Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde el punto de vista del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es necesario implementar una serie de medidas para evitar los errores del pasado, blindar nuestro sistema financiero y prevenir crisis sistémicas.
Mediante el Proyecto de Ley 119 de 2016 (que ya pasó el primer debate en el Senado) se busca mejorar las herramientas para un mejor manejo de las liquidaciones de los establecimientos de crédito. De igual manera, con dicho Proyecto Colombia adoptará los mejores estándares internacionales para la supervisión y regulación de los conglomerados financieros.
Las nuevas herramientas le darán más solidez, seguridad y estabilidad al sistema financiero y generarán mayor confianza para inversionistas, ahorradores y ciudadanos. Con el Proyecto de Ley se busca establecer una supervisión consolidada de los grupos financieros que les permita gestionar mejor los riesgos que asumen.
En ese sentido, el proyecto propone las siguientes medidas:
Las anteriores medidas están en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a raíz de la crisis financiera internacional sucedida en el año 2008. La supervisión efectiva de los conglomerados financieros es hoy reconocida como un elemento indispensable de la estabilidad financiera y económica.
«Estas medidas buscan prevenir los errores del pasado y blindar nuestro sistema financiero y prevenir crisis sistémicas. Necesitamos un marco regulatorio sólido y seguro que le permita a nuestro sistema financiero y a los grupos económicos colombianos avanzar en su proceso de expansión e internacionalización», afirma sobre el tema Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda.
El Ministro también ha señalado que las autoridades colombianas contarán con herramientas para que, ante la liquidación de un establecimiento de crédito, se minimice el uso de recursos públicos sin interrumpir la prestación de servicios financieros esenciales a la población.
“Con este proyecto queremos brindarle mayor seguridad a los inversionistas, ahorradores y usuarios del sistema financiero”, puntualiza Cárdenas.
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