Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El sistema general de regalías podría verse reformado, así como las asignaciones que este entrega. El debate sobre este tema se centrará en que tanto los municipios como los departamentos productores no se sienten debidamente compensados por los costos asociados a la explotación en sus territorios.
El Gobierno nacional tiene la firme intención de reformar el funcionamiento y las asignaciones del sistema general de regalías –SGR–, motivo por el cual en abril de 2019 presentó el proyecto de acto legislativo 365 de 2019.
En este sentido, Anif, en su comentario económico del día correspondiente al 22 de mayo de 2019, titulado Reforma al Sistema General de Regalías, vislumbra dos pilares sobre los cuales regirá la discusión: i) la mayor asignación a las regiones productoras y transportadoras de minería e hidrocarburos (reversando lo hecho en la reforma constitucional de 2012); y ii) la mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos, lo cual no necesariamente habrá de mejorar la eficacia de este gasto territorial.
«La Ley 1492 de 2018 decretó el presupuesto del SGR por un valor de 24,2 billones de pesos (equivalente al 1,2 % del PIB por año) para la vigencia 2019-2020. A esta cifra se sumaron los 6 billones de pesos no ejecutados durante 2017-2018, para completar así un presupuesto total de 30 billones de pesos (1,4 % del PIB por año)», explica la publicación.
Estos 30 billones de pesos fueron asignados para fondos de desarrollo y compensación regional (30 % del total); fondos de ahorro y estabilización (30 %); fondos de ciencia y tecnología (10 %); fondos para el ahorro pensional territorial (7 %); entidades receptoras directas (8 %); y asignaciones para la paz (7 %).
Desde el punto de vista de Anif, si bien la administración Duque, acertadamente, destinó una mayor proporción de los recursos a las regiones productoras (30 % adicional frente al bienio 2017-2018), el problema de subinversión en estas zonas sigue siendo alto debido al free-riding (beneficio que obtiene una persona por utilizar un bien o un servicio, pero evita pagar por él) que introdujo la reforma de 2012.
Como ya es habitual alrededor de este tema, el debate territorial se centra en que municipios y departamentos productores no se sienten debidamente compensados por los costos asociados a la explotación en sus territorios.
El primer pilar de la reforma planteada por el Gobierno busca elevar el componente de asignaciones directas para la financiación de proyectos de inversión en municipios productores y transportadores hasta un 30 % – 50 % (vs. el 8 % actual). Así, «la reforma propuesta busca acercarse a un punto intermedio entre lo que eran las asignaciones del 80 % – 90 % previas a la reforma de 2012 y las del 5 % – 15 % posteriores a ella», indica Anif.
El segundo pilar de la propuesta busca que el Gobierno tenga mayores facilidades en materia de asignación presupuestal, motivo por el cual se plantea reescribir el artículo 361 de la Constitución Nacional. «La idea es establecer lineamientos más “generales” para ganar discrecionalidad en la asignación de estos recursos. Se eliminarían entonces los 23 rubros en los que se distribuye el presupuesto de regalías, con excepción del porcentaje destinado a la asignación para la paz (7 %), debido a que este último debe respetar lo dispuesto por el Acto Legislativo 04 de 2017», explica Anif.
También se prescindiría de los denominados “fondos” que introdujo la reforma de 2012. La prueba de este cambio será lograr que estos recursos vayan en mayor proporción a las inversiones en obras de bienes públicos y no a gasto operativo.
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