Con la existencia de la Ley 1380 de 2010 se puede afirmar que el derecho a la insolvencia va a ser tan fundamental como el derecho a la tutela. Se busca con ella, proteger a empleados, ganaderos, agricultores y profesionales independientes que, por circunstancias económicas, incumplen con el pago de sus deudas y se exponen a perder su casa, finca, activos productivos e incluso su patrimonio.
Como lo afirma el congresista Simón Gaviria, «se trata de un Plan B de los morosos para evitar que cualquier proceso de cobro termine en el desalojo de la vivienda o en el embargo de cualquier otra pertenencia».
Dentro de los beneficios que presenta, se pueden destacar: obliga a todos los acreedores a sentarse en la mesa de negociación. El acuerdo de pago que se logre con los acreedores es obligante para todos los acreedores, siempre y cuando, más del 50% de los tenedores de la deuda estén de acuerdo.
Otra, es la posibilidad que tiene el ciudadano de adelantarse a sus problemas. La insolvencia se puede declarar frente a la incapacidad de pago inminente. En este caso la persona simplemente debe acreditarse frente a un centro de conciliación para acogerse a la insolvencia.
También cubre los servicios públicos. El resultado del acuerdo de pago es reportado a la central de información financiera y queda claro que el deudor se puso al día con sus obligaciones.