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A través de la vía judicial, el procurador general de la República, Fernando Carrillo, solicitó a Odebrecht la restitución de 11 millones de dólares, correspondientes a la ejecución de diez obras y el pago de sobornos, de los que se tiene conocimiento, a funcionarios públicos.
Carrillo reveló los primeros resultados en este caso de corrupción, y ello ha permitido iniciar procesos contra varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre los que se encuentran su presidente Luis Fernando Andrade, por la adjudicación de algunos contratos que la PGN está investigando.
Además, también están siendo investigados Alexandra Lozano, José Torres, Daniel Tenjo, Ernesto Duran, Mauricio Castro, todos de la ANI, y se anunció el proceso para un funcionario del Invías y miembros de la junta directiva del Banco Agrario, por la aprobación de un crédito por 120.000 millones de pesos a Odebrecht.
Ajeno a las investigaciones contra Jorge Pizano, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, por el contrato de la obra del interceptor del trazado Tunjuelo-Canoas, la contraloría mostró preocupación por la demanda que Odebrecth le interpuso a la nación por 798.000 millones de pesos
“Esto es indignante, que ahora la sociedad colombiana le salga a deber”, manifestó Carrillo, y aclaró que, aunque la investigación sigue “en defensa del patrimonio público, frente al daño moral que causó esta empresa al Estado”, no hay más funcionarios involucrados.
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