Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La primera etapa comenzó el 7 de febrero y se extenderá hasta el 8 de noviembre de 2019. La Ley 1870 de 2017 fortalece la regulación y supervisión de los conglomerados en el país, e implementa nuevas herramientas para que los procesos de liquidación de las entidades financieras sean más eficientes.
El 7 de febrero de 2019 entró en vigencia la Ley 1870 de 2017 o Ley de conglomerados financieros, con la cual la Superfinanciera contará con muchas más herramientas para supervisar los 13 conglomerados financieros identificados por la entidad, de los cuales cinco son locales y ocho son extranjeros. Entre los conglomerados nacionales se encuentran Sura–Bancolombia y el de Aval. Entretanto, por el lado de los internacionales, están Scotiabank Colombia y GNB Sudameris Colombia.
La implementación de esta ley será por etapas. La primera se extenderá hasta el 8 de noviembre de este año. En ella a los conglomerados nacionales se les asignará un código y se les notificará que serán vigilados. Los que tienen su matriz en el exterior, contarán con tres meses para realizar un proceso de equivalencia, el cual consiste en acreditar que los estándares de supervisión de la entidad que los vigila en el exterior son equiparables a los de nuestro país.
Si no logra dicha equivalencia, el conglomerado deberá montar una holding operativa en Colombia o en una jurisdicción equivalente. Si a mayo de 2019 este proceso no se ha realizado, deberán cerrar su negocio en Colombia.
En la segunda etapa, a partir del 8 de noviembre del año en curso, los holdings financieros tendrán que acreditar el capital adecuado para asumir los riesgos de su negocio. Finalmente, en la tercera etapa, que comienza el 6 de febrero de 2020, los conglomerados tendrán que definir cuáles son sus entidades vinculadas y aprobar las políticas de integridad y transparencia.
Así mismo, la Superfinanciera podrá exigir a todos los conglomerados o grupos financieros un nivel de capital suficiente para respaldar los riesgos de su actividad, y contará con la facultad de reorganizar a estos conglomerados, autorizar sus inversiones e incluso revocar licencias de funcionamiento.
Por lo anterior, los clientes de bancos y entidades financieras tendrán una mayor garantía sobre sus recursos, al aumentar la solidez y garantizar la fortaleza financiera de los grupos, y la estabilidad de todo el sistema.
La Ley también define un nuevo mecanismo que hace más eficiente el proceso de liquidación de un establecimiento de crédito y protege mejor los recursos públicos de los contribuyentes.
Sumado a lo anterior, se crea el Banco Puente, el cual permite realizar una gestión eficiente de los bienes del establecimiento de crédito para facilitar así su resolución. De esta manera se están protegiendo los recursos públicos de los contribuyentes, que puedan llegar a ser utilizados durante estos procesos.
En una presentación que el superintendente financiero Jorge Castaño realizó en septiembre de 2017 sobre esta ley, expuso el crecimiento de los conglomerados financieros. Mientras en 2006 existían 29 entidades subordinadas, las cuales manejaban activos por 3.861 dólares; hasta junio de 2017 existían 331, con un total de 89.842 dólares.
El rápido crecimiento presentó nuevos riesgos y necesidades de regulación y supervisión, a saber:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
