultados es vital que en Colombia se den procesos de reforma que hagan de la lucha contra la corrupción un tema transversal de todos los niveles de gobierno, que faciliten la denuncia, detección, investigación y sanción de la corrupción”, añadió Ungar. “La percepción de la corrupción no cambiará hasta tanto siga la impunidad, y mientras la ciudadanía asuma un rol más activo en la lucha contra este flagelo”.
Por su parte, José Ugaz, presidente de Transparency International, afirma que “los países en las posiciones inferiores deben adoptar medidas drásticas contra la corrupción y en favor de su población. Los países en las mejores posiciones del índice deberían asegurarse de no exportar prácticas corruptas a países en desarrollo”.
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