Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Centro ALAC, una herramienta para denunciar actos de corrupción en Colombia


Centro ALAC, una herramienta para denunciar actos de corrupción en Colombia
Actualizado: 14 junio, 2018 (hace 6 años)

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción –ALAC– es la entidad con que cuentan los colombianos para denunciar de forma legal y gratuita, presuntos actos de corrupción ante las autoridades competentes.  Explicamos la forma en que se interpone una denuncia.

En noviembre de 2017, Transparencia por Colombia lanzó el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción –ALAC–, un servicio independiente y gratuito de acompañamiento legal a los ciudadanos que deseen denunciar ante las autoridades competentes presuntos casos de corrupción. Con este servicio, la entidad pretende fortalecer las capacidades ciudadanas para denunciar hechos de corrupción, además de incidir institucional y legalmente para lograr una mayor sanción de la misma.

“el 85,53 % de las solicitudes de asesoría legal recibidas por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción han sido realizadas por ciudadanos”

Los Centros de Asesoría Legal Anticorrupción son una iniciativa de Transparencia Internacional. Actualmente, hay más de 100 centros en 60 países en los cuales se han atendido más de 140.000 casos de corrupción. Como estadística, el 85,53 % de las solicitudes de asesoría legal recibidas por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción han sido realizadas por ciudadanos. De igual forma, hasta el momento, ALAC ha recibido más de 100 solicitudes en 18 departamentos del país.

“denunciar hechos corruptos no es habitual, y una de las razones por las que no se hace es la ausencia de confianza ante las autoridades y las dificultades en el proceso de formalización de la denuncia”

Desde el punto de vista de Transparencia por Colombia, en nuestro país, denunciar hechos corruptos no es habitual, y una de las razones por las que no se hace es la ausencia de confianza ante las autoridades y las dificultades en el proceso de formalización de la denuncia.

Aunque existen mecanismos para recibir denuncias ciudadanas sobre hechos de corrupción en las entidades públicas, la simple disposición de estos mecanismos no es suficiente para promover el interés y la confianza de la ciudadanía.

Transparencia por Colombia relanzó el pasado 1 de junio esta herramienta para la lucha contra la corrupción. Dentro de las conclusiones de quienes manejan esta herramienta demuestran que hay una ciudadanía activa y dispuesta a denunciar, para combatir la corrupción en el país.

Entre las regiones donde se reporta un mayor número de solicitudes se encuentran Bogotá (23,68 %), Antioquia (10,53 %) y Cundinamarca (9,21 %). Como ya se dijo anteriormente, las personas que requieren el servicio de asesoría legal en su mayoría son ciudadanos del común con un 85,53 %.

¿Cómo se denuncia un caso de corrupción?

  • Reporte del caso: los ciudadanos reportan un caso de presunta corrupción a través del formulario dispuesto en la página web de Transparencia por Colombia.
  • Verificación: el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción verifica si se trata o no de un presunto caso de corrupción. Si el reporte se hace de manera anónima no se da apertura del proceso de asesoría legal.
  • Respuesta inicial: dentro de los siguientes 10 días hábiles, el centro ALAC contacta al ciudadano y le informa si su caso cumple o no con las condiciones para iniciar la asesoría.
  • Asesoría: el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción brinda asesoría al ciudadano sobre la documentación requerida para sustentar su denuncia.
  • Presentación de la denuncia: el ciudadano denuncia formalmente el caso ante la autoridad competente.
  • Seguimiento: el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción hace seguimiento del avance de los casos e informa al denunciante.
  • Análisis: el centro ALAC analiza los datos recolectados en su plataforma para determinar las principales barreras que impiden la sanción efectiva de la corrupción y así poder aumentar la exigencia a entidades públicas para que diseñen e implementen acciones en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción.

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